Siguiendo lo que se considera la actualidad en los medios de comunicación, no costaría demasiado llegar a la conclusión de que la política se ha convertido en un género de ficción en el que guionistas y actores solo aspiran a convencer a espectadores fieles que toman por idiotas. A menudo los discursos y los debates más enconados tienen más que ver con el objetivo propagandístico (o contrapropagandístico) de sus patrocinadores que con las cuestiones de fondo.
Ejemplos hay un montón. Donald Trump es un especialista en hacer anuncios que después quedan en nada, aunque en ocasiones la propaganda (o la amenaza) también produce efectos. En todo caso, Estados Unidos no ocupará Gaza para convertirla en un destino turístico, no comprará Groenlandia y tampoco podrá deportar a los hijos de los inmigrantes nacidos en territorio de EE. UU.
Salvando todas las distancias, nos quedan más cerca iniciativas autóctonas. Sin ir más lejos, la adquisición de la casa Orsola, un misterioso negocio municipal que nadie que tenga interés en la operación puede considerar un ejemplo de lucha contra la especulación urbanística y tampoco una medida de promoción vivienda asequible para la clase trabajadora. Nada de todo esto. El Partido Socialista, que gobierna el Ayuntamiento y la Generalitat y, por tanto, es el verdugo de los impopulares desahucios, ha invertido 9 millones de euros que no son suyos en desarticular una protesta ciudadana.
Peores consecuencias ha tenido la norma impuesta por el equipo municipal de Ada Colau que obliga a los promotores de viviendas a reservar el 30% de cada proyecto a vivienda social. Como es sabido, el resultado ha sido catastrófico, porque los constructores han dejado de construir en Barcelona, con lo que la falta de oferta ha disparado el precio de la poca que hay.
Suele ocurrir que el objetivo propagandístico combinado con una falta de rigor en la redacción de las normas tiene efectos contraproducentes. Otro ejemplo de estos días es la iniciativa del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5. Después de protagonizar los espacios informativos de las televisiones, las tertulias de todos los medios e incluso de pronunciamientos académicos de especialistas (que tampoco son nunca del todo neutrales) parece bastante previsible que la iniciativa se convierta en fuego de virutas.
De la misma manera que en la pasada legislatura la ley conocida como del solo sí es sí supuso el producto estelar que justificaba la presencia de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, en esta legislatura la guinda de Sumar, y más que de Sumar, de Yolanda Díaz, necesitada que está de conseguir algo que no sea una derrota, es la reducción de la jornada laboral en 2,5 horas a la semana. A su favor tiene que todo el mundo entiende que trabajar menos y poder disfrutar de más tiempo libre es un progreso de la humanidad que entre otros efectos puede ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Sin embargo, haciendo una acientífica encuesta entre gente asalariada sobre esta iniciativa gubernamental, más o menos todos los consultados han expresado un cierto desinterés, como si la cosa no fuera con ellos. Pero cuando la pregunta es si prefieren trabajar menos o cobrar más, todos eligen la segunda opción. Y algunos lo expresan con indignación, como queriendo decir que ya sería hora.
La prioridad para un gobierno progresista debería ser el aumento de salarios. En muchas familias de clase media se da el caso de que los abuelos jubilados tienen una pensión superior a los hijos que trabajan, lo que representa una amenaza para todos
El aumento de las desigualdades de los últimos años se debe a que los muy ricos se han hecho aún más ricos, pero también porque los que no son ricos se han empobrecido en relación con su poder adquisitivo. El gran problema de la clase trabajadora son los salarios bajos con efectos perniciosos por la vida de las personas. Sin ir más lejos, la dificultad para conseguir una vivienda digna también viene determinada por el desequilibrio entre el precio del alquiler o de la adquisición de un piso y el sueldo que cobran los jóvenes que aspiran a emanciparse y que no tienen forma de ahorrar. ¡Y los que pueden hacerlo son privilegiados que se empeñan con hipotecas a 30 años!
Desde este punto de vista, lo que cabía esperar del Gobierno español más progresista de la historia sería aplicar políticas que corrijan estos desequilibrios. Hay que reconocer que algo se ha hecho en los últimos años con el salario mínimo, pero la cruda realidad es, según el informe de Adecco Group Institute de noviembre de 2024, que el salario medio bruto en España en 2024 es de 1.981 euros al mes (calculado para 12 pagas anuales). El propio estudio revela que el salario español más frecuente (conocido como salario modal) es de 18.500 euros al año (aproximadamente unos 1.280 euros netos al mes). En muchas familias de clase media se da el caso de que los abuelos jubilados tienen una pensión superior a los hijos que trabajan, lo que representa una amenaza para todos
Ciertamente el Gobierno no puede subir los salarios por decreto, pero reducir unilateralmente la jornada de trabajo invita a los empresarios a negociar a la baja el aumento de los salarios, dado que la reducción de jornada ya supone de facto un aumento salarial del 6,6% que los trabajadores no encontrarán en su nómina.
Los economistas aseguran que la economía española tiene un grave problema de productividad. Generalmente las políticas que han tenido más éxito han sido las que han potenciado la productividad y de rebote el aumento de salarios. Los países que las han aplicado no lo han hecho con decretos unilaterales sino con políticas concertadas a medio y largo plazo de inversión en educación, formación profesional, innovación e infraestructuras.
Volviendo a la política, la vicepresidenta Yolanda Díaz buscaba un titular que pudiera capitalizar políticamente como gran defensora de la clase trabajadora, pero los titulares suelen tener rendimientos efímeros. La iniciativa ha sido una concesión del PSOE a sus socios de gobierno, seguramente a cambio de que no molesten en otros asuntos, pero la pelea pública de la vicepresidenta con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a quien Díaz consideró “una mala persona”, no hace prever una aplicación entusiasta de una norma que se debe desarrollar a lo largo de un año siempre que acabe siendo aprobada por el Parlament.
La reducción de la jornada laboral no afecta a los funcionarios ni a las grandes empresas que por convenio ya trabajan menos de 40 horas semanales. La medida afecta a las pequeñas y medianas, es decir al 99,8% de las empresas que representan poco más del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo empresarial total. Y territorialmente donde más afecta es en Catalunya con una estructura empresarial específica. Pequeños talleres, comerciantes y restaurantes gruñen (como siempre hacen) pero esta vez su lamento ha adquirido un tono casi melancólico, como sintiéndose el que siempre acaba pagando la fiesta.
Que la reducción de la jornada laboral acabe aprobándose depende de que Junts per Catalunya la apoye. Junts per Catalunya ya no es Convergència, pero todavía mantiene una cierta representación de pequeños empresarios, tenderos y comerciantes. Es probablemente su clientela electoral más numerosa y ya existen otras opciones políticas decididas a disputarle ese mercado. Los portavoces de Junts se muestran abiertos a negociar el contenido de la norma, pero Junts, con cierta lógica, solo quiere negociar con el PSOE y el ministro Cuerpo ya ha evidenciado el entusiasmo socialista por la propuesta estrella de Sumar. ¿Qué interés tendrán los socialistas en ofrecer contrapartidas a Junts en este terreno para que dé su apoyo? Después de todo, el PSOE ya ha cumplido con Sumar. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto. Si no hay mayoría parlamentaria podrán decirle a Yolanda Díaz que ellos han hecho lo que han podido y mira qué mala suerte. Así que lo más probable es que Junts desvirtúe la norma a golpe de enmiendas, dejándola en papel mojado, o simplemente vote en contra. Y todo el revuelo no habrá servido ni para que Sumar gane un voto. Y tendremos derecho a sospechar que todo ha sido puro teatro. “Del malo”, que diría Mourinho