Fuera por virtud o por necesidad del presidente del Gobierno, parecía que la mayoría parlamentaria progresista y plurinacional del Congreso de los Diputados ofrecía por primera vez desde la Transición la oportunidad de llevar a cabo algunas reformas importantes del Estado. Reformas que nunca se habían planteado por la connivencia de los dos principales partidos de ámbito estatal en perpetuar un statu quo de poder vertical heredado de la dictadura en el que la derecha se ha sentido siempre titular y el PSOE, un invitado agradecido. En este sentido, el reciente acuerdo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial desvanece cualquier esperanza de cambio.

Pedro Sánchez ha traicionado a sus aliados y se ha traicionado a sí mismo. Hace dos meses justos de cuando el jefe del Ejecutivo abrió "un punto y aparte" declarando solemnemente un compromiso democrático. “Asumo ante ustedes —dijo el 29 de abril— el compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades (…). Sólo hay una manera de revertir esta situación: en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”. Sánchez ha tirado la toalla porque no se ve capaz de plantear la batalla política que requiere enfrentarse a los poderes inmutables o, lo que es peor, nunca se le había pasado por la cabeza liderar la ofensiva democrática contra el búnker judicial y tenía a todo el mundo engañado.

La casta político-judicial seguirá determinando los destinos del país en contra de la mayoría social democrática. Esto queda bien escrito en el acuerdo en cuestión en que PP y PSOE se han repartido la representación sin dejar ni un resquicio a las minorías que han participado en la articulación de la mayoría progresista. Significativamente, ni siquiera han disimulado como hacían antes, dejando que PNV y CiU se sentaran en la mesa un par de vocales para que no fuera dicho. En el colmo del cinismo, hablan de reforzar la independencia judicial eligiendo diez vocales por cada partido y anuncian una nueva ley que solo podrán aprobar PSOE y PP. Señala el punto tercero del acuerdo que "ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esta Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente".

Pedro Sánchez ha traicionado a sus aliados y se ha traicionado a sí mismo. Hace dos meses justos se comprometió a trabajar por "la regeneración pendiente de nuestra democracia" y lo primero que ha hecho ha sido pactar con el PP la perpetuación del búnker judicial

La propuesta acordada incluye que los miembros del nuevo consejo elegidos por PP y PSOE aprueben, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Asimismo, será necesaria también una “mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales y del Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia”. Es decir, que primero se blindan respecto de cualquier intervención ajena y, a continuación, se otorgan ambas partes poder de veto a cualquier decisión. Dicho de otro modo, PP y PSOE han establecido lo que se conoce como "el pacto del dentista", una forma de protegerse mutuamente. El acuerdo es, pues, una especie de pacto de no agresión, para que cuando tengan problemas con la justicia, se ayuden para tapar lo que haya que tapar.

Si algo había penetrado y consolidado en la opinión pública, era que la justicia española estaba podrida por dentro y requería una reconversión dada su obsolescencia, así que si no se ha hecho ahora que todo el mundo entendía el lawfare como un perverso sistema de funcionamiento, el cambio no se hará nunca. Y no es que el PSOE no haya querido compartir la iniciativa con sus aliados parlamentarios, sino que ha perpetrado un pacto con el PP que inequívocamente va contra quienes han hecho presidente a Pedro Sánchez. Sí se podría hablar de traición a la mayoría parlamentaria que aspiraba a introducir valores democráticos y republicanos en las instituciones del Estado. Es una forma de volver al esquema bipartidista en el que PP y PSOE se consideran propietarios del Estado y el resto de partidos, meras comparsas cuyo papel volverá a ser el de apoyar a quien gobierne España a cambio de algunas migajas autonómicas. Y esto acaba de empezar, porque ya se anuncia que los acuerdos que denominan “de Estado” continuarán en el resto de instituciones. La gran coalición se ha puesto en marcha. La cuestión es cuál será ahora la respuesta de los despreciados, atrapados en la teoría del mal menor.