Las nueve y media de la noche. Los diputados de Junts pel Sí y de la CUP, la mesa del Parlament y buena parte de los asistentes al hemiciclo, se levantan de sus escaños y se ponen a cantar a Els Segadors, el himno nacional de Catalunya. Es un momento de alta intensidad emocional y, también, política. Después de todo el día de un Pleno interrumpido continuamente por cuestiones de procedimiento, el Parlament de Catalunya acaba de aprobar la Ley del referéndum, “que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Catalunya, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya”. El resultado, 72 votos a favor y 11 abstenciones. En el momento de empezar la votación, y tal como habían anunciado, los diputados de Cs, PSC y PP, habían abandonado el hemiciclo.

Pocos minutos después de medianoche. El Govern en pleno comparece en el Auditorio del Parlament, en lo que era uno de los patios del antiguo arsenal, después de firmar de forma colegiada, en la histórica sala 4 del Parlament, el Decreto de convocatoria del “Referéndum de Autodeterminación de Catalunya”. En nombre del Govern, el President Puigdemont, visiblemente emocionado, declara que “ahora es el momento de la ciudadanía” y anuncia: “Convocamos, por lo tanto, a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera consideran que hay que orientar el futuro de Catalunya: si por el actual camino de la autonomía y el Estatut recortado o por un nuevo camino como Estado independiente en forma de República”. En su declaración, ha recordado que “nadie tiene la autoridad ni el poder de incautarnos el derecho a decidir” y ha advertido: “no nos dejaremos expropiar este derecho. No nos dejaremos desahuciar de la democracia. No nos dejaremos anular nuestros derechos humanos. Hoy convocamos el referéndum para que todo el mundo decida”. Y ha cerrado afirmando que “es una decisión que corresponderá tomar a la gente. Y no a ningún Tribunal, no a ningún Consejo de Ministros y no a ningún Tribunal Constitucional deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios en una democracia”. Cuando ha acabado, a todos los asistentes al acto, en pie, incluidos los consellers y el propio Puigdemont, se han puesto a aplaudir, con un aplauso que parecía interminable. Era un reconocimiento y, al mismo tiempo, una descarga de tensión después de una jornada maratoniana.

Estos dos momentos pueden servir de síntesis de las dieciséis horas vividas este 6 de septiembre en el Parlament de Catalunya. Detrás, sin embargo, había habido muchas cosas, en una sesión excepcional, inédita y, sin duda, histórica. Excepcional e histórica porque, a pesar de ser una sesión ordinaria, la introducción en el orden del día del debate sobre la Ley del referéndum introdujo una cuestión de alto voltaje: el Parlament, amparándose en la legalidad propia y en la legalidad internacional, abría la discusión sobre una ley que no solo regula la celebración de un referéndum, sino que se blinda ante la posibilidad de que otra norma o institución tuviera la pretensión de anular su validez: “Esta Ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y a garantizar el referéndum de autodeterminación de Catalunya. Prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalunya”. Inédita por la ausencia de los grupos de Cs, PP y PSC del hemiciclo en el momento de la votación.

La sesión parlamentaria de la mañana y parte de la de la tarde fue obstaculizada, interrumpida y, en algunos momentos, áspera y bronca

La sesión parlamentaria de la mañana, y parte de la de la tarde, como explicó elnacional.cat durante toda la jornada, en directo, fue obstaculizada, interrumpida y, en algunos momentos, áspera y bronca. Los portavoces de los grupos de Cs, PP, PSC y CSQP continuamente pedían la palabra para cuestiones de orden y de reglamento o para hacer peticiones de naturaleza diversa a la Mesa. Por cinco veces se tuvo que interrumpir el desarrollo del Pleno, antes del debate sobre la ley, para que la Mesa y la Junta de portavoces pudieran reunirse para dirimir las cuestiones planteadas. Era difícil no pensar, durante la mañana y parte de la tarde, en la memorable película de Frank Capra, dirigida en 1939, con James Steward: Mr. Smith Goes to Washington (conocida, en su versión al castellano, como Caballero sin espada): en el filme, Jefferson Smith, un joven senador idealista, tiene que enfrentarse en el Senado a toda la maquinaria procedimental que, una y otra vez, pretende bloquear el ejercicio y el debate de sus iniciativas, hasta que, con sus propias armas, el senador provoca el alargamiento de la sesión durante 23 horas para no ceder la palabra mientras se mantenga en pie. Esta práctica saboteadora y obstruccionista del parlamentarismo se conoce, como es sabido, como filibusterismo. Y, en muchos momentos de la sesión, tuvo su papel: parecía que el debate de la ley no podría empezar nunca. ¡No extraña que filibusterismo fuera, ayer, la página más consultada en la edición catalana de Wikipedia!

Por la tarde, finalmente, las enmiendas de la oposición fueron presentadas, y la Ley se pudo debatir, podríamos atrevernos a decir, con una cierta normalidad. Es cierto que se oyeron palabras gruesas, a estas alturas ya conocidas. Y que hubo muchos gestos histriónicos, dirigidos a las televisiones y especialmente pensados para ciertos telediarios. Y que hubo gritos, golpes sobre las maderas de los escaños, interrupciones y carrerillas, y también descalificaciones, confusiones, llamadas al orden e incluso disputa interna en el grupo de los comunes. Pero hubo tiempo, también, para que todos los grupos parlamentarios pudieran expresar libremente su posicionamiento sobre la ley y sobre la cuestión de fondo, el referéndum de autodeterminación.

Es verdad que la mezcla indiscriminada de las dos cuestiones puede hacer perder el horizonte de lo que se estaba debatiendo y, en realidad, de lo que está actualmente en juego en Catalunya, pero vale la pena considerarlas separadamente. Por una parte, están los ciudadanos que, con toda legitimidad, no aspiran a la independencia de Catalunya o que directamente no la desean; pero sus representantes políticos en el Parlamento (PP, Cs, PSC), en lugar de aceptar la celebración del referéndum y proponer votar negativamente a la pregunta propuesta, no quieren que se celebre el referéndum, ya han advertido que llamarán a no ir a votar y, en la sesión de ayer, incluso se ausentaron del hemiciclo para no votar la propuesta de Ley. Eso, paradójicamente, hizo que la Ley fuera aprobada ¡por el 86% de los votos! Sin embargo, por otra parte, están los que se manifiestan a favor de la independencia de Catalunya, y sus representantes políticos en el Parlamento (JxS, CUP) no llevaron a aprobación del Parlamento la independencia de Catalunya, que es la opción política que defienden, sino un referéndum para que toda la ciudadanía, tanto la que está a favor de la independencia como la que está en contra, pueda expresarse votando.



El Govern, JxS y la CUP, con la aprobación de la Ley del referéndum, defendieron los derechos elementales de los ciudadanos independentistas y, evidentemente, de los que no lo son

Eso provoca una situación realmente interesante. Y es que, mientras que los partidarios de que Catalunya siga siendo parte del Estado español abandonaron la sesión y se negaron a votar, aunque fuera en contra, la Ley del referéndum, los partidarios de la independencia defendieron y aprobaron la Ley a fin de que pueda expresarse la ciudadanía y, también, evidentemente, aquella parte de la ciudadanía que muy legítimamente desea que Catalunya siga formando parte de España. Así, aunque Inés Arrimadas reprochó al Govern que “no están gobernando ni siquiera para los ciudadanos independentistas”, la realidad es que el Govern, JxS y la CUP, con la aprobación de la Ley del referéndum, defendieron los derechos elementales de los ciudadanos independentistas y, evidentemente, de los que no lo son. Tenía razón, en este sentido, Lluís Corominas, cuando confesó que se sentían “garantes de la democracia”, ya que, pensando que tendrían que defender la independencia, han tenido que defender, ante todo, la previa: el derecho a defender la independencia, sólo posible por la defensa, en igualdad de condiciones, del derecho a defender la no independencia. Más claro, el agua: ante la salida del Parlamento, en el momento decisivo de la votación, de los partidarios que Catalunya continúe dentro del Estado español, fueron el Govern, JxS y la CUP, es decir, los partidarios de la independencia, los que, con la aprobación de la Ley del referéndum, defendieron los derechos de los ciudadanos contrarios a la independencia.

En cualquier caso, este 6 de septiembre el Parlamento ha hecho un ejercicio de soberanía, como reconoció Anna Gabriel, parafraseando a Marcelino Camacho (“el derecho a la huelga se defiende haciendo huelga”), cuando sostuvo que “el derecho a la autodeterminación no se defiende en la teoría”: “Hoy pasamos de la autonomía a la soberanía”. Y en realidad lo único que el Parlamento hizo, y es mucho y además trascendental, fue cumplir lo que el Estatut define como su esencia: “el Parlamento representa el pueblo de Catalunya” (art. 55). Así lo entendió inmediatamente una de las agencias internacionales de noticias más prestigiosas del mundo, Reuters, que a primera hora de la tarde emitió una nota informativa reproducida a mediados de todo el planeta: "La mayoría de catalanes quieren la oportunidad de votar si se separan de España".

Se abre un compás de espera, que será breve, mientras llegan las reacciones del Estado, a través de las iniciativas del Gobierno español, el Tribunal Constitucional y las otras instancias judiciales. Sin embargo, cómo expresó también Anna Gabriel, de forma poética, pero expresando sin duda la opinión de la mayoría parlamentaria, “mientras duren las amenazas, nosotros hablaremos de vida”.

Continuará.