Están pasando de moda las apelaciones a la “legalidad vigente” o a la “neutralidad institucional” que tanto habían servido para dar la vuelta a los argumentos soberanistas. Illa no puede estirar más este chicle, como se ha demostrado con la destitución del delegado de la Generalitat en Perpinyà: por mucho que el president diga que no le interesan los debates nominalistas, los nombres existen y la realidad también. De modo que la Catalunya real, la del Norte incluida, ha sido quien ha destituido al pobre ignorante colocado por Salvador Illa. Lo menciono como ejemplo de cómo la “legalidad” tiene muchos más límites, a veces, que los hechos. Los hechos son tercos, el principio de realidad acaba pesando más que el de legalidad y no hay pancarta en Madrid que haga cambiar la cósmica indiferencia que sienten los ciudadanos de Madrid hacia Sant Jordi. Y, en general, hacia cualquier evento cultural genuinamente catalán. Y, ya en particular, hacia las federalistas invitaciones de Salvador Illa.

El "orden vigente" va de baja cuando lo que se configura es precisamente un "nuevo orden". Lo vemos con los actos de Trump, que ante la pregunta de si puede o no subir los aranceles, un día nos levantamos por la mañana y encontramos que la cosa ya está hecha. Las cámaras españolas impusieron un 155 a Catalunya y utilizaron el derecho del enemigo para castigar el procés, saltándose cualquier legalidad y, por tanto, la paradoja es que ahora no pueden invocar la “legalidad vigente” para proteger ningún orden. El orden vigente se lo cargaron ellos, su Constitución se la cargaron ellos, los derechos fundamentales se los cargaron ellos, la democracia española (que es el eufemismo que utilizan cuando quieren decir España) se la cargaron ellos. De modo que ahora, cuando mundialmente y a nivel europeo se quieren configurar unas nuevas reglas del juego, apelar al orden anterior (o incluso al supuestamente vigente) ya no vale: ahora, más que nunca, contarán los hechos. Contará si Groenlandia se deja comprar o no, no si su Constitución lo permite. Creo que es importante que en Catalunya se vislumbre esta rendija, esta oportunidad, y se aproveche.

Los hechos son tercos, el principio de realidad acaba pesando más que el de legalidad

¿Fue vinculante, el 1 de octubre? Hombre, pues sí. Por ley y por hechos. A raíz de ese octubre, España quedó vinculada a una necesidad imperativa de represión y Catalunya quedó vinculada al resultado obtenido y, por tanto, a demostrar la fuerza que tenía para defenderlo. No era una batalla legal: era una batalla de relatos y de hechos. Incluso las palabras vinculan más que las normas, por lo que, cuando sale Zapatero y dice que un referéndum es siempre una mala idea, lo que hace es ilustrar dos hechos: el primero, que las negociaciones en Suiza no van por buen camino y que Pedro Sánchez necesita un oxígeno que no tiene y, en segundo lugar, que —si se fijan— su argumento no apela a la ley. No dice "es ilegal", o "inconstitucional", sino que dice que no lo ve una buena idea. A nadie se le escapa que el único argumento es que sabe que el referéndum lo perdería. Como también perdería un referéndum si hoy se votara, yo qué sé, la Constitución española del 78. O más aún: si se votara una enésima reforma del Estatut. Los hechos son más incontrovertibles que la ley y la realidad es siempre más sólida que el artificio. La ley de la gravedad no sale en ninguna Constitución y, sin embargo, condiciona todas las constituciones del mundo: no es una ley que necesite preguntar a nadie “qué pone en tu DNI”, porque esta siempre ha sido una pregunta totalmente irrelevante.

Del mismo modo que hace 94 años Macià proclamó la República sin que esto estuviera en su programa electoral ni, evidentemente, estuviera contemplado en ninguna ley, y del mismo modo que la DUI se hizo sin esperar permiso (y, desgraciadamente, ahí se quedó, de momento), a día de hoy lo que configurará el nuevo orden no serán las legalidades vigentes ni las amenazas de Salvador Illa de aplicar un nuevo 155, sino lo que se consiga cambiar por la vía fáctica. En resumen: si la Mesa de Suiza desemboca en un acuerdo que reconozca la capacidad del pueblo catalán para decidir su futuro, este acuerdo vinculará a ambas partes, diga lo que diga cualquier legalidad vigente (las leyes se ajustan, se pactan y se reinterpretan). Y, por otra parte, si este posible acuerdo no llega a buen puerto, este será también un hecho vinculante. Se suponía que esto, en el otro lado, ya lo habían aprendido. Y es que podría ser que pensaran que el independentismo está desactivado, es muy posible, no lo descartemos. Pero si eso es así, en todo caso, por favor, no los saquéis de su error.