En un par de días, se tendría que encontrar una fórmula que no haga pasar demasiada vergüenza. Si fuera el caso, estaríamos a punto de saber cómo se presenta, se envuelve y se vende el preacuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Leyendo las listas de transferencias y de los millones de euros reclamados por Catalunya y que, en ciertos casos, Madrid ha aceptado devolver no una, ni dos, sino enésimas veces, el mareo del déjà vu nunca cumplido esconde valores que se transmutan en precios de saldo. La politiquería compra los espacios públicos al por mayor y nos lleva a pensar que, en bien común y dignidad, ya han empezado las rebajas totales en Catalunya.

Ahora el tablero de juego ya no es ni el de la soberanía ni el de la amnistía ni el de los indultos, seguramente porque, con la ley de amnistía aprobada, profundizar en estas cuestiones implica también recordar fechas y gestas que se quieren olvidar, como el 1 y el 3 de octubre del 2017, y estar pendientes de la capacidad de maniobra de las altas magistraturas judiciales, que siguen convencidas de su destino histórico. Ahora, en una Catalunya de rebajas veraniegas, el núcleo del preacuerdo es la financiación, prioridad por la cual han optado Marta Rovira y su equipo. Así, reclaman un modelo singular que se parecería bastante al del concierto económico, pero que tiene un inconveniente bastante grande: para poder triunfar necesita que Pedro Sánchez acepte explícitamente modificar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), la ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a la comunidad autónoma de Catalunya (16/2010). Además, haría falta un traspaso de medios materiales y humanos para poder recaudar la totalidad de los impuestos que se pagan en Catalunya (unos 52.000 millones de euros al año).

Si quieren tener "la caja y la llave de la caja", ¿por qué se mueven de la única propuesta política que lo asegura (la independencia)?

De hecho, en este nuevo sistema de financiación para Catalunya, haría falta que se comprometieran también Junts, EH Bildu, el PNV, Sumar y Podemos, y no solamente para una votación puntual. Las modificaciones que hay que hacer son muchas e imprescindibles, como recogía la propuesta de financiación singular de Natàlia Mas presentada el pasado mes de marzo. Sin embargo, los intereses pueden no ser coincidentes y convierten un deseo muy legítimo en una estrategia difícil de mantener. Por ejemplo, en una reciente entrevista en El País, Marta Rovira aseguraba que no se trata de un acuerdo con los socialistas para investir a Illa ni de un acuerdo de gobierno, sino de "un acuerdo de progreso, centrado fundamentalmente en mantener servicios públicos y evitar recortes". Sin embargo, Rovira insiste: "La manera de ser útil es forzar al Govern de la Generalitat, haya quien haya, para mejorar la financiación".

Y yo ya no entiendo nada. Si se quiere tener "la caja y la llave de la caja" y conseguir que se satisfagan unos "detalles" que la líder de ERC reconoce que quedan pendientes, ¿por qué se mueve de la única propuesta política que lo asegura (la independencia)? ¿Por qué vende, en una negociación estrafalaria, la Generalitat de Catalunya a actores y directores del 155?

Sin embargo, todavía la gente de ERC que cree en el bien común y se afana por conseguirlo, con o sin cargo, independentista y demócrata de verdad, tiene la última palabra. Y en esta última palabra temporalmente definitiva confía también el secretariado de la ANC, para que el president 130 de la Generalitat de Catalunya sea, en su retorno, el president de todos. Y (en otro sentido) confía también en ella Marta Rovira, aunque admite que ERC se encuentra "en un momento complejo" con las últimas derrotas electorales, la disputa interna y el escándalo de los carteles de los Maragall.

Como saben todas y todos los que han luchado —y siguen luchando—, de la vergüenza no sale con más vergüenza.