Estos días hemos conocido el caso de una okupación de una vivienda de la ciudad de Girona que terminó de la forma más esperpéntica posible, con la amenaza de detención de los legítimos y legales propietarios por parte de la policía, y con los okupas, tres marroquíes (uno de ellos con una causa penal pendiente), entrando en la casa usurpada mientras aplaudían a rabiar. Y tenían motivos para aplaudir y estar contentos, porque deben pensar que viven en el país de jauja, donde la ley funciona al revés y la justicia ampara a los delincuentes y perjudica a las víctimas. Este caso lamentable me ha hecho recordar un caso dantesco que ha pasado en Sarrià en los últimos tiempos, y que explicaré a continuación.

El caso se remonta varios años atrás, cuando un ciudadano de Pakistán alquiló un local en la villa de Sarrià para abrir una tienda de comestibles. En los primeros años, todo fue bien y los propietarios, una familia sarrianense, recibían las mensualidades acordadas correctamente. Sin embargo, cuando terminó uno de los contratos de alquiler que el inquilino había ido renovando, la familia decidió no renovarlo más porque un sobrino quería abrir su propio establecimiento comercial en el local familiar. Fue entonces cuando el inquilino decidió no moverse del local y, por si fuera poco, dejar de pagar alquiler alguno. La familia propietaria, buena gente de Sarrià, después de constatar que no se marcharían, hizo lo que corresponde; poner una denuncia. Cuando lo hicieron, entraron, sin saberlo, en un larguísimo procedimiento judicial, con retrasos y problemas diversos, que duró 22 meses, durante los cuales el ciudadano paquistaní ha tenido abierta su tienda, a la que apenas entraba nadie porque la familia explicó el caso a mucha gente de la villa de Sarrià, generando una corriente de simpatía y solidaridad. Una derivada de esta situación fue que, durante todos los meses que ha durado este vía crucis, el chico que quería establecer su nuevo negocio en el local familiar tuvo que alquilar otro local para almacenar todo el nuevo mobiliario y sus productos, a su cargo, naturalmente, durante casi dos años.

Lo injusto y frustrante es que los propietarios legítimos tengan menos derechos que los que les okupan ilegalmente su propiedad

El asunto ya era lo bastante lamentable y frustrante, pero aún podía serlo más, como así fue. Un buen día, el ciudadano paquistaní se dirigió a la familia para decirles que quería resolver el conflicto, pagar lo que debía, poner el contador a cero y que se retirara la denuncia. La propuesta parecía conciliadora, hasta que la persona ofreció pagar todo el dinero atrasado en efectivo y dentro de una bolsa. La indignación fue mayúscula y evidentemente se negaron en redondo, porque era obvio que se trataba de dinero negro como el carbón. Más aún: quedaba demostrado, en este caso y en muchos otros, que el negocio verdadero de estos establecimientos no es la venta de productos comestibles, sino que el negocio es abrir tiendas de comestibles para poder contratar a personas en origen con un contrato de trabajo y traerlas a Catalunya, a cambio de una cantidad importante de dinero a abonar por parte de la persona que viene a nuestro país, donde vivirá en condiciones deplorables y sin poder desvincularse de la red de tráfico de personas que la ha llevado hasta aquí. Por eso no tienen muchos clientes reales, y por eso tienen dinero.

Finalmente, después de casi dos años, los okupantes del local se marcharon repentinamente, justo el día antes de que los Mossos d'Esquadra fueran a ejecutar la orden judicial de desalojo. En total, la familia calcula que ha perdido entre 20.000 y 25.000 euros, una cantidad que nunca van a recuperar y que es una cantidad notable para cualquier familia de clase media de la capital del país. El juez ha dictado el embargo del paquistaní okupa, pero como era previsible se ha declarado insolvente porque tiene todo el dinero en su país. No es de extrañar, visto el panorama, que muchos policías (de cualquier cuerpo) recomienden a menudo a las víctimas que se olviden de la denuncia y contraten los servicios de empresas especializadas en “desokupar” viviendas y locales. Se ahorrarán mucho tiempo y mucho dinero, porque es más económico contratar a una de estas empresas que pagar todo el procedimiento judicial, los abogados y la reparación de los desperfectos del piso, porque los okupantes, casi siempre, son insolventes y terminan no pagando nada de nada. Y, al fin y al cabo, hay que recordar que estas empresas son legales y no dejan de ser un servicio más cuando se tiene una emergencia en el hogar. ¿Es ético? Quizás sí o quizás no, pero lo injusto y frustrante es que los propietarios legítimos (y no hablo de grandes fondos ni de grandes tenedores) tengan menos derechos que los que les okupan ilegalmente su propiedad.