La ley de libertad sexual es la ley más equivocada para tensionar la coalición. La peor elegida para poner de manifiesto el desacuerdo de Podemos y PSOE con una norma estrella del Ejecutivo y una deuda pendiente con las mujeres y las víctimas de agresiones sexuales. Por más que no evite las futuras revisiones, es incomprensible que el Ministerio de Igualdad rechace una posible solución técnica. Es compleja, como admite cualquier jurista, no frena que los recursos presentados rebajen más penas por agresiones sexuales hasta la aprobación de la nueva norma. Pero la mera posibilidad de taponar en el futuro los efectos lesivos ante la falta de una disposición transitoria merece una corrección y, por tanto, una nueva ley. 

La reforma es la única posibilidad de evitar los efectos negativos y despejar el ruido político. Despejar el camino para hablar del cambio de paradigma fundamental que incluye la norma. El sí es sí prioriza el testimonio de una joven que denuncia una violación cuando no hay imágenes. Aborda la sumisión química y los abusos que antes escapaban del radar penal. Tenemos en las noticias dos casos flagrantes que ejemplifican para qué sirve la ley. La defensa de Dani Alves podrá alegar que el futbolista mantuvo relaciones consentidas. Ahora, el testimonio de la joven negando que lo fueran es tan importante como los informes médicos y la palabra de camareros y amigas. La ley sirve para que una actriz como Jedet, en una fiesta de madrugada, pueda denunciar a un baboso por acoso sin normalizar que te hayan dado la noche a base de acosarte. Y del consentimiento a los recursos económicos. El sí es sí aborda la prevención y la protección del Estado que necesita una víctima para independizarse del agresor. Darle cuerpo legal al consentimiento es tan difícil jurídicamente como imprescindible.    

Sin esta reforma, el Gobierno se exponía a un conteo de revisiones semanales de aquí a las elecciones de mayo sin haber intentado corregir los efectos negativos de la ley

En la negociación y rectificación política, Igualdad se ha abierto a negociar y evitar el choque frontal de la coalición. Desde el PSOE y el Gobierno han anunciado la proposición de ley con o sin ellos, sin entrar en los ataques de Podemos. Pablo Echenique ha llegado a acusar a su socio de querer volver a la ley “que preguntaba a las víctimas: ¿cerraste bien las piernas?”. Desde Podemos mantienen que las negociaciones desde el Ministerio de Igualdad con el resto de carteras —Justicia, Interior y el propio Gobierno— son fluidas y comenzaron en el puente de diciembre, un mes después de la primera rebaja penal de seis a cuatro años a un agresor sexual condenado en marzo de 2021. Hoy van más de 300 revisiones y la certeza de que la proposición de ley no evitará el continuo goteo de rebajas. Según estas fuentes, presentaron tres propuestas de cambio judicial. Y es la del Ministerio de Justicia la que previsiblemente saldrá adelante. No sin el tira y afloja de los próximos días. Porque para Podemos la propuesta vuelve al marco anterior: elimina el eje del consentimiento. El PSOE lo niega y la mayoría de los socios aprueban el futuro cambio quirúrgico. En los próximos días, habrá reforma y habrá consenso. Retoques penales que elevarán las penas cuando hay violencia o intimidación. Más años en el Código Penal sin que la víctima tenga que demostrar que se resistió al violador. 

Sin esta reforma, el Gobierno se exponía a un conteo de revisiones semanales de aquí a las elecciones de mayo sin haber intentado corregir los efectos negativos de la ley. El empecinamiento de Igualdad por no abordar el cambio, señalar a los jueces como únicos culpables, es el abono de la oposición para seguir cargando contra el sí es sí. Y a una parte importante de la derecha le interesa más atacar al Gobierno que proteger a las víctimas. De hecho, los argumentos de Vox en su recurso al Tribunal Constitucional les delatan. La ultraderecha apela a la vulneración de la presunción de inocencia del agresor, la seguridad jurídica y ataca la regulación del consentimiento en el delito de agresión sexual. Cuando se apruebe la nueva ley, es muy probable que los nuevos bandos sean estos, los partidos que blindan el consentimiento y los que estaban más cómodos con la visión anterior. Ya lo dijo el abogado Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, en una ponencia: “Asistimos a algo tremendo. Hay colectivos (…), como el feminista, que están adquiriendo en el sistema penal una voz más allá de lo razonable”.