Cuando mi partido decidió votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como primer ministro español y permitir otra legislatura con un gobierno de izquierdas en España era perfectamente consciente de algunas de las consecuencias negativas que eso comportaría. Algunas de ellas las anticipé a mis interlocutores políticos, que me miraban incrédulos.

No tuve que esperar demasiado tiempo. El lunes 6 de noviembre de 2023 era el día que inicialmente habíamos escogido hacer público en Bruselas el acuerdo suscrito entre mi partido y el PSOE que permitiría la investidura de Pedro Sánchez. Aquel mismo día, ni antes ni después, sino justamente aquel 6 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional española García-Castellón decide investigarme por un delito de terrorismo. El caso en el que ahora se me persigue como terrorista estaba parado desde hacía unos años; no se había procedido a ninguna diligencia ni se había tomado declaración a nadie de la supuesta trama terrorista que organizó en 2019 las protestas ciudadanas contra la sentencia del Tribunal Supremo español que condenaba a líderes políticos y sociales catalanes a un conjunto de 100 años de prisión. El hecho de que el juez decidiera despertar el caso el mismo día en el que se tenía que anunciar el acuerdo político de investidura no es una casualidad, porque desde hace años se sabe —y, lamentablemente, se acepta como cosa inevitable— que algunos magistrados coordinan las agendas judiciales con las políticas.

Que García-Castellón es un juez extremadamente amable con el PP lo describe su currículum y también sus decisiones. Su persecución contra Podemos y Pablo Iglesias por una supuesta trama de financiación ilegal y blanqueo de capitales pasará a la historia de los manuales de lawfare, también en el de la impunidad judicial para cometer abusos y convertir las manías ideológicas y religiosas personales en cruzadas judiciales para salvar España de rojos y separatistas.

Durante las semanas posteriores, el debate político en España se tensó y crispó hasta niveles inimaginables. La investidura de Pedro Sánchez y la tramitación de la Ley de Amnistía desencadenaron una dura reacción de la derecha y la ultraderecha, con manifestaciones semanales, acoso a las sedes del Partido Socialista y llamamientos a la desobediencia. Algunas de estas manifestaciones fueron violentas, y algunos de aquellos llamamientos eran claramente golpistas. La derecha europea se puso a disposición de la estrategia del PP y decidió involucrar al Parlamento Europeo en el debate de una ley nacional que todavía se tenía que aprobar, y convertir la comparecencia de Pedro Sánchez, entonces presidente de turno del Consejo de la UE, en un espectáculo vergonzoso.

Toda esta reacción no se produce por generación espontánea. Cuatro días antes de que el juez García-Castellón decidiera investigarme como terrorista, el expresidente español José María Aznar hacía un pronunciamiento en el que la instigaba sin complejos

Toda esta reacción no se produce por generación espontánea. Cuatro días antes de que el juez García-Castellón decidiera investigarme como terrorista, el expresidente español José María Aznar hacía un pronunciamiento en el que la instigaba sin complejos: "Quien pueda hablar, que hable; quien pueda hacer, que haga; el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación en la que nos encontramos". Aznar es el máximo referente de la verdadera derecha poderosa española. Quiero decir la derecha económica, la judicial y la mediática. Sus palabras encontraron respuesta diligente en los tres frentes de influencia. García-Castellón correspondió inmediatamente, la prensa conservadora desencadenó una campaña feroz mientras los representantes empresariales —y de la Iglesia también— se seguían movilizando contra el proyecto de ley de amnistía.

La ofensiva todavía se tenía que agravar. El pasado 30 de enero, el Congreso español tenía que debatir y aprobar la ley de amnistía. En otra de estas nada casuales coincidencias de agendas, un juez de Barcelona, conocido por su animadversión al procés de independencia, decide reactivar un caso que ya había archivado, y me pretende acusar del delito de traición a la patria por haber complotado con espías rusos ni más ni menos que la desestabilización de la Unión Europea. En cuestión de semanas, he acumulado dos de los delitos más severamente castigados del código penal español —terrorismo y alta traición— que en más de seis años nadie había advertido. Seis años en los que no han parado de vigilarme, espiarme y perseguirme, y solo se dan cuenta de que soy un terrorista y un traidor a la patria precisamente hace unas semanas, coincidiendo con uno de los acuerdos políticos más relevantes que se han producido desde la muerte de Franco.

La construcción del caso sobre la llamada trama rusa guarda bastantes similitudes con la construcción de la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M de Madrid. Durante años —todavía hay gente que lo piensa— se alimentó la idea de que los atentados habían sido obra de ETA —el propio José María Aznar llamó a medios de comunicación para asegurarlo, cuando todos los indicios ya apuntaban al yihadismo— con la voluntad de perjudicar las expectativas electorales del PSOE y beneficiar las del PP. La cantidad de literatura periodística y supuestos informes de expertos dirigida a sembrar la duda sobre qué había ocurrido realmente fue espectacular, colosal. Pocas veces se han destinado a alimentar esta falsedad tantas horas de radio y televisión, tanta letra impresa y tanta rumorología en las redes sociales de la época como en aquella ocasión.

La construcción del caso sobre la llamada trama rusa guarda bastantes similitudes con la construcción de la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M de Madrid

El modus operandi es el mismo. Se fabrican conclusiones a partir de hechos que no tienen relación entre sí. Se crea suficiente verosimilitud para que alguien acabe comprando una mercancía averiada y la ponga en circulación debidamente presentada como investigación independiente, y siempre hay un juez a quien, también casualmente, van a parar las causas. La bola se va haciendo grande, se va retroalimentando y se hace imposible de parar, hasta que un día pinche.

En esta estrategia se ha arrastrado también a un Parlamento Europeo convertido cada día más en una caja de resonancia de las estrategias partidistas de las delegaciones nacionales, en lugar de velar por la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión. El PP español ha conseguido imponer sus estándares a la mayoría conservadora europea, y es una noticia funesta para el futuro de la Unión. Pero de eso ya tendremos tiempo de hablar. La ligereza con la que se ha tratado todo el asunto ruso es espantosa. Me preocupa profundamente, porque no veo una manera más eficaz para llegar a los objetivos de Putin de dividir y debilitar a la UE que poner la credibilidad de las instituciones europeas al servicio de estrategias de destrucción de adversarios políticos utilizando métodos impropios de una democracia.

No ha existido ninguna trama rusa ni ninguna connivencia con el régimen de Putin, en ningún sentido. Nadie encontrará en mis decisiones, en mis declaraciones, libros y conferencias, votaciones... nada que se pueda interpretar en este sentido

No ha existido ninguna trama rusa ni ninguna connivencia con el régimen de Putin, en ningún sentido. Nadie encontrará en mis decisiones, en mis declaraciones, libros y conferencias, votaciones... nada que se pueda interpretar en este sentido. Han pasado bastantes años y he leído lo suficiente a Cioran y Kundera como para que quien se haya tomado la molestia de saber mi opinión sobre el régimen de Putin —antes y ahora— haya sacado una conclusión inequívoca. Lamentablemente, eso pide un esfuerzo demasiado grande que desmentiría el titular fácil.

No tengo ninguna duda de que en los países de la Unión Europa hay agentes de información de muchos países hostiles, Rusia incluida. Espero que también pase al revés. Y tampoco dudo de que estos agentes recogen información y que las cancillerías analizan la situación política desde su perspectiva y sus intereses. Desconozco completamente cuál es la estrategia rusa en relación con el conflicto histórico que Catalunya tiene con España, más allá de sus declaraciones oficiales a favor de la unidad de España. Como también desconozco la del resto de países del mundo, más allá también de decir lo mismo que ha dicho Rusia. Sin embargo, si nunca alguien de fuera hubiera pensado en utilizarnos para erosionar a la Unión Europea, habría fracasado. No ha sucedido, y no dejaríamos nunca que sucediera. El procés de independencia de Catalunya tiene unas raíces históricas y viene de muy lejos en el tiempo, pero no en la geografía. Quiero decir que no hace falta ir hasta los Urales para encontrar las razones que lo impulsan.

Lo que alimenta y desencadena el procés de independencia de Catalunya no es ninguna potencia enemiga. Los millones de personas que cada año se han manifestado para pedir votar, no los han movido los rusos. Detrás de la reforma del Estatut de autonomia no estaban los rusos. Tampoco el resultado de las tres votaciones en las elecciones catalanas que año tras año han dado la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya ha sido manipulado por los rusos. Ni la tenacidad con la que las instituciones y el pueblo de Catalunya organizamos el referéndum del 1 de octubre. Probablemente, a ciertos sectores de la España más nostálgica y más orgullosa le conviene más explicar que no les derrotamos los catalanes, gente normal, de la calle, debidamente organizada, sino que, de no haber sido por los espías rusos infiltrados, España habría parado el referéndum.

Me sabe mal por quienes han comprado este relato, pero las cosas no han ido nunca así.

Sabemos mucho de guerra sucia, y sabemos que quienes más han interferido en la democracia española han sido precisamente la policía patriótica, los jueces patrióticos y la corrupción sistémica del PP. Aquí el Parlamento Europeo encontraría motivos muy fundamentados para expresar profunda preocupación, porque hay algunos de sus diputados españoles que tienen una gran responsabilidad. Hay quien tiene miedo y calla. Algunos no lo hemos hecho ni lo haremos, por más problemas que nos busquen. Les recomiendo el artículo que ha publicado la periodista Elisa Beni en ElDiario hoy, día 8 de febrero, titulado "Da bastante miedo"; entenderán qué sentimiento existe ahora mismo en varios sectores de la sociedad española, no necesariamente independentistas ni aliados. "Da miedo —escribe Beni— poder confiar tan poco en un sistema que es capaz de crear pinzas jurídico-mediáticas para forzar procedimientos por delitos inexistentes o artificialmente inflados. Eso es lo que me da miedo a mí, y a tanta gente que sabe aunque prefiera no meterse en líos".

Lucharé para pinchar esta bola indecente, y para que todas las anomalías de este procedimiento afloren. Ojalá el Parlamento Europeo y España puedan llevar a cabo una investigación independiente de verdad, con relatores que no tengan intereses partidistas ni nacionales. Sin apriorismos ni prejuicios. Dudo de que sean capaces, porque aquí no interesa la verdad sino el relato.

Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, todo estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de ello también hablaremos en su momento. Como en la trama rusa, se sabrá todo.