En una entrevista reciente, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, declaraba que no permitirá que nadie le robe "las banderas" de su partido, en clara alusión a determinadas iniciativas ideológicas que está desarrollando el partido Ciudadanos en el Pais Valenciano. Pues bien, ahora ha anunciado que el PP valenciano "hará todo el posible" para que el gobierno central recurra "la ley de imposición lingüística" del Consell después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya declarado la nulidad parcial del Decreto de Plurilingüismo de l|Conselleria de Educación, del gobierno valenciano, al considerar que implica discriminación del castellano enfrente del valenciano en las aulas.

La presidenta del PPCV ha señalado que esta sentencia es "un garrotazo judicial a toda la política lingüística del presidente Puig", que "reconoce lo que el PPCV siempre ha defendido; el derecho de los padres a escoger la lengua en la cual quieren educar a sus hijos". En este contexto, ha indicado que "dice cosas tan importantes" como la libertad de los padres a la hora de escoger la lengua vehicular de sus hijos: "es la que tiene que prevalecer y que los padres no pueden ser sustituidos, ni por la administración ni por los consejos escolares ni por otras plataformas".

"Puig fomenta la confrontación"

Bonig dice que "tanto el valenciano como el castellano tienen que estar en nuestro sistema educativo en proporcionalidad". En este contexto, ha señalado que ni el valenciano ni el castellano "han sido nunca motivos de confrontación hasta que llegó Puig". Esta sentencia "es un motivo de alegría para los padres, porque ha quedado claro que su libertad está por encima de la imposición que quiere la administración de Puig". En este sentido, ha advertido que estas decisiones del Consell "ponen en evidencia su voluntad de llevar a cabo el mismo proceso de catalanización que empezó hace 20 años en Catalunya de imponer una escuela con un modelo único a exclusión del castellano sin dar libertad a los padres".

La sentencia no afecta a las escuelas

Ante esta sentencia del TSJ, la Conselleria de Educación de la Generalitat recuerda que no es firme a la vez que muestra su "desacuerdo" con la decisión del tribunal sobre un decreto que, señala, "no está en vigor". En este sentido, desde el departamento que dirige  Vicent Marzà se explica que el "plurilingüismo educativo está regulado mediante la Ley de Plurilingüismo aprobada el 14 de febrero de 2018 en las Cortes Valencianas" y que, por lo tanto, "la sentencia comunicada por el TSJ no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos ni el alumnado ni al profesorado valenciano".