Tres años después de la publicación del documento "por la igualdad lingüística" los promotores y firmantes, las cinco Universidades públicas valencianas y Acció Cultural del País Valencià han querido reafirmarse, públicamente, en los principios y actuaciones que los guiaron para la redacción.
El documento partía de un principio rector: el de la afirmación de la igualdad de todos los ciudadanos (premisa de la declaración de los derechos humanos y de todos los derechos civiles) y, por lo tanto, de la obligación de todos los poderes públicos para poner fin a cualquier tipo de discriminación en razón de sexo, raza o lengua. "Acció Cultural y las universidades públicas valencianas simplemente reclamábamos que los valencianoparlantes no fuimos discriminados por razones de lengua".
Al acto de reafirmación participaron: Joan Francesc Mira, presidente de ACPV, Artur Aparici, en representación de la UJI de Castelló, Rafael Castelló, director del Servicio de Política Lingüística de la Universitat de València; y Javier Toledo, vice-rector de la UMH de Elx. También estaban las vice-rectoras de la UV, Isabel Vàzquez,de la Universidad Politécnica, Rosa Puchades; y de la UJI, Pilar Safont, junto con Carles Cortés, vice-rector de la Universidad de Alacant
Hay que destacar que en la sala, había representantes de los partidos políticos, Compromís, Podem, PSPV-PSOE, EUPV, ERPV y los Verdes. De los sindicatos CCOO-PV e Intersindical Valenciana, y diversas entidades y asociaciones.
El documento propone una política lingüística que: primero, legislara de manera efectiva y concreta (no solamente sobre la base de la expresión de deseos o de afirmaciones genéricas como "promover" o "incentivar"); segundo, ofreciera a los ciudadanos vías fáciles de información de sus derechos lingüísticos y de denuncia en caso de discriminación; y, tercero, como todo derecho sólo se puede ejercer si hay un deber correlativo, exigencia de competencia lingüística y mecanismos de sanción para los discriminadores.
En este sentido, las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) y los servicios públicos tienen una obligación primera y ejemplar de poner fin a la discriminación de manera efectiva. Por eso, el documento era una propuesta a las fuerzas políticas como guía para poner fin a la discriminación por razones de lengua y avanzar en una democracia realmente respetuosa con toda la ciudadanía
"Creemos que durante estos últimos tres años se han hecho avances en la línea que pedíamos, pero al mismo tiempo también echamos de menos pasos adelante en algunos campos fundamentales para conseguir la necesaria igualdad lingüística de todos los valencianos. Concretamente, nos queremos centrar en tres aspectos claves, que han conseguido importantes acuerdos y que podrían ser pactados antes de acabar esta legislatura".
La competencia lingüística en las dos lenguas oficiales con el fin de acceder a la función pública
En diciembre de 2016 las principales fuerzas sindicales, con la colaboración de entidades como Acció Cultural llegaron a un acuerdo para hacer efectiva la exigencia de la competencia lingüística en una entonces inminente nueva ley de la función pública valenciana.
A estas alturas, prácticamente un año y medio después, el Gobierno valenciano no ha presentado todavía la ley, con lo cual la exigencia de la competencia lingüística en una de las lenguas oficiales sigue sin estar fijada ni de manera legal ni reglamentaria.
Por eso, dice el documento, si queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ser atendidos en la lengua de su preferencia, es necesario y urgente aprobar la nueva ley o las reformas legislativas correspondientes a fin de que la competencia lingüística de los servidores públicos sea efectiva.
La existencia de medios de comunicación en la lengua propia
No hay que insistir en la importancia que los medios de comunicación tienen para asegurar el conocimiento y el uso de una lengua, y más todavía de una lengua que ha sido marginada durante siglos. En el País Valencià, aunque la mayoría de medios de comunicación eran en castellano, había que destacar que al menos durante un periodo de tiempo teníamos la Radiotelevisión Valenciana (sólo en parte en valenciano) y los medios de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (TV3, Catalunya Radio, Canal 33, etc.). Eso, sin embargo, duró pocos años y hemos vuelto a estar durando cuatro años sin ningún medio en nuestra lengua.
Afortunadamente, ahora hemos recuperado una parte con la puesta en marcha de À Punt radio y TV como también lo es recuperar la reciprocidad de todos los medios de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, aprobada por les Corts Valencianes, y establecer nuevos acuerdos con el fin de recibir también los medios del Gobierno Balear, como IB3 o de Andorra.
Eso no solamente será un beneficio para lengua y para los hablantes, sino que además significará nuevas oportunidades para nuestros titulados universitarios de las diversas ramas (periodismo, comunicación audiovisual, ingeniería electrónica, de telecomunicación, traducción, y un largo etc.) y por descontado un gran impulso para nuevas industrias culturales y de la comunicación.
Colaboración efectiva en materia lingüística y cultural entre todos los territorios de nuestra comunidad lingüística
Si, cómo hemos dicho, sigue diciendo el documento por la igualdad lingüística, la recuperación de la reciprocidad en los medios de comunicación de los territorios de nuestra comunidad lingüística son fundamentales, también lo es la colaboración en materia cultural y lingüística de todos estos territorios. Las universidades hace años que experimentamos esta colaboración mediante la Red Vivas de Universidades,
Y los resultados nos refuerzan en la idea de que la unión y la colaboración en las diferentes políticas nos hace más fuertes y mejores. Por eso, creemos que este modelo de colaboración, mediante redes como el Instituto Ramon Llull u otros de similares, pueden ser muy provechosas y tendrían que hacerse efectivas en todo nuestro ámbito lingüístico.
"Por todo eso, pedimos acciones rápidas y decididas para avanzar en todos los ámbitos que señalábamos en el documento de 2015 y, muy especialmente, en los tres que ahora hemos indicado".