Decía José Antich, en su artículo del sábado, que cada vez es más difícil defender la idea de que los problemas judiciales que rodean a Pedro Sánchez obedecen solo a una persecución política togada. Ciertamente, son tantos y de tan diversa condición los diferentes juzgados que lo acosan, desde el Supremo hasta la Audiencia, el TSJ o incluso simples juzgados de instrucción, que alguna verdad debe de haber entre tanto rumor que se oye. Del asunto Koldo al asunto Ábalos, pasando por otras causas colaterales, todas las flechas apuntan a la Moncloa. En cualquier caso, acabe como acabe el duelo, dos cosas están claras: la guerra política se ha trasladado definitivamente a los juzgados y tiene cariz de guerra total; y ambos bandos del bipartidismo español la utilizan de la misma manera.

Si me permiten, y como preámbulo, no deja de ser poético —justicia divina, diríamos— que los dos partidos que han utilizado las armas del lawfare contra el independentismo durante todos estos años ahora se acusen mutuamente de utilizar los juzgados para la guerra política. Los líderes y la sociedad civil catalana han sufrido y siguen sufriendo en su propia piel el uso y abuso de los juzgados para neutralizarlos, reprimirlos y destruir la causa que defienden, y el ejemplo más actual (y bestia) es la no aplicación de la amnistía, una ley aprobada en las Cortes que los jueces se niegan a aplicar por cuestiones ideológicas. El independentismo sufre la extorsión de todos los poderes del Estado, pero es en el uso represivo del poder judicial donde el Reino de España muestra su cara más antidemocrática. Que ahora nos hablen de lawfare aquellos que han forzado el derecho hasta límites indecentes para poder sentenciar de la manera más brutal; que han espiado a ciudadanos, políticos y abogados por orden de los servicios de inteligencia; que han inflado instrucciones delirantes para mantener acusaciones imaginarias, y que han permitido una politización de la justicia propia de repúblicas bananeras…, que todos estos se tiren ahora las togas por la cabeza es un espectáculo bonito de ver, palomitas incluidas. Ya avisábamos desde Catalunya de que el uso extorsionista de la justicia para luchar contra el independentismo lo que destruía realmente era la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, fuera cual fuera la causa. Decían “imperio de la ley” y en realidad eran bombas de tiempo que harían explotar la democracia. Activado el monstruo, los males vienen solos.

Ya avisábamos desde Catalunya de que el uso extorsionista de la justicia para luchar contra el independentismo lo que destruía realmente era la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, fuera cual fuera la causa

Heridas catalanas aparte, el gran debate sobre el lawfare y el uso perverso de la justicia ya está en el centro del debate español, con acusaciones mutuas por parte de las dos grandes familias políticas españolas, acostumbradas a vivir en el paraíso del bipartidismo, y ahora desbordadas por la situación multipartidista actual. El PSOE denuncia jueces ideológicos que los persiguen, y el PP asegura que los socialistas han desplegado su mano alargada en el Constitucional. Resumido en un solo enunciado, la guerra PP-PSOE ha transmutado en la guerra Constitucional-Supremo, o en la guerra Conde Pumpido-Marchena, para acotar más el foco. Por el camino, batallas múltiples donde todos abusan de los mecanismos de la justicia para dañar al adversario, verbigracia del poder político que ejercen. No olvidemos que España es el país donde un líder del PP puede decir aquello del “controlamos el Supremo por la puerta de atrás” y el líder del PSOE remachar aquello de “ya sabemos todos de quién depende la fiscalía”. Los del PSOE se lamentan de este acoso judicial en torno a Sánchez, que adjudican a la mano negra del PP. Y tienen razón de estar preocupados, porque si se unen todas las borrascas, pueden sufrir la tormenta perfecta. A estas alturas, después de la querella del PP contra el PSOE, el universo político ha mutado definitivamente, y el ahogo nos acerca a un final brusco de legislatura.

Pero si el PSOE tiene razón —o puede tenerla— en un posible lawfare de algunas de las causas que se le han abierto, el propio partido practica el abuso político de las instituciones jurídicas, con casos tan escandalosos como el que está protagonizando el fiscal general del Estado por el asunto de la filtración de conversaciones privadas, o el que ha protagonizado la abogacía del Estado en el caso Begoña Gómez. En los dos asuntos, la actuación ha sido aberrante y abusivamente partidista. ¡Qué hace la abogada del Estado querellándose contra un juez que investiga a la mujer del presidente! Y cómo es posible que el fiscal general, después de estar imputado, se aferre desesperadamente al cargo, a pesar del daño que hace a la institución. Emulando el “culo di ferro” de Berlinguer —sin la épica del italiano— lo que demuestra es que se la resoplan las reglas de juego que él mismo debería tutelar.

Tres conclusiones, como resumen. La primera, la putrefacción de la democracia española, que mantiene intacta la mentalidad de control del poder judicial, vía poder político. Y aquí no hay “derechas o izquierdas”, está la vocación de autarca de erosionar la independencia de poderes propia de las democracias. La segunda conclusión es que, iniciada la guerra judicial, la vía política queda muerta y con ella quedará muerta, probablemente, la legislatura. Todo lo que pase a partir de ahora tendrá más que ver con los tribunales que con los parlamentos, y este paradigma lo contaminará todo, alianzas políticas incluidas. Y la tercera conclusión, la convicción de que el PSOE está bebiendo el veneno que ellos mismos ayudaron a crear. No olvidemos que permitieron, aplaudieron y se aprovecharon de toda la represión judicial que sufrió el independentismo. Al fin y al cabo, si gobiernan ahora Catalunya es gracias a la “pacificación” ganada por la vía de la represión política y judicial. Vía represiva y lawfare que el actual habitante de la casa dels Canonges aplaudía con las orejas. Como diría aquel, la verdad está en el Talmud cuando dice aquello de “desgraciada la generación cuyos jueces tienen que ser juzgados”. Los jueces y los políticos…