El Gobierno de España no tiene entre sus planes liberar la AP7, concretamente, los tramos Sagunt -Tarragona y El Campello-València pese a que la concesión de explotación y conservación en forma de peaje acaba el 31 de diciembre del 2019. En respuesta parlamentaria ante la pregunta formulada por los diputados del PSPV-PSOE en el Congreso también alude a la posibilidad de que hayan liberalizaciones parciales o descuentos para que la AP7 pueda ser utilizada como circunvalación en tramos concretos, pero lo condiciona a que se llegue a un acuerdo al respecto con la Generalitat Valenciana, para que ésta abone el gasto que genera.

Herick Campos, diputado socialista por Alacant, ha calificado la respuesta del Gobierno como la constatación de "un nuevo maltrato a la Comunitat y a los y las valencianas, ya que debemos asumir el pago de peaje de una carretera amortizada, con consecuencias en la movilidad de los residentes y pérdida de competitividad de las empresas, industria, cooperativas, y sector turístico, frente a otras comunidades que cuentan con vías rápidas sin peaje”.

Ha recordado que “los socialistas hemos asumido el cumplimiento de los acuerdos de Gobierno del PP sobre prórrogas del peaje por el alto coste que tendría por las indemnizaciones y la inseguridad jurídica que podría trasladar a inversores, pero esa situación ya no se da, por lo que han exigido que no haya prórrogas que pudieran generar nuevos compromisos e indemnizaciones para empresas privadas”.

El PSPV ha solicitado al Gobierno “que atienda a las peticiones formuladas por la Generalitat Valenciana para iniciar los trámites necesarios para que la AP7 quede libre de peaje, ya que se debe adjudicar una nueva concesión de explotación y mantenimiento pero sin peaje y se debe revisar accesos y salidas, así como puntos que en los que se debería ampliar la capacidad”.

Broma del mal gusto

Campos califica de ”broma de mal gusto que en la respuesta parlamentaria se muestre su disposición a aprobar liberalizaciones parciales, siempre y cuando asuma su coste la Generalitat, cuando es precisamente la Comunidad Valenciana la comunidad autónoma peor financiada y hace un mes presumiera el ministro de Fomento en el Congreso de haber asumido el gasto de esas liberalizaciones parciales en Galicia, una de las comunidades mejor financiada y la que mayor inversión por habitante recibió en 2017”.