Tras el intenso periodo electoral del último año, parece que entramos en un momento más propicio para análisis y reflexiones más aposentadas y profundizadas. Querría plantear aquí solo una cuestión: ¿en el marco legal español actual, resulta posible que Catalunya alcance un reconocimiento nacional y un nivel de autogobierno práctico congruente con este reconocimiento (de momento inexistente)?
No es una cuestión que se pueda responder de forma fácil o rápida. Requiere analizar toda una serie de elementos institucionales, pero también, y sobre todo, de elementos de dinámica política (partidos, organizaciones socioeconómicas y culturales, ciudadanía, medios de comunicación, mundo europeo e internacional, etc.) que hacen que aparezca una retahíla de escenarios posibles y de incertidumbres prácticas.
Muchos ciudadanos de Catalunya han evolucionado de la respuesta positiva que daban a esa cuestión hace unos veinte años a mostrarse escépticos o a pensar que la respuesta es negativa: desde el actual marco constitucional no se pueden lograr esos dos objetivos (reconocimiento y autogobierno nacionales). La legalidad es gran parte del problema, no de la solución.
Algunas de las fuerzas políticas "de izquierdas" o "progresistas" de Catalunya (un día deberíamos hablar del significado de estos dos términos) parecen convencidas de que se pueden alcanzar esos dos objetivos a través de un pacto con las fuerzas "de izquierdas" o "progresistas" españolas. Pregunta: ¿la experiencia empírica hace plausible esta posición?
Creo que la experiencia hace que la "carga de la prueba" de que esto resulta plausible recae en los partidos que lo defienden, básicamente dirigentes de ERC y de los Comuns (por delante de Junts y la CUP, más desengañados sobre las posibilidades teóricas y prácticas de las izquierdas españolas). No cito al PSC, ya que todo indica que ha perdido su autonomía respecto de lo que se decide en la calle Ferraz de Madrid.
Sabemos que desde la perspectiva del catalanismo político hay dos "carpetas" que resolver: la de la represión vinculada al procés independentista, especialmente después de los hechos de 2017, y la del autogobierno/autodeterminación del país. Si analizamos qué hacen y dicen los dirigentes del PSOE en relación con la primera carpeta, nos encontramos con los indultos y la ley de amnistía, ambas vistas retóricamente como decisiones que "normalizan" o "pacifican" la política catalana y mejoran la "convivencia". Esta es, sin embargo, una carpeta derivada del procés que no atiende las causas que lo provocaron, que son las de la segunda carpeta (reconocimiento y autogobierno/autodeterminación). Y resulta que esta segunda carpeta de momento está vacía.
Ser progresista en algunos ámbitos (social, institucional) no es ninguna garantía de serlo en otros ámbitos (nacional-territorial, internacional)
Creo que un déficit analítico con consecuencias políticas de ERC y los Comuns es que tienden a creer en el mito de la "izquierda española" como entidad "progresista". Sin embargo, sobre todo en el tema nacional-territorial, ser de izquierdas no coincide necesariamente con ser progresista. No solo porque hay distintas visiones sobre el progreso, sino porque se entrecruzan aquí distintas identidades nacionales en litigio. En otras palabras, ser progresista en algunos ámbitos (social, institucional) no es ninguna garantía de serlo en otros ámbitos (nacional-territorial, internacional). La contribución de estos dos partidos catalanes al haber de la carpeta antirrepresiva es innegable (junto con el rol de los dirigentes de Junts, especialmente los dirigentes del exilio). Han sido victorias del catalanismo independentista. Pero la segunda carpeta, que es la más importante para el país, es toda otra historia.
Los comportamientos y discursos de los dirigentes históricos y actuales del PSOE con respecto a las cuestiones nacionales se podrían dividir en dos tendencias, que podemos denominar conservadora y reaccionaria (ser progresista, en cambio, sería establecer reformas para hacer congruente el sistema político y constitucional con la plurinacionalidad de la sociedad española). La tendencia conservadora es la de aquellos a los que ya les está bien el statu quo del actual Estado de las autonomías. La actitud es la de no cambiar prácticamente nada. En cualquier caso, nada sustancial en ámbitos como la economía, la Unión Europea —en la que las comunidades autónomas no tienen prácticamente ningún papel—, la financiación, las inversiones, las infraestructuras, la sanidad, la educación, la investigación y las universidades, la cultura, etc. Es la postura del gobierno actual de Pedro Sánchez (con Sumar) y la del expresidente Rodríguez Zapatero. Los pasos que por necesidad han dado en la carpeta antirrepresiva se detienen en seco en el tema del autogobierno político y económico (y todavía más en el de la autodeterminación).
Por otra parte, la segunda tendencia es la de aquellos dirigentes más profundamente nacionalistas, algunos de los cuales resultan indistinguibles en el tema nacional-territorial de los dirigentes del PP (González, Guerra, Bono, Lambán, García-Page, etc.). Se da por sentado un nacionalismo español, presentado casi de "sentido común", así como una versión de la "igualdad" tan uniformista como ciega ante los privilegios, estos sí que empíricamente existentes, como la de la Comunidad de Madrid o de los que disfrutan comunidades receptoras de la solidaridad catalana. El papel de Sumar en el tema nacional y del autogobierno parece ser el del Don Tancredo de la tauromaquia, es decir, el de un inactivo inmovilismo ante los problemas. Ponerse de perfil en este ámbito no tiene nada de progresista.
El carácter "progresista" de la izquierda española no está para demostrarse, sino simplemente para mostrarse. El reto intelectual y político lo tienen aquellos que, dentro del catalanismo, creen que un acuerdo en el tema nacional-territorial entre las izquierdas catalanas y las izquierdas conservadoras/reaccionarias españolas puede propiciar un cambio efectivo, estructural, del sistema político. Por ejemplo, ampliando el autogobierno, la financiación sin comedias multilaterales, el poder de decisión de la Generalitat en el ámbito europeo e internacional o propiciando una reformulación estructural del obsoleto y reaccionario poder judicial español.
Decía Heródoto que es más fácil engañar a muchos hombres que a uno solo. Esperemos que en las actuales negociaciones, los partidos de la parte catalana se den cuenta de ello.