Sólo en 270 de las 14.197 plazas de trabajadores públicos del Estado destinados en el País Valenciano  valoran la lengua propia para optar, y en ninguna de ellas se pide el valenciano como requisito indispensable para acceder. La Plataforma por la Lengua ha analizado las relaciones de puestos de trabajo de los diversos ministerios del Estado español en diciembre del 2017 y los requisitos y méritos que se piden a los trabajadores públicos destinados a los territorios administrativos de habla catalana: Catalunya, el  Pais Valenciano y les Illes Balears

En conclusión, más del 98% de las plazas en estos territorios no prevén al valenciano como mérito, y en ninguno de los más de 33.000 puestos de trabajo que se destinan a los territorios donde el catalán es oficial aparece la lengua propia como un requisito. El análisis de las plazas públicas de todos los ministerios realizado por la Plataforma por la Lengua demuestra que sólo 617 plazas de las 33.167 –un dato que representa el 1,86 % del total– que el Estado prevé para los territorios dónde el catalán es lengua oficial incluyen que el valenciano sea un mérito para conseguir este puesto de trabajo.

Los dos únicos ministerios que presentan el número más elevado de estas plazas son el de Interior (7,9%) y el de Hacienda y Función Pública (1,16%), pero, así y todo, son cifras testimoniales. Este hecho se explica por la previsión de valorar al valenciano como mérito en algunas de las plazas destinadas principalmente a la DGT y a los servicios administrativos de Hacienda. Hay que mencionar que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no aparecen reflejados porque la Administración estatal no destina funcionarios a los territorios analizados.

Tampoco aparecen los funcionarios de habilitación estatal que ocupan plazas diseñadas desde las competencias en Justicia autonómicas del Pais Valenciano y Catalunya. Tampoco se incluyen en el recuento los trabajadores públicos de las administraciones públicas autonómicas y locales.

Advertencias del Consejo de Europa

El Estado español hace tiempo que recibe advertencias que indican que no se garantiza el derecho de opción lingüística en las dependencias de la Administración del Estado donde el catalán es oficial. En esta línea se pronunció el Consejo de Europa en la última revisión de cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM) —que el Estado español ratificó el año 2001—, cuando el informe del comité de expertos consideró que la Administración del Estado no cumplía los compromisos previstos en el artículo 10.1.a («garantizar que las autoridades administrativas usan las lenguas regionales o minoritarias») ni en el 10.4.b («la selección y, si ocurre, la formación de los funcionarios y otros empleados públicos en número suficiente»).

Posteriormente, el Consejo de Ministros recomendó al Estado español la implementación de «medidas prácticas destinadas a asegurar una presencia adecuada de las lenguas cooficiales a la Administración del Estado en el plano de las comunidades autónomas». La relación de plazas de diciembre del 2017 —con ningún puesto de trabajo público que exige el catalán y menos de un 2% que lo valora— demuestra que el Estado no puede respetar las previsiones de cumplimiento de la CELROM ni con la nueva Ley del Estatuto básico del empleado público (aprobada en el 2015), que establece que las administraciones públicas «tienen que garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio» y, a este efecto, establece que «las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tienen que prever la selección de empleados públicos debidamente capacidades para cubrir los puestos de trabajo a las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales».

Desmotivación del uso del valenciano

Sin embargo, según los últimos datos que ofrece el mismo Estado en el último informe de cumplimiento de la CELROM, el año 2016 se dedicaron 1,12 euros por funcionario a Catalunya para aprender o mejorar el catalán (16.924 euros destinados a un total de 14.982 trabajadores públicos). El presupuesto destinado a esta materia equivale a 28 céntimos de euro por trabajador en las Islas Baleares (1.122 euros para un total de 14.197 trabajadores públicos) y 0 euros en el caso de la Comunidad Valenciana.

La Plataforma por la Lengua reitera que el derecho de opción lingüística sólo se garantiza cuando la totalidad de los servidores públicos son capaces de hablar las lenguas oficiales del territorio donde trabajan. Las opciones alternativas, como la capacitación parcial de los funcionarios o los servicios de traducción, no funcionan, alcanzado que piden actuaciones extraordinarias como podrían ser cambiar a los ciudadanos de mostrador donde son atendidos o hacer traducir determinados documentos para que algunos funcionarios los entiendan. Estas dificultades generan que muchas veces sea mucho más cómodo pedir al ciudadano que renuncie a su derecho de opción lingüística que cumplir la ley. Estas peticiones, además de ser ilegales, generan en los hablantes la sensación de que, en general, renunciar a su lengua preventivamente es útil y desincentivan el uso del valenciano.