Tal día como hoy del año 1485, hace 537 años, en Zaragoza; se perpetraba el asesinato del religioso Pedro Arbués; que, el 4 de mayo del año anterior, había sido nombrado Inquisidor general del reino de Aragón. En el momento que se produjo el asesinato de Arbués, la monarquía hispánica todavía no había introducido la Inquisición en Catalunya, a causa de la resistencia de los estamentos del poder catalanes al despliegue de aquel organismo; ni tampoco había nombrado a un Inquisidor general para el Principat. El asesinato de Arbués, que fue presentado como un crimen perpetrado por elementos judeoconversos de la capital aragonesa, fue el pretexto que esgrimió la monarquía hispánica para generalizar la implantación de la Inquisición por todos sus dominios.

Nunca se detuvo y juzgó al verdadero autor de aquel crimen. Pero, en cambio, las autoridades zaragozanas —siguiendo el guion de la trama urdida por la cancillería hispánica— detuvieron a docenas de personas de las comunidades judía y judeoconversa aragonesas; que fueron brutalmente torturadas hasta que los interrogadores obtuvieron confesiones falsas. Finalmente, aquella ola de terror se saldó con nueve personas ejecutadas públicamente; dos pretendidos suicidios en las mazmorras de la Inquisición zaragozana; y trece efigies quemadas representativas de personas fugadas. Aquellos "autos de fe" representaron el fin de las potentes comunidades judía y conversa aragonesas; que abandonaron el reino y se dirigieron, principalmente, en Navarra y en el País Valencià.

Después de aquel crimen de falsa bandera (el del inquisidor Arbués), Fernando el Católico presionó a las autoridades catalanas, con la peregrina excusa que una peligrosísima conspiración criptojudía —que en Aragón ya había sido desbaratada, pero que en Catalunya y en el País Valencià continuaba activa; amenazaba gravemente a la monarquía católica hispánica. También a partir de aquel crimen de falsa bandera se presentó a la comunidad judía como desafecta al régimen hispánico; y los judíos catalanes, aragoneses y valencianos que no se habían bautizado fueron apartados de los lugares relevantes de la administración real. De forma inmediata en Aragón, y posteriormente en el País Valencià y en Catalunya. Las víctimas de aquella depuración política, fueron relevadas por elementos cristianos que habían colaborado activamente en aquella cacería.