Se oye hablar mucho de equidad. De hecho, en casi todos los discursos o proclamas de tipo político que se pueden oír en hemiciclos, medios de comunicación, plazas y calles siempre hay alguien que la utiliza. Es como un ungüento que hace quedar bien y que se puede usar para limpiar heridas o para prevenir infecciones.

Pero ¿qué es la equidad, esa palabra mágica que se utiliza a diestro y siniestro? Pues bien, según el diccionario de bioética del Termcat (Centre de Terminologia), la equidad es el principio según el cual todas las personas deben tener las mismas oportunidades y nadie tiene que encontrarse con desventajas que puedan evitarse. Y añade una nota de tres puntos, por si no ha quedado lo bastante claro:

1. La equidad es uno de los principios que justifican el acceso universal al sistema de salud público, con el objetivo de que todas las personas puedan alcanzar el nivel de salud más alto posible.

2. En el ámbito de la gestión de la investigación, la equidad implica una distribución global de los recursos de investigación de acuerdo con las necesidades de atención de las diferentes poblaciones o grupos.

3. La equidad, a diferencia de la igualdad, establece diferencias a partir de la individualización, ya que tiene en cuenta las necesidades personales para así compensar las desigualdades sociales. Por lo tanto, la equidad es considerada una forma de justicia social.

Es obvio y conocido que los desequilibrios entre territorio y población dificultan que el enunciado de equidad acabe verificándose como cierto

O sea, equidad implica acceso universal para alcanzar el mismo nivel de bienestar (sanidad, enseñanza, servicios sociales y culturales, comunicaciones, tecnologías, etc.); una distribución de recursos de acuerdo con las necesidades de las diferentes poblaciones, y tener presentes las necesidades personales para compensar las desigualdades sociales.

Ahora contrestamos estos magnos principios con la realidad de nuestra casa y, en concreto, de los municipios menos poblados de nuestro país.

Según datos de la Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), en Catalunya hay 484 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes. Estos municipios agrupan el 2,5% de la población total, aunque sus términos representan el 51% del espacio físico de nuestro país. Pero es obvio y conocido que estos desequilibrios entre territorio y población dificultan que el enunciado de equidad y los ejemplos planteados acaben verificándose como ciertos.

¿Y cuáles son las principales demandas que plantean estos municipios agrupados en la AMC? Básicamente, destacan cuatro: el tema de la vivienda, el de la vigorización de la actividad económica, los relacionados con la movilidad y los emparentados con el acceso a los servicios básicos, que antes he mencionado.

A veces tenemos, o queremos tener, una imagen idílica de la calidad de vida que podemos encontrar en los micropueblos, porque muchos urbanistas van allí, descansan, enredan un poco y se marchan… Pero los problemas de quienes viven allí continúan vivos.

La vivienda es un problema en todo el país, pero también en estos municipios donde hay muchas casas cerradas de propietarios a veces difíciles de localizar y que, a menudo, no quieren alquilar, aunque la propiedad se vaya deteriorando. Tal vez se podría solucionar construyendo pocas viviendas, o, sobre todo, rehabilitando las que llevan años y años en desuso, pero no existe ninguna normativa ni ninguna decisión política que lo favorezca.

Está el tema de la actividad económica. En algunos estados europeos hay incentivos para abrir establecimientos multitareas en estos núcleos rurales para dar vida a los pueblos, reforzar los lazos comunitarios y hacer más fácil la vida a los vecinos. Sugiero que se tomen como modelo y se implanten, y que no se trabaje con criterios de uniformización normativa.

Otro tema que no funciona lo suficientemente bien en diferentes lugares del país es el de la movilidad. Toneladas de discursos a favor del transporte público, pero poca acción. Solo en la circunscripción de Lleida hay cinco comarcas enteras donde no es que los trenes lleguen tarde, es que no llega ninguno. Hablo del Pallars Sobirà, del Alt Urgell, de la Alta Ribagorça, de Aran y del Solsonès. Por no hablar de la odisea de las líneas Lleida-Barcelona por Manresa o Lleida-Tarragona, que ofrecen peores servicios que un siglo atrás.

Si alguien se pone enfermo en Rialp, tendrá que ir a Tremp como hospital más próximo y, habitualmente, tendrá que bajar a Lleida para ser tratado, por ejemplo, de un determinado tipo de cáncer. Pero no hay servicio de tren, y deberá coger un vehículo particular o adaptarse al servicio de autobús… Y no contará las horas.

Y, para terminar, los servicios. El acceso a los servicios sigue siendo difícil, y de ningún modo está garantizada la equidad entre los ciudadanos. El acceso sigue dependiendo de dónde se vive y de con qué herramientas de transporte se cuenta. Y eso no es justo ni equitativo, y vulnera el principio democrático de que todo el mundo sea tratado igual y tenga acceso a los mismos servicios.

El Parlamento deberá estudiar pronto el Estatuto del municipio rural. Solo les pido a los diputados que lo hagan con celeridad, que velen por la equidad entre todos los ciudadanos y que partan del principio de que son los servicios los que tienen que desplazarse donde está la población, y no a la inversa. Si lo hacen, mucha gente les estarán agradecidos, aunque sean pocos electores.