Los centros de servicios sociales serán los encargados de tramitar la nueva renta de inclusión, regulada en una ley que entra en vigor este lunes. Esta norma de la Generalitat Valenciana garantizará el derecho a tener cubiertas las necesidades básicas a aquellas personas y unidades de convivencia que no disponen de los recursos suficientes para hacerlo. Además, los beneficiarios tendrán la opción de insertarse en un plan de inclusión sociolaboral con el fin de no perpetuar su situación. Entre las novedades de esta prestación económica, que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía con diferentes modalidades, destaca el hecho de que reconoce en los municipios la autoridad a la hora de atender a las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Este es un modelo pionero que, este año, aspira a proteger este año a unos 45.000 titulares y 94.000 en el año 2020.
Esta es una de las iniciativas estrella de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mònica Oltra. La ley ampara que las personas puedan alejarse de situaciones de exclusión crónicas que parecen que pasan de generación a generación. Y en principio, si tenemos en cuenta el último estudio encargado a la universidad para tener un diagnóstico sociodemográfico, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, son susceptibles de pedir ya esta renta unas 15.000 personas. La entrada en vigor de esta norma supone un gran avance por lo que respecta a la atención a la exclusión, según informa la administración autonómica.
La ley es de ámbito autonómico, pero el ayuntamiento de València, en un principio, además de tramitar las solicitudes, también desarrollará tareas para detectar familias y unidades de convivencia que están en situación de vulnerabilidad y residían habitualmente en el municipio, con independencia del lugar donde pernoctan. Asimismo, los técnicos municipales se encargarán de hacer seguimientos de los casos y de los diferentes programas de inclusión, y para llevar a cabo esta atención de proximidad, han dotado de más personal a los centros de servicios sociales. El plazo máximo de tramitación de los expedientes, será de seis meses, a excepción de aquellos relacionados con colectivos de mayor vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género o de trata, que se agilizará para resolver en menos de tres meses.
Cuatro tipos de prestaciones
Desde la dirección general de Inclusión Social de la Generalitat, se insiste en que "a esta renta puede acceder cualquier persona o unidad de convivencia que no tiene solvencia económica y ha destacado que la ley también contempla la situación de aquellas familias que en un momento determinado adquirieron una hipoteca y después arrastran su pago y, en consecuencia, malviven".
La ley cuenta con cuatro tipos de prestaciones, según las necesidades que tengan los diferentes sectores de la población con pocos recursos. Las modalidades que empezarán a aplicarse este año, que serán las de inclusión social, el titular del cual suscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social, y la de ingresos mínimos, el beneficiario de la cual no suscribe este compromiso, podrán incluir en los dos casos incrementos de hasta el 25% para hacer frente al pago de la vivienda o a situaciones de pobreza energética.
A partir de 2019 empezará a tramitarse la renta complementaria de ingresos al trabajo, y uno otra ayuda que tiene el objetivo de completar el dinero que reciben los ciudadanos y ciudadanas vía prestaciones sociales básicas como las pensiones o el seguro de desempleo.