Huelga decir que la voluntad política dominante en España, basada en una antidemocrática concepción de la razón de estado, pasará por encima de todo y suspenderán a los diputados Junqueras, Rull, Sànchez y Turull y al senador Romeva. Quedará, por lo tanto, alterada la correlación de fuerzas surgida de las urnas. Será una tergiversación de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos y se atentará contra el derecho a la representación política de los diputados electos encarcelados y del millón y medio largo de ciudadanos catalanes que les votaron. Suspenderán, pero no convencerán

Es tan burda la operación que nadie quiere asumir la autoría y por eso se pasan la pelota el poder judicial y el poder legislativo. Desde que se inició la ofensiva político-judicial contra el soberanismo catalán y con la indisimulada intención de desarticular el movimiento, se ha forzado tanto la interpretación de las leyes que incluso sus patrocinadores políticos y judiciales intentan escaquearse no sea que sus decisiones tengan más tarde o más bien algún efecto bumerán.

El Tribunal Supremo desea firmemente que los diputados independentistas que tiene encarcelados desde hace más de un año sean suspendidos y lo ha dejado bastante claro, pero quiere que la decisión última la tome el Congreso para no cometer injerencia del poder judicial sobre el poder legislativo. No era exactamente el mismo caso, pero Marchena ya tuvo un disgusto cuando el caso Atutxa. Este de ahora, es un asunto que fácilmente llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Unión Interparlamentaria, la organización internacional de los parlamentos, con sede en Ginebra, que es un organismo muy sensible a los abusos antidemocráticos, pero sobre todo, a la primacía del poder legislativo sobre sus miembros, es decir, los diputados y los senadores.

Ahora que Jaume Collboni parecía recuperarse en las encuestas, una decisión de los socialistas contra los presos antes del domingo dejaría sin posibilidades al PSC de recuperar la alcaldía de Barcelona y pondría en peligro otras

Los parlamentarios, por el hecho de serlo, tienen unos privilegios. Ciertamente, el aforamiento de los diputados ha derivado, en la mayor parte de los casos, en una protección de los políticos corruptos. Sin embargo, en un principio, el aforamiento de diputados y gobernantes tenía como objetivo proteger a los representantes del pueblo de los poderosos. Del uso perverso que los poderosos podrían hacer de la justicia para neutralizar la actividad política de los elegidos para combatir los privilegios injustos. Desde este punto de vista, deberían ser los órganos de gobierno de las cámaras los principales interesados en defender su jurisdicción sobre la situación de sus miembros. Pero ahora resulta que todo lo que se criticó del PP, en el sentido de judicializar un conflicto político, de endilgar las decisiones políticas a los jueces, se vuelve a reproducir con una mayoría socialista que, por falta de coraje político, también pretende que los jueces le saquen las castañas del fuego.

No hay que olvidar que todo viene determinado por la tan discutible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo aplicable, eso sí, automáticamente a "persona (procesada y en situación de prisión provisional) integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes" y por una acusación sin sentencia firme del delito de rebelión que, según interpretación del Tribunal Constitucional, requiere "el uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos” para destruir el orden constitucional.

Se da la circunstancia de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no tiene el rango de ley orgánica como sí lo tiene el Reglamento del Congreso, que no prevé tanto automatismo: “El diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la cámara la autorización de un suplicatorio (...), se encuentre en situación de prisión preventiva".

Varios juristas y letrados ya han argumentado que si debe decidir el Congreso la suspensión de los diputados, no se podría hacer sin el suplicatorio previo que establece el Reglamento. Esto no lo quiere el Tribunal Supremo ―ya lo ha dicho― porque habría que detener el juicio, pero menos aún lo quiere el Partido Socialista. Primero porque provocaría un enfrentamiento entre poderes, al que los socialistas no se atreven. Pero, además, los socialistas intentan que la suspensión de los diputados independentistas les venga llovida del cielo, que no tenga que pronunciarse ni siquiera la Mesa, que ahora preside Meritxell Batet, porque se verían obligados a reeditar el bloque del 155 con PP y Ciudadanos y ahora, además, con el indeseable apoyo de la extrema derecha de Vox. Los titulares de la prensa europea dispararían el prestigio franquista de la Marca España. No sería la mejor manera de empezar la legislatura ni supondría ningún avance para superar el conflicto. Y algo más. Ahora que Jaume Collboni parecía recuperarse en las encuestas, una decisión de los socialistas contra los presos antes del domingo dejaría sin posibilidades al PSC de recuperar la alcaldía de Barcelona e incluso pondría en riesgo también algunas otras.