Al final del siglo XX, el PP de Aznar y la Convergència de Pujol votaban a favor del Plan Hidrológico Nacional, en el Congreso y el Senado. Aquella ley (10/2001) aprobaba el dichoso trasvase del Ebro y también contemplaba la construcción de desalinizadoras y la creación del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (el llamado CPIDE), que acabaría presidiendo el dirigente del PP en Tortosa, Joaquín Fabra, a razón de 73.000 € al año. Era como poner el lobo a cuidar las ovejas, además de ser cornudos y apaleados. Es decir: la ley que autorizaba la detracción del agua del río —hecho que certificaba su defunción y la del Delta— proponía, al mismo tiempo, protegerlo con un plan. Todo dentro de un mismo texto. Vienen de lejos las maniobras que ahora se cobijan bajo el nombre de ómnibus.

Diez años más tarde, en 2011, el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, se apuntó a la fiesta de este cóctel legislativo y quiso que le aprobaran de golpe una serie de 600 artículos (que abarcaban temas dispares vinculados a sanidad, enseñanza o cultura) en un decreto ómnibus que, a priori, pretendía agilizar la administración pública y la promoción de la actividad económica, pero que colaba algún que otro recorte. Un modus operandi que, el mismo año y recién llegado a la Moncloa, también aplicó un tal M. Rajoy, que no sé si sabréis de quién hablo solo con la sigla de su nombre. Casi una década después, en marzo de 2020, el gobierno del Estado, ahora ya con Pedro Sánchez al frente, planteó otra ley de estas, que metía en el mismo saco pensiones, mascarillas y CNI. Y todavía volvió en 2024, abonado a una manera de hacer un poco sospechosa.

Todos estos ejemplos —hay más— han corrido distinta suerte. El trasvase del Ebro fue derogado por Zapatero en 2004, Artur Mas —ante las protestas de la oposición y la evidencia de que se encontraba en minoría en el Parlament— finalmente tuvo que trocear aquel transatlántico en tres proyectos de menor tamaño y con los contenidos mejor distribuidos, Rajoy pudo convalidar algunas medidas (entonces tenían mayoría parlamentaria) y Sánchez ha ido trampeándolo: en 2020 salió adelante con la excusa de la emergencia por pandemia y en 2024 le fue por los pelos de un calvo: aquella ley se aprobó por 172 a 171 votos. Junts amenazó con tumbarla hasta última hora porque consideraba que peligraba la aplicación de la ley de amnistía —que igualmente no ha acabado beneficiando a todo el mundo— y finalmente se ausentó de la votación, permitiendo que se aprobara por los pelos.

Ahora nos encontramos que gato escaldado del agua fría huye y varios grupos políticos han dicho que hasta aquí. Hacía tiempo que avisaban y el PSOE de un Sánchez que ha preferido envanecerse, culpa a los que no le aplauden su hermosura a pies juntillas. Es cierto que todo el mundo actúa por tacticismo partidista y que esta vez no quedan muy claras cuáles son exactamente las partes negativas del ómnibus que han llevado a los grupos a votar en contra (como antes serían evidentes el trasvase, los recortes o la amnistía) pero se ve que es más un castigo por las formas que por el fondo. El cómo ha condicionado el qué. La posibilidad de aplicar un real decreto ley está contemplada en el artículo 86 de la Constitución (aquella que insisten en decir que nos dimos entre todos), como también lo está la necesidad de que se convalide posteriormente en las Cortes. Si en el hemiciclo estás en minoría, pero desde el pedestal actúas como si tuvieras mayoría, entonces pasa lo que pasa.

Unos abusan de la ley ómnibus para aprobar lo que quieren o para poder acusar al enemigo de desleal, los otros marcan territorio sin tener en cuenta que los perjudicados somos nosotros

Aquello que tendría que ser una excepción, se está convirtiendo en norma. No se puede gobernar eternamente a golpe de decreto heterogéneo para evitar el debate y la enmienda y, después, acusar a los que no te ríen las gracias. Eso más bien parecería chantaje. El PSOE deja pasar tiempo para desgastar a los que han votado que no, como si no fuera igualmente responsable del estropicio y habla de “dolor social” con cierta demagogia. Por momentos, incluso podría creerme que lo ha presentado expresamente sabiendo que perdería para, así, poder señalar a los adversarios. Nada se me extrañaría de este trilero. Si no, ¿por qué no presentas las medidas por separado? Ahora bien, las fuerzas que han hecho decaer medidas favorables para la ciudadanía (como la subida de las pensiones o la bonificación del transporte público) quizás es que tampoco son los principales damnificados.

La cuestión es que el día después de la disputa en el Congreso, tú ibas a la taquilla de la Renfe y ya no podías comprarte el abono recurrente. Chico, no van tan rápido a la hora de hacer la devolución de la renta, que algunos todavía no hemos cobrado la del año pasado. Tampoco están vigentes los descuentos de transporte vinculados a la Autoritat de Transport Metropolità (que, eso sí, ha dicho que mantendrá el descuento motu proprio) y a saber qué pasará con la Autoritat Territorial de Mobilitat, claro que en las Terres de l'Ebre no lo notaríamos porque ATM ni tenemos —aunque hace años que la reclamemos—, ya que Junts en su día lo impidió y nos endosó una mesa de movilidad inoperante, los mismos de Junts que ahora hacen decaer la medida general. Un poco extraño todo. Presentarte como ofendido cuando tú si puedes también ofendes... Esto del ómnibus no es nuevo, aunque no le dijeran así. Como bien expresa el escritor Joan Lluís Lluís, podríamos considerar que el primer ómnibus de la era moderna española “fue aquel referéndum de 1978 en el que colaron el restablecimiento de la monarquía en medio de la Constitución, para evitar que el pueblo votara en referéndum separado si no quería, más bien, una república”. Aquí el más tonto hace relojes de madera y quien puede imponer no escoge dialogar.

Unos abusan del cajón de sastre para aprobar lo que quieren o para poder acusar al enemigo de desleal, los otros marcan territorio sin tener en cuenta que los perjudicados somos nosotros, el pueblo. Pedro Sánchez juega a hacer de Harry Potter y quiere aprobar un Totum Revolutum, como si fuera su particular Expecto Patronum. Un truco de magia que le han descubierto. Ya le tienen tomada la medida. Al fin y al cabo, la miseria de siempre aplicada por magos diferentes que cuando no son ellos quienes tienen la varita, ponen el grito en el cielo o se disfrazan de Voldemort. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mientras tanto, entre conjuro y hechizo, somos la gente la que vemos desaparecer servicios y beneficios. Ellos juegan con las cartas marcadas y nunca somos nosotros los que ganamos. Aun así, como reflexión final, un tuit de Antonio Baños nos ayuda a poner contexto: “¿Os habéis parado a pensar por qué cualquier mejora, incremento, derecho o servicio que favorezca a las clases populares catalanas se tiene que votar en la ciudad de Madrid y con el concurso de gallegos, canarios o cántabros? Exacto”.