Que la vergonzosa crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya resuelto, después de más de cinco años con los mandatos de sus miembros caducados, eligiendo a una mujer para presidir el órgano de gobierno de los jueces españoles, y al mismo tiempo para presidir también el Tribunal Supremo (TS), ha sido recibido entre los poderes del Estado —tanto los reales como los fácticos— como una buena noticia. La realidad es que esto por sí solo no arregla nada, ni hace desaparecer las muchas carencias que arrastra la justicia española, como de hecho lo demuestra que el primer discurso de la nueva presidenta, la magistrada Isabel Perelló, haya sido un mero alegato corporativista.
La información oficial dice que Isabel Perelló es catalana porque nació en Sabadell el 1958 y que forma parte del sector progresista de la magistratura, porque pertenece a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Es curioso que la judicatura española esté dividida entre conservadores y progresistas y que los primeros sean presentados como los malos de la película y los segundos como los buenos. Cuando, a efectos de Catalunya, todos son jueces españoles y todos actúan igual cuando se trata de dirimir casos que afectan a las aspiraciones nacionales de los catalanes. Y es que no hay que olvidar que son uno de los poderes del Estado español que, conjuntamente con el resto —el policial, el militar, el del alto funcionariado…—, todavía arrastra muchos tics franquistas.
Por todo ello, no debe ser nada extraño que Isabel Perelló se haya estrenado con un mensaje, justamente en clave catalana, cerrando filas con los jueces que han abanderado y abanderan la lucha contra el proceso soberanista. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”, ha proclamado en clara referencia a la no aplicación de la ley de amnistía, por parte precisamente de estos togados, a Carles Puigdemont, a algunos dirigentes de JxCat y ERC, a los CDR procesados por el llamado caso Judas y, entre otros, a un buen puñado de activistas. No le ha sido necesario ni ser explícita, se le ha entendido todo: quien calla otorga. Y ha hecho un llamamiento, en el mismo sentido, “a las diferentes fuerzas políticas y los poderes del estado” para que “respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan” y para que “eviten ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la administración de justicia o de sus integrantes”.
La defensa de la identidad propia de Catalunya y su voluntad de independencia siguen estando en el punto de mira de la mal llamada justicia española, sean conservadores o progresistas quienes la dirigen
El objetivo de su mandato será, pues, “salvaguardar la independencia judicial ante posibles injerencias externas”, porque “solamente aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho”. Está muy bien que la nueva presidenta del CGPJ y del TS quiera defender el trabajo de los jueces a los que representa —entre otras cosas le debe entrar en el sueldo hacerlo—, pero quizás debería empezar por aplicar todas las recomendaciones que ha incluido en la carta de presentación en su propia casa. Porque resulta que nadie puede decirles cómo se debe aplicar la ley, ¿pero que ellos sí pueden pasársela por el forro, retorcerla y desvirtuarla hasta el punto de reescribirla de pies a cabeza y darle un sentido completamente diferente, sino contrario, al pretendido por el legislador, o inventarse relatos para sustentar delitos inexistentes, como sucede efectivamente en el caso de la ley de amnistía y ha sucedido en todas las causas relacionadas con la celebración del referéndum del primero de octubre? ¿O es que de adoptar a sabiendas resoluciones que son manifiestamente injustas ahora ya no se le llama prevaricar? Y porque resulta también que el poder judicial debe estar libre de injerencias externas, ¿pero que, en cambio, puede inmiscuirse en lo que hacen y dejan de hacer los demás, sobre todo el poder legislativo?
En cuanto a la reputación de los integrantes de la administración de justicia española, que no se preocupe Isabel Perelló, que con la imagen dada estos últimos años tanto internamente —sobre todo fruto de la intransigencia del PP para no perder el control del aparato judicial, aunque fuera por la puerta de atrás— como en el exterior, y muy especialmente en el resto de Europa, el descrédito que en la mayor parte de casos han acabado acumulando se lo han ganado a pulso. Tiene razón, eso sí, cuando constata que la separación de poderes es la garantía del Estado de derecho, pero tendrá trabajo en poder ponerlo en práctica, porque esto es justamente lo que más le falla en estos momentos a España y básicamente por culpa de las deficiencias del estamento judicial.
No debe ser casualidad que el nombramiento haya coincidido con la instantánea del PP —y de las autonomías en las que gobierna, más la de Castilla-La Mancha encabezada por el díscolo mayor del PSOE Emiliano García-Page— presentando recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional (TC), que ya se ha encargado de hacer saber que tardará entre seis meses y un año en resolver la cuestión, cuando no hace tanto tiempo, cuando se trataba de asuntos vinculados al movimiento independentista, los liquidaba de un día para otro. Tampoco debe ser casualidad que el momento coincida con la decisión de la Audiencia Nacional de no amnistiar a los miembros de los CDR de la operación Judas y trasladar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y tampoco debe serlo, en fin, que los recursos de los encausados se dilaten para poner cuantas más trabas mejor a los diferentes procesos.
El PSOE y el PP deben de haberse quitado un peso de encima renovando finalmente el CGPJ, repartiéndose las sillas para ser más exactos, que es lo que en realidad han hecho. Y con el nombramiento de una mujer como nueva presidenta del órgano de gobierno de los jueces parece que haya cambiado quién sabe qué, pero para la causa catalana todo sigue igual. Es la máxima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa de que todo cambie para que nada cambie, porque la defensa de la identidad propia de Catalunya y su voluntad de independencia siguen estando en el punto de mira de la mal llamada justicia española, sean conservadores o progresistas quienes la dirigen, que en primero lugar y antes que nada son españoles, y todos españoles de los de la sacrosanta unidad de España.