La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha decidido recurrir el auto del caso Valmor que archivó una de las piezas en que tan sólo quedaba como imputado el expresidente popular Francisco Camps, según informa la Ser.

En su escrito, la Abogacía considera que existen sospechosos indicios de criminalidad contra Camps, por lo cual pide que se continúe con la investigación y que se vuelva a declarar como investigada a Belén Reyero ―la mano derecha del exjefe del Consell―.

Asimismo, la Abogacía defiende que los informes que elaboró la UDEF, los diversos correos electrónicos y las declaraciones de otras personas implicadas exponen que Camps y Reyero intervinieron de manera directa en la organización de los grandes premios de la Fórmula 1 en València entre 2008 y 2012.

En el recurso se advierte de que los hechos evidencian como se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que se sabía ruinoso desde el inicio, y para el cual se eludieron deliberadamente los controles más rigurosos de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre los actos de las cuales y decisiones no existió ningún control o fiscalización, ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat.

Asimismo, defiende que el sobreseimiento está justificado sólo cuando no existe duda de que el hecho es atípico o que el investigado es indefectiblemente inocente.

En caso contrario, apunta, si se cierra el procedimiento de instrucción en casos más o menos discutibles, se recorta de forma prematura y forzada el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

La Abogacía cita como jurisprudencia casos como la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas, del 27 de diciembre, de la Sección de Enjuiciamiento, que condena los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid, en un procedimiento por alcance, por la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión especulativo.

El caso Valmor está dividido en cuatro piezas y Camps figuraba como investigado en dos de ellas, la archivada (pieza 1) y que la Generalitat ha recurrido ahora, y la 4, en la cual hay 28 imputados y que investiga el adjudicaciones en 2007 y 2008 del diseño y construcción del circuito.