Esta semana, donde manda el tercer encuentro entre Sánchez y Feijóo en el Senado, puede ser decisiva u otro round de la marmota. En lo político, porque abra una vía de entendimiento entre ambos partidos; en lo judicial, porque se conozca el acuerdo de la renovación del Consejo del Poder Judicial. El cara a cara parlamentario, pedido en este caso por Pedro Sánchez, llega después del encuentro en la Moncloa para desbloquear las negociaciones. En el anterior, ambos se habían cruzado ataques sin ninguna relación previa y el PSOE descargó la batería de acusaciones sobre la ‘insolvencia o mala fe’ que todavía hoy resuena en el ejecutivo.
¿En qué momento estamos y qué se puede esperar? La discusión no se ha movido de la crisis energética, la situación económica y los paquetes de ayudas del Gobierno para hacer frente a la inflación y al impacto de la guerra. En el enfrentamiento de modelos fiscales, Sánchez defenderá las últimas medidas, recogidas en los presupuestos generales, incluidos los impuestos a la riqueza. Veremos si el PP sale del "Sánchez no quiere gestionar" y hay que bajar impuestos. De momento, Feijóo sigue defendiendo bajar el IRPF a quienes más ingresan —y pagan el tipo más bajo— y reducir el de sociedades, en la línea de la británica Liz Truss. Sobre la primera ministra pesa un vídeo en directo con una lechuga para comprobar quién dura más. Faltón, sí; pero una metáfora de cómo las políticas fiscales de las bajadas impositivas de Truss se han llevado por delante al ministro de finanzas y es muy probable que ella sea la siguiente.
Salvo volantazos de última hora, el acuerdo entre PP y Gobierno se da por hecho y la fumata blanca del acuerdo dejará en evidencia la gestión de los vocales conservadores del Consejo. Los que claman por la independencia judicial están haciendo un ejercicio de gobierno indefendible
La sesión del Senado llega con el nuevo barómetro del CIS, muy cuestionado por la militancia de José Félix Tezanos al PSOE y la cocina de las encuestas. Esta ronda de octubre se desmarca de las tendencias privadas en intención de voto pero no en el apoyo que los ciudadanos dan a las medidas anticrisis, un dato que las privadas también reflejan. Mientras Rajoy defiende que hablar de ricos y pobres es “dividir a la gente”, las encuestas apuntan a que el 80,3% de la población está bastante o muy de acuerdo con el nuevo impuesto a las grandes fortunas. E incluso el apoyo a la armonización fiscal es mayoritario: un 72,2% de los ciudadanos están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que se paguen los mismos impuestos en todo el territorio.
Se repite que al Ejecutivo le cuesta vender la gestión de la crisis. Igual que las elecciones andaluzas fueron el momento más bajo de Sánchez, con la coalición en la UCI, ahora otras encuestas recogen el frenazo de la caída y hasta una mínima remontada. Más allá de los 4 puntos de ventaja para el PSOE y los 2 puntos para el PP del CIS, Vox sigue cayendo y el liderazgo de Yolanda Díaz se mantiene. La polarización política se repite en un dato de los últimos barómetros. Mientras un 62,9% de los ciudadanos califica su situación económica de buena, el 73,2% cree que España va mal o muy mal económicamente. La distancia es incluso mayor que en septiembre, cuando un 69,6% pensaba que la situación del país era mala o muy mala frente a un 63% de ciudadanos que cree que vive bien o muy bien.
Más allá del encuentro en el Senado, el anuncio del acuerdo del Poder Judicial está al caer y es difícil saber si se conocerá poco después de la sesión parlamentaria o más adelante. Las fuentes oficiales, en plena negociación, no dan detalles del minuto-resultado. Para el PP, “habrá acuerdo” y no conviene adelantar el avance de las negociaciones. Desde el PSOE, coinciden en lo mismo. A Feijóo no le aporta demasiado para su rifirrafe en el Senado; a Sánchez tampoco en su defensa del modelo fiscal.
En paralelo, el Poder Judicial está ofreciendo una imagen dantesca, un calificativo puesto por distintos magistrados de la judicatura, que entienden que deberían dimitir en bloque e irse sin hacer demasiado ruido. Salvo volantazos de última hora, el acuerdo entre PP y Gobierno se da por hecho y la fumata blanca del acuerdo dejará en evidencia la gestión de los vocales conservadores del Consejo. Los que claman por la independencia judicial están haciendo un ejercicio de gobierno indefendible. Es muy probable que la vía parlamentaria, pendiente de revisar, dé mejor ejemplo a corto plazo. Y ponga en evidencia un bloqueo del que los vocales son parte junto al PP, en un intento espurio e ilegítimo por mantener el control de un mandato caducado hace casi cuatro años.