Carles Puigdemont ha quemado las naves. Dejó claro que volverá sí o sí de su exilio y si no es elegido presidente se volverá a casa (o a la cárcel, lo cual es bastante probable dado que los jueces mantienen el lawfare). Sus contrincantes electorales quieren presentar la candidatura de Puigdemont como una opción de interés personal, cuando es obvio que personalmente comportaba muchos menos riesgos y mucha mayor comodidad quedarse en Bruselas y repetir cinco años más como eurodiputado, pero eso sí que políticamente habría sido un fraude a sí mismo y a todo el movimiento de resistencia democrática que ha seguido a la represión del proceso soberanista y a todos los represaliados que todavía la sufren en los juzgados o en el exilio.

Cabe recordar que con una aplicación abusiva y chapucera del artículo 155 de la Constitución española no solo se destituyó al president. Se destituyó a todo un parlamento y un gobierno legítimamente constituidos, fruto de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos y se alteraron las reglas del juego democrático en un intento suficientemente expresado de liquidar la disidencia. “El Estado pagará el coste de quitarse de en medio a Puigdemont”, declaró entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, en paz descanse. Y Soraya Sáenz de Santamaría reivindicó el mérito de haber “descabezado” a los partidos independentistas. En este sentido, la resistencia interna y externa a la ofensiva del Estado ha sido el gran quebradero de cabeza y la asignatura pendiente de la democracia española. Así que la “restitución” no es un asunto personal, sino una interpelación a la ciudadanía sobre la restitución de la voluntad popular socavada. Una apelación a la dignidad colectiva, que no ha de ser necesariamente incompatible con la apuesta por una gobernanza eficiente.

La “restitución” no la plantea Puigdemont como un asunto personal, sino una interpelación a la ciudadanía sobre la restitución de la voluntad popular socavada. Si no lo logra, no tendría sentido mantener una posición democráticamente rechazada. Por eso ha quemado las naves

Obviamente, no todo el mundo lo ve ni debe verlo de esta manera. Decía Churchill que el tiempo es más importante en política que en gramática. Ha pasado tiempo y las circunstancias cambian las referencias. Las voluntades populares son también cambiantes. Las prioridades de la ciudadanía y los intereses políticos de la diversidad de actores crean nuevos interrogantes que sugieren distintas respuestas. De hecho, cuando Puigdemont plantea que si no recibe el apoyo necesario se va a casa, está ofreciendo un gran incentivo a la movilización de tantos españolistas o pretendidos independentistas que le consideran el principal obstáculo a sus objetivos políticos. Y si salen adelante, si los catalanes ya no ven la necesidad de restituir nada, tendría sentido que Puigdemont mantuviera una posición democráticamente rechazada.

Ahora bien. Tanto si Puigdemont convence con la idea de la restitución como si no, nada volverá a ser igual. El cambio de etapa está garantizado. La condición sine qua non para restituir lo que se considera la voluntad popular alterada es que el Parlamento recupere la mayoría dicha independentista. Bien, y después de que los independentistas que nunca se han puesto de acuerdo estén dispuestos a sumar fuerzas, pero no como en el 2017, sino para formar un gobierno nuevamente dispuesto a negociar con el Estado desde un nuevo punto de partida, asumiendo la responsabilidad de ejercer institucionalmente la defensa de derechos y libertades contra la involución democrática que preconizan los poderes fácticos del Estado. En este ámbito queda mucho camino por recorrer y no será lo mismo según quien gobierne en Catalunya. De hecho, algunos analistas de Madrid sostienen que a Pedro Sánchez le conviene más un gobierno independentista en posición negociadora, por muy exigente que sea, que un gobierno del PSC que dejaría a Junts por Catalunya sin ningún incentivo para mantener la estabilidad del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

  Y si Puigdemont no se sale con la suya y se va, el partido de Junts per Catalunya seguirá existiendo, aunque se verá abocado a la enésima refundación. Puigdemont plantea la "restitución", pero ha hecho una candidatura también pensada para gobernar. Con él o sin él. Y se percibe en este ámbito una cierta añoranza de hacer política con vocación de gobierno y llegar a acuerdos con resultados tangibles, sea cual sea el interlocutor que toque en cada momento. Lo cantaba Serrat: “Hay que ganar tiempo a los sueños, hay que ir mucho más allá de las palabras, ser tal como somos de verdad. Quemar las naves, navegar a pelo, a caballo de la cresta de la ola… hasta que hay que decirse adiós”.

PS. El hecho de que siete investigados por el caso Tsunami hayan tenido que exiliarse ante la persecución política que se ha inventado el poder judicial para boicotear la ley de amnistía confirma que todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la resistencia que debería de implicar no solo a los independentistas, sino a todos los demócratas. Por cierto que entre los perseguidos hay un periodista, Jesús Rodríguez Sellés, reportero de La Directa, perseguido por el hecho de hacer bien su trabajo. Lógicamente, ha recibido apoyo y solidaridad de sindicatos y diversas asociaciones de periodistas, con la excepción del  Colegio de Socialistas —ay perdón por el lapsus—, el Colegio de Periodistas de Catalunya, que todavía no ha dicho ni mu.