Intersindical Valenciana propondrá a los partidos políticos de les Corts Valencianes que presenten enmiendas al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2019 con la finalidad de introducir la regulación de la capacitación lingüística por el acceso a las administraciones públicas y que esta entre en vigor a partir el 1 de enero próximo.
El texto del anteproyecto, que se ha conocido recientemente, no contempla esta regulación que este sindicato propuso en la última Mesa General de Negociación y en reuniones bilaterales con los dirigentes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
La fórmula para Intersindical es lo bastante sencilla: modificar la actual Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana a través de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2019.
A la espera de la nueva ley de la Función Pública
"Esta fórmula se ha usado en muchas otras ocasiones y para muchos asuntos, de hecho en el anteproyecto para 2019 se modifican los artículos 40.3, 63.5, 95.2, letra d) y se añade una Disposición Transitoria Decimoquinta. En consecuencia no tendría que haber ningún inconveniente por parte del Consell y de les Corts Valencianes al incluir la regulación de la competencia lingüística en los términos que aparecen en el anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública Valenciana que se encuentra en fase de negociación en la Mesa General de Negociación"
Intersindical Valenciana hace esta propuesta por el considerable retraso en la negociación y tramitación de la nueva Ley de la Función Pública valenciana que, con casi toda seguridad no será aprobada en esta legislatura o, en el caso remoto que se pueda hacer, no se podrá desplegar antes de su finalización.
El sindicato añade que "la lentitud y complejidad de la tramitación de la nueva Ley de la Función Pública Valenciana puede impedir su aprobación en esta legislatura y prorrogará en el tiempo la desigualdad lingüística que existe a las Administraciones Públicas".