¿Reformar España? He aquí el dilema actual del independentismo político catalán. No me refiero, claro está, a si tiene que desear, y promover activamente, la reforma o mejora de España. Esto ya lo intentaron en el pasado, y con escaso éxito, Almiralls, Cambós y compañía. Me pregunto, simplemente —porque no lo tengo nada claro—, si el independentismo de hoy no debería tener mayor consciencia de que algunas de las medidas que impulsa con más o menos entusiasmo —por ejemplo, los indultos, la amnistía, las reformas penales o las mejoras para el catalán— pueden contribuir, sin quererlo —como una especie de efecto colateral— a blanquear parte de las anómalas prácticas con las que el Estado ha combatido el procés.

Este escenario podría tener, además, dos efectos aparentemente contraproducentes para el independentismo. El primero, a corto plazo: dar argumentos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para no entrar en el fondo del caso de la sentencia por sedición del TS, por entender que con tales medidas de enderezamiento, ya se habrían restablecido las vulneraciones hipotéticamente perpetradas por España. El segundo efecto sería a medio o largo plazo: cuanto más democratizada devenga España, menos motivos habría para anhelar lo que pretende todo independentismo, la independencia. Y, en todo caso, si esta se intentara, muy probablemente sería vista desde fuera como menos legítima.

Pero, dicho esto, ¿cómo les podemos pedir, a estos partidos políticos, que, más allá de su mayor o menor acierto en el contexto de 2017, se queden de brazos cruzados, sin hacer nada, a pesar de haber muchos ciudadanos —algunos de ellos, en sus propias filas— que todavía se ven afectados —y de qué manera— por los destrozos jurídicos consumados por el Estado español? ¿Cómo les podemos pedir esto, teniendo en cuenta, además, que, por azar de la aritmética parlamentaria, estos mismos partidos se han convertido en la llave de la gobernabilidad española, circunstancia que les permite obtener, a cambio, concesiones para enderezar el daño jurídico, político y humano causado? La respuesta no es sencilla.

La respuesta negativa a la pregunta del título podría parecer por lo pronto evidente, pero de repente nos asalta un argumento en sentido contrario

Existe, además, otro factor que lo complica todo aún más. Muy evidente, pero escasamente presente en los análisis: la actuación represiva del Estado se articula en diferentes niveles, de modo que medidas negociadas, efectivamente aprobadas y plenamente legales en un nivel, pueden no generar, paradójicamente, los efectos que les son inherentes, si ello depende de otro nivel. Podemos distinguir, a tal efecto, tres niveles. El primero es el de la luz del día. Lo protagonizan el legislador (155), el gobierno (piolines) y el Constitucional (silenciamiento forzoso del Parlament). Actúan, cuando lo hacen, de forma clara y tajante. Fulminante, podríamos decir. Lo que hacen suele publicarse en el BOE. El segundo nivel es el de la oscuridad y la noche, las alcantarillas del Estado. Pegasus. El Deep State sumergido. Y, por último, el tercer nivel, el más sutil, el más desconcertante, sería el Deep State emergido, el que opera, como el primero, a plena luz del día, pero lo hace sirviéndose ilegítimamente de su independencia y actúa de un modo tendencioso, parcial e impropiamente estratégico. Nos referimos, evidentemente, al poder judicial, especialmente a su cúspide, el TS. Tener presentes las peculiaridades y las distintas velocidades y agendas con las que actúan estos tres niveles del engranaje del poder central es, huelga decirlo, de vital importancia para cualquier análisis mínimamente serio.

Pongamos un ejemplo muy claro, de manual: la amnistía. Se ha aprobado por el legislador y es, ya, vinculante, pero su nivel de aplicación efectiva es, de momento, bastante irrisorio. Bueno, salvo para los policías que golpearon a los votantes del 1-O. Casi todos han sido ya amnistiados. Aquí, un pequeño inciso: esta pseudo-aplicación de la amnistía por los tribunales ha sido aprovechada por algunos críticos del ‘procesismo’ para denunciar una supuesta ineptitud negociadora de algunos partidos independentistas. Creo que los tiros no van por aquí: si la ley de amnistía no hubiera sido enmendada con los retoques finales, el poder judicial, que no deseaba otra cosa que inaplicarla, habría tenido a su disposición muchos más argumentos para hacerlo, empezando por el hecho de no haberse adaptado la ley, en su penúltima versión, a las Recomendaciones de la Comisión de Venecia. Una vez enmendada la ley, era mucho más difícil inaplicarla directamente, tarea que requería acudir a vericuetos jurídicos mucho más retorcidos. No obstante, al poder judicial —especialmente al TS— no le ha temblado el brazo, pero ha tenido que asumir mayores riesgos de reputación profesional e inconsistencia jurídica. En cualquier caso, el resultado final es, ciertamente, la inaplicación parcial de la amnistía, en contra de lo que quería y pretendía el legislador.

Llegados a este punto, hay que reiterar la pregunta inicial: ¿le sigue interesando al independentismo contribuir a hacer que España mejore —con medidas que desdibujan y parecen relativizar la regresión democrática sufrida en los últimos tiempos—, a pesar de constatar que tales medidas no parecen surtir todos sus efectos? La respuesta negativa podría parecer por lo pronto evidente, pero de repente nos asalta un argumento en sentido contrario: si el Estado español es capaz no solo de sacrificar, en nombre de su integridad territorial, buena parte de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, sino también, una vez adoptadas medidas por el legislativo para mitigar el destrozo jurídico y humano causado, de ignorarlas olímpicamente —aquí es donde interviene, ahora, el poder judicial—, ¿no se trata, paradójicamente, y gracias a la contribución independentista en la aprobación de tales medidas, de la prueba más incontestable de la gravedad y decadencia de un Estado que ni siquiera se escucha a sí mismo cuando intenta autoenderezarse?

Este lunes empieza un juicio contra el abogado del by-155 expresident de la Generalitat. De nuevo, en unas circunstancias jurídicas más que extrañas. Como decía, la pregunta inicial, la del título, no tiene una respuesta fácil. Yo no la tengo.