Verdaderamente, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es muy antiestético. También es cierto que el presidente del Gobierno activó de esta forma una contraofensiva para confrontar el lawfare (la guerra judicial) que quiere llevar a cabo el tripartito de las derechas españolistas.
ZP no supo o no pudo trasladar la mayoría progresista en el Congreso estatal entre 2004 y 2011 al Tribunal Constitucional. Y eso explicó la sentencia de junio del 2010 que decretó la inconstitucionalidad de los principales avances del nuevo Estatut, anulando la legítima decisión de la ciudadanía catalana en el referéndum estatutario del 2006. Una decisión que, para el constitucionalista Pérez Royo, determinó la ruptura de la legalidad constitucional en Catalunya.
Entre principios del 2012 y hasta finales del 2015 tuvimos un gobierno estatal del PP con mayoría absoluta en las dos cámaras estatales. Rajoy no perdió el tiempo y amplió la mayoría del PP en el Tribunal Constitucional, a la vez que consolidó una nueva mayoría hegemónica en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde finales de otoño del 2018, el CGPJ sigue en funciones, a pesar de caducar su mandato. Así, mantienen plenos poderes para elegir nuevos presidentes de audiencias provinciales, salas de la llamada "Audiencia Nacional" y tribunales superiores, junto a magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
Sánchez e Iglesias podrían aglomerar junto a los partidos soberanistas y territoriales una clara mayoría que permitiera aprobar leyes orgánicas para resolver parcialmente esta grave situación de anemia constitucional
He ahí dos graves problemas constitucionales. El primero, la politización partidista de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, junto al propio gobierno del Poder Judicial y el control de la Fiscalía General del Estado por el Gobierno. El segundo, la disociación entre la mayoría parlamentaria progresista estatal y estas férreas mayorías de la derecha en el gobierno judicial, que consolidan y amplían su control sobre el Supremo, el Constitucional y otras cortes de justicia claves por las decisiones que adoptan. Como muestra, la decisión de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo rechazando la medida cautelar de suspensión del acuerdo de la Junta Electoral Central sobre la no elegibilidad sobrevenida (y, entonces, pérdida de la calidad de diputado en el Parlament catalán) del president Torra.
No son, por supuesto, los únicos. El acuerdo del 155 y su validez a posteriori por el Consitucional derogó de hecho la garantía constitucional del derecho a la autonomía de las nacionalidades del Estado. Y el Tribunal Constitucional ―como acertadamente suele decir Aitor Esteban (PNV)― es un árbitro casero que suele resolver a favor de la recentralización y la idea uninacional de España.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían aglomerar junto a los partidos soberanistas y territoriales una clara mayoría que permitiera aprobar leyes orgánicas para resolver parcialmente esta grave situación de anemia constitucional. La duda es que tengan voluntad de hacerlo.