Ningún político sale bien parado cuando no sabe leer la realidad que le rodea. Isabel Díaz Ayuso intuyó el agotamiento social de la pandemia y le salió bien. También desde 2020 ninguneó a los sanitarios, firmó un protocolo infame en las residencias, cerró las urgencias, infradotó el sistema de salud, despidió a 6.000 sanitarios, insultó a la oposición y dos años después la gota de las urgencias extrahospitalarias ha colmado el vaso. Ante el estallido de la manifestación que rebosó Madrid el pasado domingo, no conforme con la afluencia masiva, Ayuso insiste en la estrategia del complot político y el raca-raca de la ruptura de España. 

Pero la realidad se ha impuesto. Madrid es el máximo exponente de la mala gestión. Donde Ayuso insulta a los médicos y culpa a la oposición; donde el gobierno autonómico es el que menos invierte en sanidad por habitante y donde más se ha disparado la sanidad privada, más de un 30% en el último año.

Es un hecho que lidera la comunidad peor gestionada. Al tiempo, no evita que las protestas se extiendan por todo el Estado. En Madrid hay una huelga convocada que puede llegar a todas las categorías de Atención Primaria. También en Cantabria y en Navarra, donde la presión asistencial es insoportable y falta personal. En Galicia, tras 13 años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ha entrado una iniciativa legislativa popular en el Parlamento con miles de firmas pidiendo “medidas urgentes” para responder a la “situación dramática” que atraviesa la atención sanitaria en Galicia. Por el mismo camino va Murcia, Valencia y Andalucía. En los hospitales pediátricos de Cataluña y centros de salud, más de lo mismo. El presidente de los médicos de Barcelona ha señalado ya esa “sensibilidad a flor de piel” que puede estallar en cualquier momento. 

El sistema está en juego, y, por tanto, nuestra salud. Es decir, la vida. Y también la equidad

Los médicos y personal sanitario apuntan a males endémicos que se han acumulado en los últimos años. Inversiones que no han hecho o no se han ajustado a las nuevas necesidades. Decisiones que hay que tomar a largo plazo y que los políticos de todo signo han ido dejando. Los resultados de la inversión se notan con el tiempo y no tienen rédito electoral inmediato. 

Los expertos señalan también un escenario a favor. El colapso actual evidencia una necesidad y una oportunidad real de reforma a fondo del sistema sanitario. Tirando de hemeroteca, la ley general se aprobó con Ernest Lluch en 1986. Pocos años después, en 1991, se elaboró el famoso informe Abril. Un estudio a modo de auditoría que abordaba la trascendencia de una mejor gestión, organización y financiación de la sanidad pública. Lo presentó en el Congreso el diputado Fernando Abril-Martorell y fue un hito por la participación de médicos, científicos, economistas… además de lograr el consenso de los partidos.

El informe detallaba carencias que 30 años después siguen vigentes. No se han solucionado y el país ha cambiado. El sistema actual requiere de un nuevo informe Abril que tenga en cuenta el nuevo modelo. Entre ellos, el de la longevidad. Como señalan los profesionales, antes se vivían unos años tras la jubilación, ahora más de veinte. La ciencia permite mejores diagnósticos, por tanto, hacen falta más pruebas. Y se refieren también a un modelo de paciente crónico, pensado para convivir con la enfermedad. La medicina preventiva, como ya apuntaba el informe Abril, es hoy la base del sistema. El actual no está preparado ni pensado para 2022. Ni financiera, ni organizativamente. Y hay un limbo legal que tiene que coordinarse con cada gobierno autonómico. 

Quien mejor sabe qué es necesario es la comunidad médica y sanitaria. Por lo pronto, todos coinciden en que están al límite. El sistema está en juego, y, por tanto, nuestra salud. Es decir, la vida. Y también la equidad. Sobre todo, si se vacía el sistema público y arrastra a la privada a quien puede pagarlo. La estrategia incendiaria de Ayuso, donde todo es una confabulación “para convertir España en una república federal laica”, está ocultando un problema nacional. El riesgo de que ese ruido tape la necesidad urgente de abordar el sistema de salud es alto. El precio también.