Si un Gobierno le paga a un juez los servicios de un abogado, no habrá manera posible de defender la imparcialidad del magistrado ante una causa en la que el Gobierno, o si se prefiere, el partido que gobierna es parte interesada.

Después de todo lo que hicieron los fiscales generales nombrados por Mariano Rajoy y instruidos por Soraya Sáenz de Santamaría, es una obviedad que la instrucción elaborada por el juez Llarena tiene una intención fundamentalmente política. Pero esto todavía se puede considerar una opinión. No muy discutible, teniendo en cuenta las evidencias, pero una opinión al fin y al cabo. Ahora, sin embargo, la connivencia del poder ejecutivo y el poder judicial es un hecho objetivo, así que ya no queda ningún resquicio de esperanza de juicios justos. Tampoco cabe esperar que prosperen las recusaciones. Sólo queda confiar en la intervención —a medio plazo— de los tribunales internacionales... y en la Resistencia.

La connivencia del poder ejecutivo con el poder judicial es ahora un hecho objetivo, así que ya no queda ningún resquicio de esperanza en juicios justos

La represión ordenada por los Gobiernos de Rajoy contra los líderes soberanistas de Catalunya a partir de un relato de los hechos absolutamente tergiversados, fue asumida con todo detalle por dos fiscales generales sucesivos y ha sido justificada punto por punto por el Rey y por el Tribunal Supremo. Y cuando los tribunales europeos han puesto en evidencia las falacias de las acusaciones formuladas por el instructor, o han cuestionado su comportamiento como juez imparcial, prácticamente todo el Poder Judicial se ha "levantado en armas" —en palabras del diario El País— en defensa de Llarena, exigiendo al amparo del nuevo Ejecutivo español ante los tribunales europeos.

El cambio de opinión del Gobierno de Pedro Sánchez, que en un principio sí entendió que apoyar el juez en un asunto particular, como fueron sus declaraciones en Oviedo, comprometería la independencia del Poder Judicial, ha sido la rendición definitiva del Ejecutivo socialista ante los poderes fácticos del Estado. Ahora queda claro que el Gobierno español no manda o, al menos, está totalmente dispuesto a hacer lo que le mande el deep state español. Las esperanzas de cambio se han ido al traste.

Sólo faltaba que la nueva fiscal general, María José Segarra, ponga al mismo nivel refiriéndose a la libertad de expresión, la protesta democrática por los encarcelamientos de los líderes soberanistas, vehiculada pacíficamente con los lazos amarillos, con la actuación de guerrillas urbanas organizadas que armadas con navajas e instrumentos para la agresión buscan pelea con nocturnidad y alevosía. La trayectoria democrática de María José Segarra hace imposible creer que obedezca un criterio propio cuando avala los provocadores y ordena investigar los agentes del orden que los identifican. No hay duda. Está rodeada y la idea de la transición se ha pervertido completamente. Ahora, el PSOE reina, el Rey gobierna y las esperanzas de cambio se han desmoronado.

El cambio de opinión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la rendición definitiva del Ejecutivo socialista ante los poderes fácticos del Estado

La historia suele repetirse incluso en lugares y tiempos diferentes. Cuando aquel 11 de septiembre el general Pinochet dio el golpe de Estado en Chile, los primeros que lo apoyaron fueron los jueces. No sólo justificaron el golpe, rechazaron sistemáticamente las denuncias por los desaparecidos, por las torturas, y se negaron a investigar los abusos de la Junta Militar, la policía política y los llamados "escuadrones de la muerte".

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez dice que defender el juez Llarena es "defender a España" y que es "una cuestión de Estado". De ello hizo una descripción Aldous Huxley en La filosofía perenne refiriéndose a los regímenes totalitarios: "Justifican su existencia mediante una filosofía de monismo político, según la cual el Estado es Dios en la tierra, la unidad bajo la planta del divino Estado es la salvación, y todos los medios tendentes a tal unidad, por más perversos que intrínsecamente sean, son justos y pueden emplearse sin escrúpulos ".

En la dictadura de Franco, todo el mundo tenía claro que el régimen se acabaría con la muerte del dictador. El "hecho biológico" decían. Se consideraba que la Europa Occidental no toleraría la continuidad del franquismo sin Franco. Ahora, en cambio, España es miembro de la OTAN y no hay ningún hecho biológico a la vista que permita vislumbrar ninguna inflexión. Los cambios de Gobierno resultan anecdóticos, siguen mandando los mismos de siempre. Y en un mundo liderado por Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, incluso Erdogan y Bashar el Assad aguantan con miles de muertos. Así que... no me lo tengan en cuenta. Disculpen el pesimismo.