Recordemos una evidencia. La violencia no es sólo física. Hay violencia cuando el ejercicio de la fuerza pretende reducir el ejercicio de la voluntad individual o colectiva, coartando la libertad, en alguno de sus aspectos fundamentales, y reprimiendo la acción que podría derivarse de ella. Hay, por lo tanto, una violencia explícita, cuando se ejerce la fuerza física contra los cuerpos individuales o las instituciones colectivas, y hay, también, otra violencia, que Passerin d'Entrèves calificaba de “mitigada”, cuando el uso de la fuerza encuentra formas, fuera de la violencia física, para limitar y coaccionar las libertades y el ejercicio de la legítima acción política.

La política entendida como una forma de guerra y ante la violencia “mitigada” como expresión de la fuerza

No hay que haber leído a Foucault, cuando invierte la célebre máxima de Clausewitz, para saber que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Estamos, pues, ante la política entendida como una forma de guerra y ante la violencia “mitigada” como expresión de la fuerza.

Durante las dos últimas semanas, de manera muy especial, y hasta el ostentoso despliegue policial de ayer, 20 de septiembre de 2017, hemos asistido, muchos con auténtica estupefacción, a una escalada represiva del Estado español que ha dejado en suspenso, de manera progresiva, una serie de derechos y libertades fundamentales: la libertad de expresión y de información, la libertad de expresión de la publicidad y la libertad de prensa, el derecho de reunión, el derecho al secreto de la correspondencia, la libertad de empresa... A través de diferentes instancias o aparatos del Estado español (Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y tribunales), siguiendo los dictados y las órdenes explícitas del Gobierno español, se ha puesto en marcha una maquinaria represiva y coercitiva con la intención declarada de evitar el referéndum del 1 de octubre, convocado por el Gobierno legítimo de la Generalitat de Catalunya y amparado en la ley del Referéndum aprobada por el legítimo Parlament de Catalunya.

Esta violencia “mitigada” se ha desplegado contra instituciones (Parlament, Govern), contra personas individuales (miembros del Govern, miembros de la Mesa del Parlament, alcaldes y alcaldesas, cargos electos...), contra sedes gubernamentales, contra partidos políticos y sus sedes, contra asociaciones ciudadanas, contra medios de comunicación públicos y privados, contra empresas privadas, y culminó, ayer 20 de septiembre, por ahora, con la detención de miembros del Govern por la Guardia Civil, acusados de participar en la organización del ejercicio democrático del 1-O.

Una concepción del poder que se sustenta en la violencia y la coerción

Hay que recordar sin embargo que esta violencia “mitigada” del Estado español, dirigida y ordenada por un Gobierno que hace tiempo que ha dejado sin efecto la separación de poderes necesaria y fundamental en cualquier Estado de derecho, responde a una concepción del poder, según la cual “el poder consiste al hacer que otros actúen como yo decido” (Voltaire) y según la cual el poder está presente cuando yo tengo la posibilidad “de afirmar mi propia voluntad contra la resistencia” que se opone a ella (Max Weber). Una concepción del poder que se sustenta en la violencia y la coerción: “un acto de violencia para obligar al oponente a hacer lo que queremos que haga” (Clausewitz). O, para decirlo, citando todavía otro clásico, Bertrand de Jouvenel: “Mandar y ser obedecido: sin eso, no hay poder, y no le hace falta ningún otro atributo para existir”.

El resultado de este ejercicio de fuerza, que se basa en un ejercicio del poder a través de la violencia, ha dejado, a estas alturas, el resultado provisional de un balance que suma las detenciones de miembros del Govern, la confiscación de materiales gubernamentales y el secuestro policial de las notificaciones en los miembros de las mesas electorales y de las papeletas del referéndum, así como de todo tipo de carteles, revistas y documentación informativa y publicitaria. Desde su burbuja en la Moncloa, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se vanagloriaba ayer mismo de haber desactivado el referéndum (“este referéndum ya no se puede celebrar”) y haberlo convertido en irrealizable (“ahora no es más que una quimera imposible”).

Pero nada más lejos de la realidad, a poco que se analice lo que ayer pasó.

El ejercicio de la violencia no muestra la fuerza del poder, sino justamente su impotencia

Vale la pena recordar que Hannah Arendt, la pensadora política más importante de la segunda mitad del siglo XX, ya mostró que “el poder y la violencia son opuestos; donde impera el uno, el otro está ausente”. El ejercicio de la violencia, según eso, no muestra la fuerza del poder, sino justamente, al contrario, su impotencia. El poder que se expresa a través de la violencia y de la coerción es la negación de la política, ya que esta es inseparable del uso de la palabra y del respeto por la pluralidad.

Igual que todavía está por ver si las operaciones policiales de ayer podrán impedir el referéndum, podría decirse que las declaraciones de Rajoy ayer quizás no son, como podría parecer a primera vista, el reconocimiento de la victoria del poder del Estado, sino, más bien, al contrario, la constatación de su impotencia y de su fracaso.

Porque, en realidad, la ocupación de calles y plazas ayer, por toda Catalunya, vuelve a recordar que la voluntad de llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre no es, como dijo Rajoy ayer, para cerrar la declaración institucional desde la Moncloa, “la sinrazón de unos pocos”, sino una voluntad política que se sustenta en la masiva i multitudinaria movilización ciudadana, en su representación parlamentaria y en las instituciones de gobierno fieles al mandato de las urnas.

Ayer, la violencia sin poder, estaba en las actuaciones policiales y judiciales emanadas de las directrices políticas del gobierno español, mientras que el poder, sin violencia, ejercido a través de la acción pacífica e incluso festiva, estaba en las calles y las plazas de Catalunya.

Que nadie se equivoque. En teoría (y podemos ahorrarnos las referencias al pensamiento político contemporáneo, de Foucault en Negri), no hay más poder en los despachos ministeriales y judiciales o en las armas de los cuerpos de seguridad del Estado que en la ciudadanía y en las calles. En la práctica (Arendt), donde hay ejercicio de la violencia, por “mitigada” que sea, el poder ya ha desaparecido, quedándose sólo con la fuerza.

Continuará