Esta semana ha sido noticia el nombramiento como magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la magistrada del circuito de apelaciones del distrito de Columbia, la afroamericana Ketanji Brown Jackson (51). Será la primera magistrada de color (correcto es decir negra, ya que tod@s tenemos color), con la cual ya serán tres los magistrados no blancos del TS americano. Tribunal que, recordemos, es el primer tribunal constitucional del mundo, porque desde 1803 se dio la potestad de hacer la misma constitución de los Estados Unidos parámetro de las reclamaciones que se le presenten.

Por una vez los pronósticos, los míos también si me perdonan la inmodestia, se han cumplido, pues la magistrada Jackson cumplía cuatro de los cuatro requisitos más frecuentes para acceder a la mayor magistratura judicial de aquel país. Así, Jackson es doble graduada por Harvard —universidad insignia de la Liga de la Hiedra—; ocupó diversos altos destinos en la Administración de justicia federal, donde llegó desde la defensoría pública (abogacía de oficio pública); fue letrada del dimisionario juez Breyer, a quien sustituirá y, desde 2011, es jueza en el poderoso tribunal del circuito de Columbia. Un cursus honorum impecable, por más que la mayoría de los senadores republicanos la pusieran a parir, de forma sectaria, acusándola de extremista. Solo tres de ellos han votado a favor suyo, rompiendo un empate de bloqueo. Dejando de lado sus posturas feministas, de raza y pro derechos fundamentales de los ciudadanos —cosa que para los sectarios es, como sabemos, como la kriptonita para Superman—, hubo dos cuestiones que los sacaron de quicio, una cosa que demostraba a sus ojos que Jackson es la indignidad judicial hecha carne.

A ver. Corre la tercera semana de noviembre de 2019. Ya han pasado las elecciones y Trump, gato panza arriba, continúa su batalla contra las elecciones. También, sin embargo, es investigado. Se trata de uno de sus primeros escándalos de su presidencia: sus conexiones con Rusia, cosa que ya costó el cargo a su primer y breve consejero de seguridad nacional, Michael Flynn. La investigación de la Cámara de Representantes al respecto continúa y citan a declarar a Don McGahn, anterior asesor de la Casa Blanca. Trump, a la defensiva, aduce inmunidad, el privilegio ejecutivo, también sus empleados. La Cámara recurrió ante los tribunales federales. Le toca, lógicamente, al de Columbia.

Es curioso que algunos de estos llamados liberales, pero prácticamente iliberales, no comulguen con el derecho más básico del ciudadano: el derecho al proceso debido. Con pura filosofía de cuñado se preguntan por qué tiene que tener un defensor —y, encima, público— quien es culpable. Mejor dicho, quien ellos han decidido que ya es culpable, sin juicio, claro está

He aquí que aparece la jueza Jackson —promocionada a este lugar por Obama— y, en una extensa y bien fundamentada sentencia, recuerda, entre otras cosas, lo que dijo Madison ya en 1788 "presidents are not kings", los presidentes no son reyes, es decir, no son reyes absolutos como Jorge III, el monarca de la época en Inglaterra. Como, en palabras de Jefferson, nadie está por encima de la ley en un gobierno hecho desde la ley, tampoco queda exento el presidente. Este pensamiento supera, como muchas de las normas prácticas que los revolucionarios norteamericanos se inventaron y pusieron en práctica, el viejo aforismo romano de Ulpiano: princeps legibus solutus, o lo que es lo mismo: el rey no está vinculado a la ley. Máxima propia de un sistema autocrático, pero incasable en uno democrático.

Como la misma magistrada Jackson dijo al Comité Judicial del Senado en su hearing (audiencia) —la tercera de su carrera vistos los cargos de justicia federal que ha ejercido— su última finalidad es la protección de los derechos de los ciudadanos. Dicho sea de paso, algunos de los tribunales ibéricos se escudan en cuestiones competenciales para que en ningún sitio se pueda verificar si hay tortura o no se eviten crueles desahucios.

Además, y esta es una gran diferencia con los curricula habituales de los candidatos a magistrados del Supremo americano, es que en lugar de servir en las fiscalías, lo hizo en las defensorías públicas, que en los Estados Unidos constituyen una función pública. Incluso defendió, entre otros, a un afgano encarcelado en Guantánamo, cosa que irritó a los sectarios republicanos, pues, como dijo la misma Jackson, un derecho básico en un sistema democrático es el derecho a defensa ante un tribunal y tener un proceso como manda la ley. Es curioso que algunos de estos llamados liberales, pero prácticamente iliberales, no comulguen con el derecho más básico del ciudadano: el derecho al proceso debido. Con pura filosofía de cuñado se preguntan por qué tiene que tener un defensor —y, encima, público— quien es culpable. Mejor dicho, quien ellos han decidido que ya es culpable, sin juicio, claro está. El fantasma de las Brujas de Salem sigue sobrevolando la gran reacción universal.

Y llegado este punto, me pregunto por qué les explico todo esto. Me voy al rincón de pensar.