Poco ha llamado la atención en las últimas semanas el plan del PP y Vox para bloquear la agenda de la nueva mayoría progresista e impedir la celebración de los plenos agendados por su presidente, Cándido Conde-Pumpido. El Tribunal Constitucional acumula 65 recusaciones desde que se constituyó. Una avalancha de recursos que responden a una estrategia planificada de parálisis en la agenda de un órgano que sale de diez años de mayoría conservadora. De toda una década de retrasos con una batería importante de recursos por resolver que afectan a la ciudadanía en general y a varias leyes de la Generalitat. 

La estrategia no es judicial, es política. La derecha continúa torpedeando el normal funcionamiento de un tribunal cuya mayoría conservadora perdió en julio y se resiste a soltarla desde entonces. Primero, con el bloqueo de la renovación. Y ahora, con unas recusaciones obstruccionistas con doble fin: retrasar sentencias clave y forzar la imagen de un tribunal de garantías disfuncional. La elección de Cándido Conde-Pumpido se leyó desde sectores conservadores como un triunfo de Pedro Sánchez; el intento de desbaratar la agenda de plenos responde a vender un supuesto fracaso en diferido. A marcar una agenda que no les corresponde.

De las 61 recusaciones, 9 son del Partido Popular al magistrado y exministro Juan Carlos Campo y 8 contra Laura Díez, ambos propuestos por el Gobierno. Vox ha registrado 44 recusaciones contra Campo, Díez, la magistrada María Luisa Segoviano y contra el propio presidente Cándido Conde-Pumpido. El partido de Santiago Abascal le recusa ahora por sus decisiones como fiscal general del Estado de 2004 a 2011, cuando nunca antes había actuado contra Conde-Pumpido, miembro del órgano de garantías desde 2017. Segoviano tampoco había sido recusada en el Supremo por Vox, ahora sí. Y el hecho de que Campo tenga que abstenerse motu proprio hasta en veinte ocasiones por la decisión del ejecutivo de nombrar a un exministro no justifica la batería de recursos de los últimos días.

La anterior composición conservadora había retrasado sentencias durante años. La anomalía era tal, que solo se resolvían 100 de los 7.000 recursos de amparo presentados cada año

La jugada salió mal con el aborto. La intención era que las abstenciones de los conservadores —Concepción Espejel, entre ellas— y las recusaciones de cinco exdiputados del PP contra el recurso del aborto evitaran la celebración del pleno y colisionara con la reforma de la reforma de la ley salida del Senado hace una semana. De esta manera, el fallo podía irse al mes de junio. 13 años de espera desde su aprobación con José Luis Rodríguez Zapatero no parecían suficientes.

Hay más. Unas 27 recusaciones irán al próximo pleno, más de 40 al siguiente. Eso significa que el tribunal tiene que nombrar ponente, tramitar y resolver las impugnaciones. Un filibusterismo que ha conseguido aplazar el debate de la eutanasia para estudiar si aparta a Campo y Díez a petición también del PP. La reforma educativa de la ley Celaá o la ley catalana que esquiva el 25% del castellano podrían correr la misma suerte. 

El Constitucional viene de varios episodios traumáticos. Los vocales conservadores del Poder Judicial desobedecieron su mandato constitucional durante meses. La propia institución prohibió la celebración del pleno del Senado sobre la reforma de su renovación, a propuesta del PSOE, vía enmiendas. Por fin, llegó el desbloqueo y la elección de la presidencia.

La anterior composición conservadora había retrasado sentencias durante años. La anomalía era tal, que solo se resolvían 100 de los 7.000 recursos de amparo presentados cada año. Cándido Conde-Pumpido presentó un plan para resolver muchos de ellos en un mes. Algo tan elemental como agilizar los fallos y hacer su trabajo. El PP acusa al Gobierno de utilizar estrategias espurias en las instituciones y la judicatura a su favor. Es precisamente lo que lleva haciendo toda la legislatura en los órganos de gobierno de los jueces y constitucionales donde ha perdido la mayoría. Este filibusterismo de recusaciones es otro capítulo más.