Rubén Trezano, responsable de la política lingüística de la Generalitat Valenciana no oculta su malestar tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado once artículos del decreto del uso del valenciano en la administración autonómica.
“El plan continúa en vigor y mientras la sentencia no sea firme la Conselleria de Educación, no cambiará de rumbo”. Para Trenzano, la resolución “tiene lagunas de argumentación» e incide en artículos «de los que estamos satisfechos y han pasado los filtros jurídicos”
El fallo judicial, recuerda que el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, realizó alguna observación “esencial” que no ha sido tenida en cuenta en la redacción final. Esas puntualizaciones hacían hincapié en la comunicación con territorios del mismo ámbito lingüístico (Cataluña y Baleares): el Jurídic remarcaba que deben ser en castellano, en contra de lo establecido en el decreto. “Esas observaciones, dice Trezano, fueron rebatidas por el voto particular de dos consejeras e hicimos nuestro el criterio de ellas”.
En declaraciones a Levante-EMV, el director general de política lingüística, ha sido explícito: “basta ya a eso de comunicarnos en castellano con otras comunidades, porque es un tema resuelto socialmente, añade el director general, que se relaciona con sus homólogos catalán y balear en valenciano".
El Gobierno del Botànic rechaza el argumento de la sección del TSJ de que el plan prima el uso del valenciano sobre el del castellano en la administración pública. “No limita la otra lengua oficial, no hay ningún obstáculo”, asegura Trenzano. Hay “discriminación positiva” de la lengua propia para “reequilibrar” su situación de menor fortaleza. Son medidas contra la «desigualdad» equiparables a las que se toman en el ámbito de la mujer o la discapacidad y avaladas en pronunciamientos del Constitucional, dice.
Sólo un 13% de los funcionarios usan el valenciano
Los datos de la última encuesta sobre el uso del idioma autóctono indican que el 86 % de los empleados de la Generalitat tiene competencia escrita en valenciano, pero muy pocos hacen uso de ella en la práctica (un 13 %).
El decreto fija que los funcionarios deberán establecer comunicación con los usuarios en valenciano. Para el TSJ, eso es “imposición”. Para el director general de Política Lingüística, no es así. Se trata de que las primeras palabras a quien acude a la ventanilla sean «bon dia» como forma de favorecer que el usuario se exprese en valenciano si quiere. Hasta ahora, lo habitual es lo contrario, aunque el vecino en cuestión sea valencianohablante. «El objetivo es garantizar que el ciudadano sea atendido en el idioma que quiera», señala Trenzano, algo que ahora no es posible.