"No hay ningún mensaje en mis novelas. Cuando quiero enviar uno, voy a la oficina de Correos"
Hemingway
Que el juez Llarena no se parece a Papá se colige de la mera lectura de sus resoluciones y escritos. Papá —nombre que Ernest Miller Hemingway prefería para sí mismo— tenía el arte de la pluma y además el de conocer la esencia misma de la escritura. Cada cosa es cada cosa. Papá Hemingway no usaba sus novelas para enviar mensajes al mundo; para eso, decía con habitual franqueza, voy a poner un telegrama. Tampoco Llarena comparte ese nivel de pureza en la escritura y debe de ser por eso que cuando quiere mandar mensajes no va a Correos, sino que redacta autos. El de ayer, en el que resuelve el recurso de reforma sobre su decisión de no aplicar la amnistía por malversación, es casi una saca entera de correspondencia, porque los hay para los diputados, para los negociadores de la ley y hasta para el fiscal general del Estado. Y en este asunto, el juez, aunque casi con certeza no se le ha ocurrido pensarlo así, ejerce de Hermes y se convierte en mensajero de todo un sentir de la sala a la que pertenece.
El pobre Llarena tiene clarísimo que lo de no aplicar la amnistía no es cosa suya, no es "una disquisición" que él realice, y queremos entender que se refiere a la segunda acepción de este término, el sinónimo de divagación, porque en su primer significado 'disquisición' significa examen riguroso de algo y no vamos a creer que está negando haber analizado rigurosamente la cuestión. Decía que el juez explica que la inaplicación no es cosa suya, que no se le eche nadie encima, que es algo que le viene impuesto, y señala con el dedo: "ha sido el legislador". ¡Ah, torpe legislador! ¿Por qué has obligado a este hombre a hacer lo que estaba deseando hacer y no lo que el Parlamento quiso aprobar? La norma está mal hecha, ¿qué culpa tiene él? ¿Lo hicisteis acaso para darle ese placer? Ese argumento, que desgrana con profusión en el auto, es el mismo que otras fuentes de la Sala defienden, que el anteproyecto de ley de amnistía estaba mejor en su primera redacción, esa que le atribuyen en susurros a un gran oso togado oculto en las sombras, y que de ser una insinuación cierta constituiría un escándalo si no un delito.
La cuestión es que Llarena señala con el dedito a la parte socialista y a la parte juntaire de la negociación del proyecto de ley. "Si la norma hubiera proclamado —sin restricción— la concesión de la medida de gracia a todos los delitos de malversación" nos dice, otro gallo hubiera cantado. Obviamente hace trampa. Nos dice que no matizar hubiera obligado a amnistiar, pero se calla que sin las matizaciones se hubiera ido ipso facto a Europa a preguntar si la corrupción era amnistiable según los tratados. Por ese motivo, y no por otro, se introdujeron las premisas y las condiciones. Pero, qué más le da, la culpa es de los que pactaron y matizaron y proyectaron una ley de forma aviesa, porque lo hicieron para obtener unos resultados concretos —una amnistía y una investidura— que evidentemente no le gustan.
Llarena explica que la inaplicación no es cosa suya, que no se le eche nadie encima, que es algo que le viene impuesto
"El concepto legal y ampliado de enriquecimiento como circunstancia enervadora de la amnistía no solo exige que el beneficio obtenido sea de contenido patrimonial, sino que la ventaja revierta en interés del propio sujeto activo. Y contrariamente a lo que los recurrentes defienden, este beneficio personal no desaparece porque el gasto público esté aparentemente relacionado con la actividad pública del sujeto activo o porque la actuación sea también ambicionada por otros", escribe. Ni un paso atrás, aunque no hayan parado de oírse las voces que han criticado tanto tal doctrina de la malversación como el enésimo cambio del Tribunal Supremo al respecto en poco tiempo. Ya ven que con esta definición de malversación, lo de la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado usando los medios públicos de la Abogacía del Estado pinta feo. Pero ese es otro tema y será tratado en su momento.
El cartero siempre llama dos veces y Llarena no iba a ser menos. El siguiente recado ya acompaña nombre y apellidos del destinatario, que no es otro que el frágil fiscal general del Estado. Aquí el instructor del TS va con toda la artillería y contesta directamente a las palabras en el discurso de apertura de tribunales, en el que Álvaro García se refirió varias veces a "la predictibilidad de la Justicia, que es un presupuesto del ejercicio de los derechos y del deseable funcionamiento y discurrir del tráfico jurídico". Que cuando insistió en que un espacio de Justicia predecible es una garantía no habló de la aplicación de la amnistía pero halló oídos dispuestos, lo asevera la respuesta que se incluye en el auto: "la predictibilidad de la ley no supone que la norma deba ser aplicada conforme a la aspiración de un procesado que asegura haber redactado y propuesto la norma con cuya aprobación busca alcanzar la impunidad". ¿Ven por dónde sangra la herida? ¡Ay, Puigdemont, cuánto has desazonado a ese corazoncito togado!
La invectiva al fiscal general del Estado merece un somero repaso, que podría virar a tintes sarcásticos. ¿Es más cruel aún el recordatorio sobre cómo actúa la ley previsible que le hace a un fiscal general cuya imputación depende ahora mismo de la Sala II a la que pertenece? Porque el fiscal general está en sus horas más bajas, que aún pueden descender unos escalones hacia el infierno. Su discurso en la apertura del año judicial solo pudo gustar al triministro que estaba presente y a otros de sus mentores. La defensa pública de cuestiones tan sensibles como la reforma de la acusación popular, precisamente ahora que esta cerca a la esposa del presidente del Gobierno, no fue bien recibida por el resto del auditorio togado. En los corrillos se comentaba lo acompasadas que habían estado sus palabras a lo que el poder quiere, justo en el momento en el que la nueva presidenta insistió en ordenar que ese poder le dejara de tocar las narices al judicial.
En todo caso, Llarena ya ha resuelto las reformas y ahora la Sala II verá los recursos de apelación que se interpondrán. He redactado la frase con sumo cuidado. Lo he hecho porque le afeé al ministro de Justicia que afirmara que los recursos de Puigdemont los vería la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, ya que esa sala no existe. No le gustó mucho. Seamos escrupulosos con el lenguaje. Es la misma Sala II la que se constituye en salas, unas ven recursos y otras enjuician. No se preocupen si resulta lioso, esa es una discusión privada entre Bolaños y servidora. Una vez resuelvan, y no preveo que lo dilaten expresamente, la cuestión, podrá llegar al Constitucional con petición de cautelares. Que eso suceda antes de que se pronuncie Europa respecto al último de los recursos pendientes es importante. Para mí que Llarena agazapado espera precisamente eso.