Desde que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anunciara, hace apenas 36 horas, en su página web la anulación de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la administración autonómica, las reacciones en el ámbito institucional, político y social se han ido sucediendo en forma de goteo ininterrumpido.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha declarado que el Consell está estudiando recurrir la decisión del alto tribunal porque considera que "no se ajusta a los parámetros del mandato constitucional de defensa de las lenguas cooficiales como riqueza cultural de España", regulado en el artículo 3 de la Carta Magna y "la Constitución está para cumplirla". Además, ha indicado que desde el ejecutivo autonómico entienden que "dentro de la propia sentencia hay diferentes tratamientos de un mismo concepto que tampoco queda muy claro". "Nosotros vamos a defender la protección y la promoción del valenciano como mandato constitucional y como lengua minorizada", ha subrayado.

Oltra ha señalado que el artículo 4 del Decreto 6/2017 de la Generalitat señala que el valenciano es "la lengua propia de la administración", como así también lo recoge el Estatuto de Autonomía que dice que el valenciano es la lengua propia de la Comunitat Valenciana, pero sin que de esa declaración "pueda entenderse ninguna limitación de la otra lengua cooficial", el castellano. "El decreto establece que todas las medidas de promoción y protección del valenciano no se harán en detrimento del castellano. Es muy incomprensible que se anulen determinados preceptos que no limitan el castellano, sino que lo que hacen es un tratamiento de promoción como manda la Constitución de una lengua que esta minorizada y, por tanto, se tiene que proteger".

El recurso contra la norma del Consell fue presentado por el Partido Popular y hay que recordar que, en su sentencia, la Sala considera que ”la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía. Declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos”. También considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Además, obliga a la Generalitat a comunicarse en castellano con las instituciones de Catalunya y les Illes Balears.

Compromís acusa al PP de ir en contra de la vida de los valencianos

El síndic del grupo parlamentario de Compromís, Fran Ferri, ha declarado que “con esta sentencia queda claro que el PPCV se ha convertido en un partido que va en contra del uso del valenciano en la vida cotidiana de los y las valencianas”. 

Escola Valenciana recurrirá la sentencia por tener tintes políticos

Por su parte, Escola Valenciana ha anunciado que también recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula parte del decreto de la Generalitat que prioriza el uso del valenciano en la administración al entender que la resolución judicial "atenta contra los derechos lingüísticos de la ciudadanía". Para Escola esta es "una decisión que no se ampara ni en el Estatuto de Autonomía, ni en la Constitución Española, ni tampoco en el corpus jurídico europeo". "Se trata de una decisión con claros tintes políticos, centrada en el argumento de la supremacía del castellano, lengua oficial, junto con el valenciano", ha señalado el responsable de Derechos Lingüísticos de Escola, Vicent Romans.

La entidad cívica ha lamentado, a través de un comunicado, que "de ahora en adelante, el valenciano no tendrá un uso prioritario en la función pública". Por ello, apunta esta sentencia judicial "todavía no firme, supone un retroceso gigantesco en la normalización de nuestra lengua". "La diversidad lingüística de nuestro país se ve seriamente amenazada con decisiones judiciales que limitan el desarrollo de una de las lenguas. La consecuencia directa de la resolución del TSJ es que las comunicaciones entre el personal funcionario y la ciudadanía, la rotulación y las notificaciones ya no hace falta que se hagan en valenciano. Es, francamente, incomprensible", señalan.

Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua recuerda que "trabaja por la igualdad lingüística desde que nació hace 33 años". Con "perspectiva histórica", la entidad valora que "el valenciano ha sido durante muchos años una lengua minorizada". "El decreto trataba de contrarrestar esta situación discriminatoria con el objetivo de recuperar ámbitos. El valenciano necesita una acción compensatoria porque pueda equipararse en derechos y usos al castellano, la lengua con quien comparte oficialidad. Hasta que no haya un marco legal, una ley de igualdad lingüística, estas injusticias no cesarán", advierten.

Ante esta situación, Escola valora presentar un recurso contra la decisión de TSJCV e iniciar otras acciones de rechazo para que el uso del valenciano se viva "con normalidad a las administraciones públicas valencianas". "La ciudadanía tiene el derecho a ser atendida en valenciano. Las trabajadoras y los trabajadores de la función pública tendrían que garantizar este derecho y tener un dominio funcional de las dos lenguas oficiales en el País Valencià. Es decir, solo la plena competencia lingüística evitará la vulneración de derechos lingüísticos".

Acció Cultural dice que el TSJ se alinea con el PP

Por su parte, la entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha afirmado en un comunicado que “rechaza frontalmente la postura del TSJ porque se posiciona junto al PP en la decisión de impedir la dignificación del valenciano como lengua propia del pueblo valenciano y pretende mantenerla en el estatus de lengua secundaria”. Además, recalca que el decreto “no había provocado ningún problema ni conflicto” más allá del recurso del PP que busca “crear un conflicto artificial y divisiones y enfrentamientos dentro de la sociedad”.

ACPV ha añadido que ve “con alarma” que el poder judicial “cuestione la soberanía popular” representada por Les Corts y la Generalitat Valenciana. En este sentido, la sentencia la ven como un intento de “corregir sus legítimas y democráticas decisiones”.

Intersindical acusa al PP de dividir a la sociedad

Intersindical Valenciana, único sindicato que ha defendido jurídicamente ante los tribunales la legalidad del Decreto de la Generalitat Valenciana que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat”, en un primera valoración, discrepa de manera rotunda y no comparte la Sentencia 319/18 del TSJCV.

El Sindicato considera que el pronunciamiento del tribunal, como ha ocurrido en otras ocasiones, como con el decreto de plurilingüismo y en muchas otras normas que afecten al uso y  enseñanza del valenciano tiene un fuerte componente político. Intersindical Valenciana critica, muy duramente, a los partidos y entidades como el PP, que utilizan la lengua como un elemento de división de la sociedad.