Después del incidente de Cerdeña queda claro que Carles Puigdemont sigue y seguirá siendo el referente de la resistencia soberanista catalana. Y que mientras no se resuelva el exilio, la herida entre Catalunya y España se mantendrá abierta y, como el volcán de La Palma, entrará esporádicamente en erupción según las circunstancias.

Solo una salida digna para el president, que fue elegido democráticamente y destituido al amparo de una legislación tergiversada, permitirá recuperar progresivamente la normalidad política desconflictivizada que pretenden socialistas y republicanos y anhela buena parte de la sociedad catalana.

Con todo, lo más interesante y/o alarmante que han puesto en evidencia los hechos de L’Alguer es comprobar hasta qué punto está dispuesto el búnker judicial a utilizar a Puigdemont o lo que sea para hacer caer al Gobierno de coalición que forman el PSOE y Unidas Podemos. Parece como si el Deep State pretenda un derrumbe traumático del actual Ejecutivo, dada la dificultad de la derecha española, cada vez más extrema, de ganar el poder democráticamente.

Efectivamente, a estas alturas Carles Puigdemont es un factor principal de desestabilización en la política española y no son pocos los interesados en aprovecharlo. Sin duda, quien sufrió el peor susto cuando trascendió la detención de Puigdemont en Cerdeña fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Siento llevar la contraria al muy honorable, pero desde cualquier punto de vista, el jefe del Ejecutivo es ahora mismo la persona menos interesada en que Puigdemont sea entregado a la Justicia española. Una detención en firme —y ya no digamos una extradición— haría saltar por los aires la legislatura española ... Y aún todo es posible.

Carles Puigdemont es un factor principal de desestabilización en la política española i el Deep State lo quiere utilizar no solo por su  manía represora sino para hacer caer al Gobierno de PSOE i Unidas Podemos

Todo el mundo sabe que con Puigdemont detenido o extraditado, las movilizaciones y las protestas en Catalunya impedirían al PSOE y a ERC mantener su apuesta por desconflictivizar el proceso. Los republicanos no tendrían argumentos para apoyar los presupuestos del Estado y Pedro Sánchez perdería la mayoría parlamentaria imprescindible para mantener la legislatura. En Catalunya, ERC debería hacer lo imposible para asegurar la continuidad del gobierno Aragonés y la mayoría parlamentaria independentista, sin muchas posibilidades de éxito, dada la predisposición de los grupos independentistas a matarse entre ellos por un quítame allá esas pajas.

En el ámbito español, no hace falta decir que derecha y extrema derecha pasarían a la ofensiva contra los socialistas disfrazándola de cruzada anticatalana, es decir, tratando al PSOE de traidores a la patria, y el poder judicial continuaría practicando aún con más euforia de la habitual la hoja de ruta de la represión. Todo son ingredientes que facilitarían, en un ambiente de histeria colectiva, una mayoría de extrema derecha en España y la consecuente convulsión, que es lo que querrían los partidarios del cuanto peor, mejor.

Todo esto no debería ocurrir si el próximo 4 de octubre la juez de Cerdeña evita pronunciarse sobre la extradición del presidente catalán exiliado confirmando su inmunidad cuando ejerce de eurodiputado. Sin embargo, de aquí al 4 de octubre puede pasar de todo y la batalla la librará el Tribunal Supremo español contra el Gobierno de Pedro Sánchez. No es osado describirlo como una crisis institucional sin precedentes.

Que el Gobierno no quiere saber nada de Puigdemont lo demuestra el hecho de que fue la abogacía del Estado quien informó al Tribunal General de la Unión Europea que la orden de detención contra Puigdemont estaba suspendida, cuando, de hecho, la suspensión corresponde al juez que la dictó, el inefable Pablo Llarena.

Es obvio que una vez anunciado el viaje de Puigdemont a L'Alguer, lógicamente el Supremo y la policía española, actuando como policía judicial, se pusieron en marcha y advirtieron a sus homólogos italianos, sin que el ministerio del Interior pudiera hacer nada para evitar la detención. No hay duda que unos quieren atrapar Puigdemont no solo por su obsesión represora sino por las consecuencias que conllevaría en la política española, y otros no tienen ningún interés por los mismos motivos.

Sin embargo, como de aquí al 4 de octubre se deberá aclarar la situación, asistiremos a dos escenarios, el Tribunal de Sassari y el Tribunal General de la Unión Europea, a un espectacular combate entre el Tribunal Supremo español, en actitud beligerante y un Gobierno haciéndose el sueco. Habrá acusaciones cruzadas por el enésimo ridículo español. Y el guirigay político estallará estrepitosamente.