Compromís ha registrado por escrito en el Senado una serie de preguntas para conocer la opinión del Gobierno y si piensa tomar alguna medida respecto a las posibles "irregularidades" cometidas por la fiscalía Anticorrupción en la salida de prisión por permiso penitenciario del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de prisión por malversar ayudas al Tercer Mundo. Se da la circunstancia que, hace apenas un mes, el TSJ rechazó la petición del tercer grado de Blasco, a quien calificó de “cínico”.
Su portavoz en la cámara alta, Carles Mulet, advierte que "condicionar los acuerdos de conformidad a los permisos para salir de la cárcel supone una grave irregularidad" y ha subrayado que "sin embargo, Fiscalía Anticorrupción utiliza esta estrategia para forzar confesiones sin tener en cuenta las consecuencias posteriores".
Para Mulet, "resolver los casos de corrupción es primordial y encontrar culpables también, pero denunciar con delincuentes no debería contemplarse, y menos si los beneficios que se les promete son disfrutar de permisos a los pocos meses o años de entrar en prisión".
Recuerda al respecto que "Instituciones Penitenciarias ha asegurado en varias ocasiones que negociar con los permisos es un delito" y lamenta que "es una práctica a la que se recurre con demasiada asiduidad".
"El último caso es el de Blasco, encarcelado por el caso Cooperación, que acaba de acceder a los permisos en un caso tan escandaloso como el presente y sin haber reparado el daño económico causado a la Generalitat, ni mostrado arrepentimiento", denuncia.
Por contra, para la coalición, "Fiscalía debería promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".
Riesgo de reincidencia
El parlamentario apunta sobre esta cuestión que "recurre, en ocasiones, la negativa de jueces a dar permisos penitenciarios por haberlos usado de moneda de cambio, yendo en contra de las peticiones de los fiscales de vigilancia penitenciaria o las recomendaciones de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios".
Según Mulet, "Fiscalía desoye a los profesionales, a los que realmente saben si una persona está en condiciones de estar en libertad o no, y en el caso de Blasco se aprecia riesgo de reincidencia".