La Universidad Centroamericana UCA, de los jesuitas, con sede en Managua, ya no existe. El actual gobierno de Daniel Ortega ha decidido confiscar todas las cuentas bancarias, confiscar bienes y dejar la universidad sin nada. Lo acusan de ser un centro terrorista y de haber traicionado la confianza de los ciudadanos de Nicaragua. La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado en que expresan su desconcierto y rechazo a estas medidas, que consideran injustas y arbitrarias, y fruto de una persecución en todo lo que suene a Iglesia. No he estado nunca en la UCA físicamente, pero sí que he transitado por las lecturas de sus profesores y he oído durante años las experiencias de las personas que han estudiado o enseñado, también muchos catalanes. La religiosa y doctora catalana Margarida Bofarull dictó en el 2016 la lección inaugural hablando del texto Laudato si' del papa Francisco y de la vinculación entre ecología y justicia social. Es una universidad de prestigio y donde, como se espera en todas las universidades, se ejerce la libertad de cátedra y se alimenta el espíritu crítico.
Destruir el espacio cívico y democrático, con detenciones arbitrarias y privación de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país constituyen un empobrecimiento a la disidencia
Esta universidad tiene la sede en la calle Pista de la Resistencia, un augurio esperanzado ante la catástrofe inminente que supone cerrar un centro educativo superior. Las fotos que están apareciendo a las redes son aterradoras: gente desclavando cuadros e imágenes con el fin de poder salvarlas, estudiantes desconcertados. Un desastre. No estamos hablando de un pequeño centro parroquial. La UCA es la primera universidad privada creada en Centroamérica. Se fundó en julio de 1960 como institución educativa sin hasta de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana. Amnistía Internacional ya hace años, cinco para ser precisos, que está denunciando la opresión a Nicaragua y el deterioro de los derechos humanos. El 18 de abril de 2018 el pueblo salió a la calle para protestar contra las reformas en el sistema de la seguridad social, y la represión fue brutal con más de 300 muertos y 2.000 personas heridas y centenares de detenidos. Una de las personas que más se ha significado es Erika Guevara, directora por América de Amnistía Internacional: "Hay un contínuum de represión a que ha sido sometida la sociedad de Nicaragua" donde se están llevando a cabo "patrones de violaciones de derechos humanos sufridos por personas que osan alzar la voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto para disfrutar plenamente de los derechos a Nicaragua".
Confiscar propiedades, irrumpir en las instalaciones y limitar la capacidad de actuación como ha pasado ahora en la universidad ha sido una práctica con ONG, fundaciones y otras entidades educativas y sociales. El papa de Roma, en el mes de marzo, se pronunció sobre Nicaragua y dijo que el país vivía una "dictadura" y tildó al presidente de sufrir "algún desequilibrio". El obispo Álvarez, y otras 222 personas deportadas por razones políticas, no han querido abandonar el país. Para el presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez representa a una mafia que no sigue a Dios ni a Jesucristo. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas define las actuaciones del gobierno como "violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles" y se pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a instituciones o personas implicadas. Destruir el espacio cívico y democrático, con detenciones arbitrarias y privación de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país constituyen un empobrecimiento a la disidencia y, sin oposición, el miedo se apodera de todo y de todo el mundo. Los principales perseguidos son periodistas, estudiantes, intelectuales y también personas vinculadas a la religión. Es triste tener que claudicar, como ahora hace la UCA, ante acusaciones falsas e infundadas. La única esperanza en nuestro mundo globalizado es que la presión internacional sea un agente a favor de la fuerza de la justicia y desmantele las impunidades con que se actúa cuando el estado se convierte en totalitario.