Se atribuye tradicionalmente a Confucio la afirmación de que la persona sabia mira la luna y la necia el dedo que la señala. Por su parte, el himno nacional de Galicia proclama que los generosos y buenos atienden y entienden “a nosa voz” y que solo los ignorantes, imbéciles, oscuros y duros de corazón “non nos entenden, non”. La ley de Confucio bien admite un corolario que alinee a los “bos e xenerosos” con los sabios y a los duros de corazón con los necios e ignorantes.

La orden de detención acordada por el Supremo contra el president Puigdemont es inconstitucional por un doble motivo. En primer lugar, porque el delito de malversación impropia del que viene siendo acusado entra completamente en el perímetro de la amnistía vigente desde el 11 de junio. En segundo lugar, porque la vigencia de la amnistía conlleva con carácter inmediato el alzamiento de cualquier medida cautelar decretada en causas afectadas por la amnistía (no solo la prisión provisional, sino las fianzas, restricciones a la movilidad, presentaciones judiciales periódicas…). Lo contamos en estas mismas páginas. Hace pocos días, el 5-A, la prestigiosa revista norteamericana Newsweek ("Supreme Courts gone rogue") se refería a las decisiones del Supremo inaplicando la amnistía como manifestación genuina de extralimitación del Poder Judicial, desconociendo la potestad legislativa del Congreso estatal en beneficio de la persecución de los líderes del movimiento soberanista catalán, principalmente Carles Puigdemont, para prevenir cualquier intento futuro de avance hacia la independencia de Catalunya.

Por tanto, como acertadamente ha observado el intelectual y escritor gallego Suso de Toro, asombra la unanimidad mediática publicada en Madrid considerando que quien vulnera la legalidad, quien se sitúa extramuros de la comunidad, es Carles Puigdemont. Sólo de este modo se explica la desproporcionada operación Jaula, planificada por la dirección operativa de los Mossos, con el visto bueno del conseller Joan Ignasi Elena, consumiendo desproporcionadamente todo tipo de recursos públicos y usando gas pimienta para disolver una manifestación de pacíficos ciudadanos y ciudadanas. Según los responsables del cuerpo policial y de la Conselleria d'Interior, el comportamiento de Carles Puigdemont debería haber sido el de entregarse para que el magistrado Llarena ejecutase, después de la petición ad hoc de la acusación popular de Vox, una inconstitucional medida cautelar de prisión contra una persona que habría de haber sido amnistiada.

También Suso de Toro observa que Puigdemont y sus colaboradores han demostrado un claro dominio del territorio, de su país, en el cual permaneció casi 72 horas en diferentes lugares. Habiendo indicios de la existencia de diferentes grados de colaboración ciudadana desde diversos sectores.

Junts y su líder Puigdemont emergen como referencia para los náufragos de ERC y cientos de miles de los que se abstuvieron el 12-M y el 9-J

De vuelta el president a Waterloo, ¿qué queda del 8-A? La prensa progre española, singularmente El País y ElDiario.es, ha acentuado el hecho de que se ha verificado la investidura de Salvador Illa (PSC) y que se han sentado las bases para un gobierno estable durante una legislatura larga, que habría de centrarse en la normalización de Catalunya. Esta es también la tesis mayoritaria en La Vanguardia y en los círculos del capital del Upper Diagonal barcelonés. Sin  embargo, el bloqueo del Supremo a la amnistía (que probablemente no pueda resolver el Constitucional en menos de nueve o diez meses), la implosión de ERC (que no parece fácilmente resoluble con un simple congreso) y la intrínseca dificultad para implantar el pacto para la financiación singular catalana o “cupo solidario”, aleja la probabilidad de una supuesta normalización. Como afirma también Suso de Toro, el protagonista nacional, estatal, europeo e internacional del 8-A no fue en absoluto Illa, sino Puigdemont, que, además, ha obtenido una gran resonancia exterior, precisamente fundamentada en la inconstitucional persecución a la que se sigue viendo sometido por el estado español.

En el espacio político del independentismo, Puigdemont ha sentado las bases de una unidad de acción entre sus entidades sociales (ANC, AMI, Consell per la República, incluso Òmnium) y su propio partido, más unido y con más vocación transversal que nunca. Ante la falta de utilidad de la CUP y la referida implosión de ERC, Junts y su líder Puigdemont emergen como referencia para los náufragos de ERC y cientos de miles de los que se abstuvieron el 12-M y el 9-J. Probablemente, de aquí a la próxima Diada podamos tener ya datos demoscópicos indirectos que apunten por esta dirección.

En estas circunstancias, marcadas por la continuación del ciclo de la anormalidad represiva, es evidente que la promesa de Puigdemont de retirarse de la política activa en el caso de que otro candidato a las elecciones nacionales catalanas del 12-M obtuviese la investidura, ha perdido toda vigencia y no constituye ya una exigencia moral ni política. Cuando menos, mientras no se restablezca la normalidad que implicará la plena aplicación restitutiva de la amnistía para todas las personas insertas en el perímetro objetivo que adoptó el legislador.