Les Corts Valencianes votarán este mes de mayo el proyecto de ley de creación del Consell de l'Audiovisual Valencià, autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. De esta forma, se trasladarán las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se ampliarán los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratizará y reforzará la independencia del espacio comunicativo audiovisual.
La nueva ley sienta las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones. Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas. Ello se hará tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas del Pais Valenciano, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.
Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para el territorio valenciano respecto de las mismas.
Derechos de la infancia y los jóvenes
El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual. Adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad.
Particularmente, cuando hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados. Se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias. Velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones y en la publicidad. También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.
Protección de la libertad de expresión
El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual. Asimismo, lo hará por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos. Promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.
Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público. Esta autoridad audiovisual sólo existe en Catalunya, Balears y Andalucía.