"Entre estos tipos y yo hay algo personal"
Joan Manuel Serrat

Nunca habrán asistido en abierto a una lucha de poder tan despiadada como esta. Es el signo de los tiempos, si antes se hablaba de la erótica del poder, ahora vivimos el reinado del pornopoder: todo a la vista, hasta lo más profundo. ¡La ley nos guarde de la equidad de los tribunales!, que clamaba Robespierre. Lo malo es cuando ni la ley resiste en el embate de la lucha pura y dura de poder. No es sólo política o ambición, a estas alturas, creo que muchos han desistido ya de sus pretensiones, ni por la puerta de delante ni por la de atrás, sino una verdadera lucha sin cuartel entre hombres con poder (y una mujer, porque la otra se ha bajado del carro en un voto).

Hay, sin duda, un trasfondo personal en la batalla que, en este momento, Marchena gana esgrimiendo cinco centímetros más que los otros, ya veremos hasta cuándo. Lo que se vivieron como humillaciones —Bruselas, Berlín, Cerdeña— ha sedimentado en una serie de descalificaciones hacia el legislador nunca vistas antes en una sentencia. En realidad, podrían decirnos, no descalifican a los diputados, sino a los hacedores del texto, o sea, Boye y Bolaños y Camacho y compañía. No se extrañen, en la sala II le han estado diciendo a quien quisiera oírlo que la ley era buena "en su redacción original", que malévolamente suponen pasada por el cedazo de Conde-Pumpido, pero un "bodrio" el texto resultante de la negociación posterior. ¿Lo ven? Es algo personal y a Cándido, que es uno de noi, lo quieren presuponer arrastrando el vuelo de la toga por los caminos, pero no tejiendo un mal texto jurídico.

Ya lo dice la magistrada disidente: de lo que se trataba ahora era de "comprobar si esa incontrovertida tipicidad, con sujeción a los componentes fácticos, resulta abarcada por la ley de amnistía". Ella tiene claro que sí: "La única interpretación razonable de la ley nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán es precisamente el que la ley quiere amnistiar". Obvio, lo que se condenó es lo que se quiere amnistiar. Por mucho que nos quieran acostumbrar a mixtificaciones, la primera interpretación de una ley debe ser la literal, conociéndose además en este caso la voluntad del legislador, y las interpretaciones extensivas sólo pueden realizarse en derecho penal si son a favor del reo. Justo lo contrario de lo que han hecho. Si Robespierre levantara la cabeza, les daría un cabezazo: "La palabra jurisprudencia debe ser borrada de nuestra lengua. En un Estado que tiene una Constitución y una legislación, la jurisprudencia de los tribunales no puede ser otra que la propia ley". Tan era así y tan la interpretación extensiva de los tribunales le parecía del Antiguo Régimen que creó el Tribunal de Casación —de casser, romper las sentencias que se alejaban de la ley— y obligó a los magistrados que dudaban del sentido de una ley a dirigirse directamente al legislativo para que éste, su hacedor, la interpretara. Cosas de revolucionarios.

¿Qué pasaría en la sociedad catalana si con una ley de amnistía en la mano hubiera que votar con Carles Puigdemont en la cárcel?

Lucha de poder encarnizada. ¿Y ahora qué?, se preguntan muchos. La sala II está jugando una baza que no se esperaba, a saber, la de no presentar cuestión prejudicial alguna y no dar lugar a una larga, prolija y puede que frustrante batalla judicial europea. En vez de eso, han decidido que no tienen dudas de que la malversación no es amnistiable. Sólo queda así hueco al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero, ojo, de momento no lo provocan ellos. El TS tampoco acude a consultar la constitucionalidad de la norma. Me dirán, pueden acudir los defensores de los políticos no amnistiados, pero, les contestaré: esos tiempos los controla el propio Supremo que tardará en resolver los recursos. La tercera posibilidad para que el TC se pronuncie estriba en la presentación de recursos por parte del Partido Popular, los presidentes autonómicos del mismo u otros. Verán que eso ha sido frenado. Algo podría hacer pensar que a la derecha no le interesa que el asunto llegue aún al Tribunal Constitucional.

¿Y eso por qué? Pues porque pueden estar considerando que esa mayoría progresista 7-4 que les tumba todo lo que plantean puede verse alterada. Bastaría con que Conde-Pumpido, que siempre se ha abstenido en recursos del procés, y el exministro Campo, que ya se pronunció públicamente diciendo que era inconstitucional, se abstuvieran esta vez. Quedarían cinco progresistas y cuatro conservadores. ¡No! Recuerden que en el pacto de renovación del CGPJ entraba la designación del duro vocal saliente Macías como magistrado del Constitucional. Eso haría, si este plan existiera, un 5-5 sin voto de calidad que desempatara.

Fíjense que digo que es lo que han podido pensar en el PP y que lo pongo en condicional porque lo cierto es que errarían al pensar que Conde-Pumpido se abstendría en el caso de la ley de amnistía, dado que esta no tiene que ver nada con su anterior causa de abstención y lo cierto, además, es que Macías ya se pronunció en el informe del CGPJ sobre su inconstitucionalidad, así que sería recusado. Lucha de poder, sin cuartel a lo que parece, con la destrucción asegurada del prestigio y la confianza en las instituciones.

Cuando todo esto suceda, puede haber variado el panorama. Bien porque haya investidura o porque haya elecciones, Puigdemont regresaría y sería encarcelado. ¿Qué pasaría en la sociedad catalana si con una ley de amnistía en la mano hubiera que votar con él en la cárcel? Los socialistas viven confiados en su idea de que es un cobarde que nunca aceptaría la posibilidad de ser detenido, pero es harto probable que, como en tantas cosas, estén equivocados y no sepan interpretar lo que sucede en Catalunya. ¿Dónde quedaría entonces El Pacificador? ¿Qué va a pasar con el apoyo a los presupuestos? ¿Puede Sánchez seguir sin ellos y sin poder legislar? ¿Va a apoyar Junts unos presupuestos o cualquier otra cosa con Puigdemont en la cárcel? A todo esto y a muchas cosas más que pueden llegar espera la oposición, que engrasa en boxes la maquinaria electoral por si toca ponerla en marcha en octubre.

¿Y ahora, qué?

El que les diga que lo sabe les miente.