Hay semanas, días e incluso horas que llevan concentrada tanta sustancia que, por sí solos, estos periodos de tiempo pueden servir de ejemplo, de indicativo, de síntoma o de encrucijada para los próximos meses y años. No hace falta que nos pongamos dramáticos pero cosas que han pasado esta semana pueden ser definitorios para el rumbo de la nación catalana. Con el añadido que, como no estamos hablando de un 1640, un 1714, un 1931 o un 2017, la resonancia que han tenido es lógicamente inferior y, por lo tanto, la conciencia colectiva es mucho menor. A eso hay que sumar que el desencanto actual con la política provoca, en muchos ciudadanos, una sensación de cansancio y pereza sobre aquello que viene de partidos y gobiernos. Y eso se traduce en una desconexión respecto de la actualidad (pase lo qué pase) que evidentemente hace muy débil cualquier reacción y todavía más movilización respecto de cualquier hecho, por grave que sea.

Esta semana, el gobierno de la Generalitat ha cedido de motu proprio, una parte -por pequeña que sea- de una competencia ya conseguida. Se trata de la incorporación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el organigrama del 112. Este es un número único de emergencias para toda Europa, y en Catalunya era una competencia exclusiva de la Generalitat. La gestionaba íntegramente el Departamento de Interior que, dependiendo de cada caso, derivaba la actuación en Mossos, Bomberos, SEM, agentes rurales o quien fuera. Esta derivación incluía a la Guardia Civil o la policía española en caso de que afectara a algún ámbito donde estos dos cuerpos tienen la responsabilidad, por ejemplo, si el incidente pasaba en fronteras o aduanas. Pero era Interior quien, con pleno poder de decisión, decidía pasar aquel expediente concreto a estos dos cuerpos. Ahora se ha decidido incorporar Guardia Civil y Policía Española dentro del sistema del 112 con todo lo qué eso implica de acceso a datos personales, operaciones en marcha y también el simbolismo que representa que la atención al ciudadano ya no será una exclusiva de alguien que lleva el escudo de la Generalitat. Dos hechos más lo agravan: se ha satisfecho sin ninguna resistencia una petición que venía del ministro del interior (Grande-Marlaska lo propuso hace unos meses) y por el contrario, la promesa que Mossos patrullen puertos y aeropuertos ha quedado en un cajón.

Es la primera vez que la Generalitat retorna voluntariamente parte de una competencia conseguida a la administración estatal"

Es la primera vez que, de manera voluntaria, la Generalitat cede una parcela de poder conseguido al estado. En estos 46 años de constitución española, el gobierno catalán ha ido cogiendo competencias que se han ido acumulando, consolidando e incluso en algunos casos se han llegado a considerar estructuras de estado: educación, sanidad, seguridad pública, pero también prisiones, comercio o una ínfima parte de gestión de subvenciones europeas para poner solo algunos ejemplos. Sí que es verdad que, cuando lo han considerado conveniente, diferentes gobiernos españoles se han afanado por recuperar total o parcialmente algunas de estas competencias cedidas a la Generalitat. Lo han hecho a base de vaciarlas de contenido, de inhabilitarlas con leyes estatales (de rango superior) o de dejarlas sin financiación. En algunos casos el mismo estado las ha recuperado sobre todo vía Tribunal Constitucional. El caso más grave, no hace falta decirlo, fue la intervención de la autonomía vía artículo 155. Pero nunca, nunca, nunca, ha sido la Generalitat quien por iniciativa propia ha retornado una parte de aquello alcanzado. Ahora se ha hecho con una lámina del 112, y para que quede claro el concepto es como si a partir de ahora los Mossos dejaran de patrullar por la AP7 porque es una vía de titularidad estatal y en su lugar lo volviera a hacer la Guardia Civil, como 25 años atrás. Puede parecer exagerado poner el grito en el cielo por una cuestión tan aparentemente técnica y escasa, pero lo qué es significativo es que establece precedente y abre la puerta a concesiones futuras.

Y todo eso en medio de la negociación, más discreta que mediática, del debate sobre el traspaso de las competencias de inmigración hacia a la Generalitat. Para empezar hay que decir que, también por primera vez en Catalunya, un partido a la oposición (Junts) es el que está liderando la consecución de una nueva herramienta política para un gobierno del cual no forma parte. Normalmente era el ejecutivo catalán el que, a través de los partidos, protagonizaba esta batalla política. Podía ser CiU, los tripartitos, Junts pel Sí o Esquerra, con o sin el concurso de las otras formaciones catalanas, pero el traspaso de los mossos, el nuevo estatuto, el pacto fiscal o el referéndum eran cuestiones en que el president de la Generalitat de turno se ponía al frente. Lo hacía intentando alcanzar el máximo consenso en el Parlament y después se iba a Madrid a exigirla. Si el partido en cuestión era decisivo en el Congreso de los Diputados, la cosa iba más rápida, pero el liderazgo político correspondía a los Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra o Aragonès. Ahora está pasando una cosa inédita: Junts está invirtiendo su influencia en Madrid para conseguir una competencia que, aparentemente, a Salvador Illa no le genera mucho entusiasmo, seguramente, porque -simplemente- esta cuestión no formaba parte de su agenda política (no la inmigración sinó quien la gestionaba). De hecho, en la página número 20 del programa electoral del PSC para las elecciones del mayo pasado, cuando se habla de inmigración dice literalmente que se procurará una "acogida siempre de acuerdo con la legislación española y europea". Ni una palabra sobre la posibilidad de que esta legislación sea catalana o la promesa que sea la Generalitat quien gestione la llegada.

A un Gobierno nunca se le ocurriría exigir el catalán a los inmigrantes, como sí se hace con el castellano"

Acabe como acabe, pase como pase, resultaría primordial que fuera la administración catalana quien tuviera, no ya la última palabra, sino alguna cosa que decir, con los flujos migratorios que puede asumir el país, con qué condiciones, con qué garantías y con qué protocolos. Por ejemplo, en la tramitación de permisos de trabajo, ni a los diferentes gobiernos del PP ni en los del PSOE se les ha pasado por la cabeza exigir el catalán para obtenerlo, como sí han hecho con el español. Esta condición sí que la puede imponer una Generalitat exigente con el cumplimiento de este y otros requisitos.

Y es que el futuro del catalán también ha vivido dos situaciones esta semana que dan una muestra de la encrucijada en que nos encontramos. La consellera de Salut, Olga Pané, ha admitido que en los tres últimos años han tenido que llamar la atención a 279 médicos porque no habían atendido a pacientes de la salud pública en catalán. No se trata de que una doctora o un enfermero sepa declamar los versos de "La vaca cega" de Joan Maragall, se trata simplemente, que si una persona acude al CAP y dice que le duele la garganta, todo cuánto personal médico la sepa tratar en catalán. Esta semana, sin embargo, también hemos podido comprobar con alegría cómo el Spotify Wrapped 2024 (aquella recopilación de las canciones más escuchadas este año en esta plataforma) aparecía en catalán para todos los usuarios que lo tienen configurado en catalán. Tan simple como eso: vivir plenamente en una lengua también incluye que el directorio para escoger un podcast esté también en tu lengua. A quién le parezca marciano, que piense en qué idioma deben de tener configurado Spotify la mayoría de personas que viven en Valladolid. Somos nosotros, los catalanes, los que demasiadas veces hemos decidido sucumbir a un médico, a una ley y, por más ridículo, a una máquina a la que -simplemente- se trata de añadirle el software correspondiente en catalán si así lo pide el usuario. De hecho, este sería el resumen de todo: Se trata, lisa y llanamente, de reconfigurar adecuadamente el país para asegurar el futuro de la nación.