Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización lituana dedicada al tráfico de seres humanos para su explotación sexual y han liberado a doce víctimas en la Comunidad Valenciana. La operación, denominada Sanura, ha sido desarrollada en colaboración con la Policía Lituana y coordinada por EUROPOL, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En la operación han sido detenidas seis personas, cuatro varones y dos mujeres de edades comprendidas entre los 29 y los 60 años, y de nacionalidad lituana a los que se les imputa los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, falsificación de documentos, tráfico de drogas, lesiones, coacciones y pertenencia a organización criminal.

En la operación se han realizado cinco registros domiciliarios, en las localidades de Sueca, Mareny de Barraquetas, Naquera y Olocau de la Comunidad Valenciana donde se ha liberado a 12 personas que vivían hacinadas en pisos y en condiciones insalubres, además las victimas eran maltratadas física y psicológicamente para que aceptasen continuar trabajando.

Durante los registros se incautó de 10.450 euros en metálico, contratos de alquiler y líneas de teléfono e Internet a nombre de las víctimas. Los documentos de carácter personal y económico de las víctimas estaban también bajo custodia de la organización.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil detectó la presencia de esta pequeña comunidad lituana realizando tareas de trabajos en los campos de cultivo de cítricos en los campos de Valencia. Además de las labores de recolección de cítricos con horarios de sol a sol, los cabecillas de la organización utilizaban a los trabajadores para beneficio propio, trasladándolos a otras localidades para limpiar y cuidar de sus propios hijos. Estas personas estaban siendo obligadas a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldos algunos, hacinados en pisos y en condiciones insalubres.

Falsas expectativas de trabajo

La organización, compuesta por ciudadanos lituanos, se encargaba de captar mediante el engaño a las víctimas, todas originarias de Lituania, ofertándoles falsas expectativas de trabajo en nuestro país, ya que les decían que podrían ejercer un trabajo bien remunerado con la posibilidad de residir en una vivienda digna cobrando de 1.200 a 1.600 euros, cuando verdaderamente solo cobraban 39 euros al mes.

Posteriormente eran trasladados a España en furgonetas de la propia organización o en autobuses de líneas regulares. Una vez en nuestro país, el responsable de la organización comunicaba a las víctimas la contracción de una deuda por el traslado a España. Asimismo, la organización les obligaba a residir en la misma vivienda en condiciones de insalubridad y seguridad, con conexiones ilegales al tendido público, en habitaciones o buhardillas y sin agua caliente.

Del dinero que ingresaban se les descontaba una parte por gastos de manutención y del viaje por el traslado a nuestro país llegando algún trabajador a percibir tan solo 39 euros por mes de trabajo. Como método de financiación el líder de la organización se lucraba con la venta de droga, pudiendo intervenir unas 140 plantas de marihuana, así como el equipamiento necesario para realizar la plantación (tipo indoor), según las mismas fuentes.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sueca (Valencia).