¿Qué democracia europea puede tolerar la grave sospecha de que su jefe de estado durante 39 años consiguiera una fortuna de la colusión comisionista? ¿Qué sistema perteneciente a las democracias de los "países serios" puede aguantar la sospecha de que su presidente del gobierno durante 14 años diera la orden de tramar un grupo de mercenarios —los GAL— para ejecutar crímenes de estado?
¿Qué democracia europea puede soportar que una amplia mayoría parlamentaria —PSOE, PP, VOX, Cs— vete la posibilidad de una investigación parlamentaria sobre este tipo de conductas? ¿Qué democracia europea puede interpretar la inviolabilidad constitucional del jefe del Estado con su exclusión del sistema de estado de derecho de manera que pueda cometer cualquier delito sin sanción?
Estas informaciones no son cosa de George Soros o de los peligrosos soberanistas catalanes, vascos y gallegos. Son informaciones del diario conservador londinense The Telegraph, del New York Times y de la Fiscalía de Génova. Constituyen las conversaciones cotidianas de los políticos en Bruselas, Londres, Berlín o París. El elefante está en la habitación y en el Madrid político hacen como que no se dan cuenta de ello.
¿Qué sistema perteneciente a las democracias de los "países serios" puede aguantar la sospecha de que su presidente del gobierno durante 14 años diera la orden de tramar un grupo de mercenarios para ejecutar crímenes de estado?
Los GAL dieron vida adicional a ETA diez años más, a causa del gravísimo desprestigio del Estado, de repente conectado durante los años 1983-1985 con la guerra sucia que desarrolló el franquismo y posfranquismo al menos hasta 1978. La cúpula de los GAL fue juzgada, y Barrionuevo (ministro del Interior) y Vera (secretario de Estado de Seguridad) fueron indultados en 1998, menos de tres meses después de entrar en la prisión, después de que Felipe González los despidiera en la puerta con un abrazo de hermano. Unos años después, acciones absolutamente reprobables, pero más constitutivas de un grado de violencia menor y sin sangre, del independentismo gallego fueron condenadas definitivamente a penas de entre seis y diez años de prisión.
Qué decir de los presos soberanistas catalanes. Desde posiciones del Govern, parlamentarias o de activismo ONG (como los Jordis), sin generar ninguna violencia y por apelar al derecho a decidir de la ciudadanía catalana, afrontan por un delito como es la sedición, expulsado de los códigos penales democráticos europeos desde hace tiempo, penas de entre nueve y trece años, mientras el Tribunal Supremo que los condenó advierte de la posible comisión de delitos de prevaricación a la administración penitencial catalana si se les otorga el régimen abierto del tercer grado.
Ahora supimos, también por The Telegraph, que 260.000 € del coste del viaje de bodas del actual jefe del Estado fueron pagados por un testaferro del Emérito. Comprenderán ustedes, entonces, que la desafección ciudadana con respecto a este régimen (que roza el 70% en Catalunya y Euskadi y que consigue porcentajes mayoritarios en Navarra, las Islas, País Valencià y Galicia) siga creciendo, incluso en buena parte de la base electoral del PSOE. Sus dirigentes tendrían que comprenderlo en lugar de votar junto a Vox en la defensa de la opacidad.
Pero el problema principal es una cúpula judicial súbdita de la Corona. Una cúpula judicial que confunde la jefatura del estado con el propio estado y con su esencia. He ahí por qué la caída de la monarquía es sólo cosa de tiempo.