Lo que pasó hace cinco meses cuando el Gobierno aceptó que el barco Aquarius desembarcara en el puerto de Valencia a 629 migrantes rescatados en aguas libias, forma parte ya del anecdotario solidario y la política de gestos ante la opinión pública. Nadie entiende ahora por qué los 12 migrantes rescatados por el pesquero Nuestra Madre de Loreto en el mismo lugar no pueda venir a España y tengan que ser desembarcados en Libia, cuando estas personas han declarado que "antes prefieren morir".
El Gobierno defiende que el pesquero valenciano con 14 tripulantes y una docena de migrantes a bordo tiene que desembarcar en Libia porque es el "puerto más seguro", ya que es el país que se encuentra más cerca del barco que hace una semana rescató a 12 personas en alta mar, a 80 millas de Libia. En este sentido, sostiene que "prevalece la seguridad" del pesquero y sus ocupantes "ante la amenaza de temporal".
"Nadie se ha interesado por nosotros"
Respecto del ofrecimiento de la Generalitat Valenciana para la acogida de los doce inmigrantes, el delegado del Gobierno en el País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, asegura entender "perfectamente" esta postura, pero que "lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir la normativa internacional".
También ha intervenido en la polémica el segundo patrón del pesquero Nuestra Madre de Loreto: "El Gobierno no quiere saber nada de nosotros". En declaraciones telefónicas en Efe, Vicente Sempere, segundo del patrón, ha manifestado que desconocen que haya avances en las negociaciones para que el pesquero pueda llegar a tierra cuanto antes, y ha añadido que "nadie" se ha interesado por ellos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defiende que el pesquero tiene que ir al "puerto más próximo, que ahora mismo no es ningún puerto español", para "desembarcar a estas personas".
¿Libia, puerto seguro?
Precisamente ACNUR ha cuestionado en reiteradas ocasiones que Libia sea un puerto seguro para el desembarque de migrantes y desaconseja los retornos a este país africano después de los rescates en el mar. Por su parte, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación para que valore la posibilidad de permitir el desembarque en territorio español de las personas que viajan en el barco valenciano.
Las ONG Open Arms, Sea Watch y Mediterránea sostienen que la Unión Europea y sus países miembros tienen "la obligación de no autorizar el desembarque de personas en un país donde suceden violaciones sistemáticas de los derechos humanos, torturas y tráfico de personas". Asimismo, recuerdan que ACNUR ha cuestionado en reiteradas ocasiones que Libia sea un puerto seguro para el desembarque de migrantes y desaconseja los retornos a Libia después de los rescates en el mar.
Estas tres organizaciones, que forman la flota humanitaria #United4Med, consideran que el Gobierno tiene que exigir a Italia y a Malta que abran sus puertos y que cumplan con los convenios internacionales que los tres países han suscrito". Tanto Malta como Italia no parecen estar dispuestas a permitir el desembarque de estas personas a bordo del pesquero de bandera española.