Por el principio de subsidiariedad, en su definición más amplia, se dispone que un asunto tiene que ser resuelto por la autoridad (judicial, política, cultural, patrimonial o económica) más próxima al objeto de la cuestión. Sobre este principio de subsidiariedad se sustenta la Unión Europea, según quedó establecido en el Tratado de Maastricht (1992). Su formulación quedó plasmada en el Artículo 5, modificada por el Tratado de Lisboa del 1.º de diciembre de 2009. Un análisis descriptivo de este principio puede encontrarse en el Protocolo 30 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anexo al Tratado.

Sea como sea, el principio de subsidiariedad no se refiere solo al reparto de competencias entre los diferentes niveles jerárquicos y/o funcionales de una estructura social, sino que constituye la expresión de un determinado concepto participativo de todos los grupos que interactúan en la mencionada estructura. Este principio, de necesaria aplicación en la política social y cultural, tiene como objeto el reparto y la limitación de las competencias para la ordenación de los grupos sociales y culturales. Además, también tiene como finalidad ordenar las relaciones de las sociedades intermedias.

La subsidiariedad supone reconocimiento de la autonomía de cada colectivo de la estructura cultural para establecer sus objetivos y decidir los procesos con que intenta alcanzarlos, pero también implica diálogo y participación de todos los miembros (individuales y colectivos) del entorno cultural, en la definición de los objetivos globales, en el diseño de las estrategias para conseguirlos, en su ejecución y en su evaluación, así como el respeto de los instrumentos de autorregulación y co-reglamentación.

Unas administraciones públicas acostumbradas al dirigismo hacen que las entidades culturales independientes queden relegadas al ostracismo por parte de unos poderes públicos que quieren lucir presencia y dirección

Pues bien, tengo la certeza de que este principio de subsidiariedad no se respeta en el espacio cultural de nuestro país. Unas administraciones públicas acostumbradas al dirigismo, hacen que, demasiado a menudo, las entidades culturales independientes (fundaciones, ateneos, asociaciones, etc.) queden relegadas al ostracismo por parte de unos poderes públicos que quieren lucir presencia y dirección. ¡Y que quieren que se note!

¿Es respetar las entidades que quieren dinamizar los ámbitos culturales del país, cuando una administración, sin encomendarse a nadie y a veces intencionadamente, hace coincidir actividades del mismo tipo con las previamente programadas por una entidad privada? ¿Se asegura la libre competencia cuando una entidad pública no cobra para asistir a un espectáculo musical, que si lo organizara una entidad privada tendría que cobrar para poder ajustar presupuestos? ¿Se quiere asegurar el acceso a la cultura o el lucimiento de la institución?

¿Es coherente que el enorme gasto directo de las administraciones públicas en actividades culturales repercuta en la escasez de recursos económicos para sostener actividades de las entidades culturales privadas, que se afanan para sobrevivir? ¿Es moral la ingente cantidad de burocracia que tienen que soportar las entidades privadas para poder obtener una escasa subvención de una entidad pública? ¿Han confundido las administraciones públicas la transparencia con la burocracia y el control? ¿Es razonable que las entidades privadas reciban el dinero acordado para una subvención después de haber realizado la actividad o cuando ya no hay tiempo para poder gastarlo de forma coherente? ¿Nos podríamos sentar los diferentes agentes implicados para hablar del tema?

¿Se puede definir como política cultural, con visión equitativa y de futuro, un riego gota a gota para satisfacer un poco a todo el mundo sin ayudar realmente a nadie? Como ya pasa en la administración tributaria, ¿los gestores culturales públicos tienen que tratar a las entidades privadas desde el principio de desconfianza y como presuntos sospechosos?

¿No sería más democrático y mejor que las administraciones se encargaran de la construcción y mantenimiento de los equipamientos culturales, y que confiaran en los ciudadanos, vía las entidades, para su programación y gestión? Está claro que el problema es que se gastan una gran parte de los presupuestos culturales en su mantenimiento, y pagado eso ya casi no queda para nada más. De todos modos, ¿el sector cultural privado tiene que soportar las incompatibilidades, rivalidades y falta de coordinación de las diferentes administraciones, que conforman un milhojas indigestible? ¿Se ha cuantificado cuántas entidades culturales privadas han tenido que cesar su actividad por deficiencias de las administraciones públicas?

La cultura va muy bien para los discursos, pero el problema es que en la práctica nuestra clase política, en general, ni sabe ni le interesa el tema, y así vamos. Una sociedad con una buena base cultural es más crítica, conoce mejor lo que quiere y es más difícil de engañar. Quizás por eso los presupuestos culturales han sido históricamente, y siguen siendo, bajos y los cuesta mucho aumentarlos. Los discursos son gratis.