Eduardo Zaplana y el resto de detenidos dentro de la operación Erial, están en el cuartel de la Guardia Civil de València a la espera de pasar a disposición del juzgado de instrucción número 8. La operación policial desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha concluido con 14 personas detenidas ó imputadas entre las que destacan, además de Zaplana, el empresario Vicente Cotino y su hermano José, ambos sobrinos del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino que será citado a declarar; el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; los considerados como testaferros principales del exministro de Aznar, Joaquín Barceló y su esposa Felisa López y el ex secretario de la CAM, Francisco Grau. Estas detenciones se han producido en Barcelona, València y Alacant.

Fuente de la investigación señalan que Zaplana y el resto de imputados habrían blanqueado casi once millones de euros, que tenían en Uruguay y Panamá, procedentes de comisiones por adjudicaciones de la época en que Zaplana fue presidente de la Generalitat Valenciana entre los años 1995 y 2002. Estas concesiones serían: el servicio público de Inspección Técnica de Vehículos del año 1997 y la contratación y desarrollo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana del año 2001.

Los delitos que habría cometido Zaplana por el supuesto cobro de comisiones estaría ya prescritos pero la investigación se activó cuando trató de recuperar ese dinero desde los paraísos fiscales.

Como ya es sabido, en la mismo operación policial se ha detenido al empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía Nacional con José Maria Aznar. Vicente Cotino consiguió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el caso de la presunta financiación irregular del PPCV presidido por Francisco Camps en la vista celebrada recientemente en la Audiencia Nacional por esta pieza del caso Gürtel. Fue uno de los nueve empresarios que consiguieron el acuerdo y reconocieron esta financiación irregular en el PPCV. Fiscalia le pedía un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental, sustituido por una multa de 45.000 euros.

Según informan algunos medios de comunicación, quien facilitó a la UCO documentación para iniciar esta investigación fue Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública valenciana Imelsa. Benavent, que  se bautizó a él mismo como en "el yonki del dinero", ahora colabora con la justicia.

El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando  la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se acusaba el ex gerente Marcos Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otros cinco mercantiles que cobraban a Imelsa por trabajos que no se realizaban. Benavent había grabado durante años a suyos colaboradores.

El principal político imputado fue el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, pero la trama de la corrupción en València  derivó en la Operación Taula, la imputación de Rita Barberá y la acusación de financiación irregular del PP de la capital valenciana.

La investigación por el caso Erial, continúa. Anticorrupción y la UCO rastrean cuentas en Uruguay, Panamá, Andorra, Luxemburgo y Reino Unido. Dentro de esta linea de investigación es donde  aparecen el ex directivo de la empresa Tierra Mítica, Joaquin Barceló y su esposa Felisa López, detenidos ayer por los agentes de la UCO.

El nombre de Zaplana ya apareció vinculado a la operación Púnica y en conversaciones grabadas con Ignacio González durante la operación Lezo. El año pasado, un informe de La Unidad Central Operativa (UCO) atribuyó al exministro Zaplana un posible delito de tráfico de influencias por intervenir en una operación entre el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, y la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que consistirían en la mejora de la imagen del ex edil por alguna de las empresas de este informático experto en reputación on line. No obstante, Zaplana siempre había salido indemne de todas las investigaciones.

Telefónica suspende la relación laboral con Zaplana

Desde que dejó la política hace diez años, Eduardo Zaplana estaba vinculado laboralmente con Telefónica. La empresa ha hecho público un comunicado en lo que señala que "suspende con carácter inmediato la relación laboral que, en el área de Asuntos Públicos, que mantiene con Eduardo Zaplana a la espera de conocer más detalles respecto de su situación.