A nivel judicial, el quinto aniversario del Referéndum de Independencia de Catalunya, que se cumple este sabado, llega con muchas expectativas sobre las negociaciones de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos para visualizar la anunciada desjudicialización de las causas contra el independentismo catalán, especialmente de los juicios pendientes y del exilio. Es difícil detener procesos cuando la maquinaría judicial está en marcha, pero no es imposible. Sólo haría falta que la fiscalía se retirara de los procedimientos penales (no se puede juzgar sólo con acusaciones populares, como la de VOX, según la doctrina Botin), también puede solicitar penas más ajustadas, o hacer decaer delitos graves, como el de malversación en los otros organizadores del 1-O pendientes de ser juzgados. La Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno, tiene más margen para modular la petición de penas, como ya hizo en el juicio del proceso, al pedir el delito de sedición, en lugar del de rebelión, todo y que las penas impuestas por el Supremo fueron desorbitadas. Una muestra de este camino es la reciente acusación que ha hecho la fiscalía a la exconsellera de Agricultura y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, que le pide un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por el delito de desobediencia, castigo inferior al que el Supremo impuso a sus compañeros de Govern (Mundó, Borràs y Villa) por lo mismo. El futuro de los políticos en el exilio, como el presidente Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira también está pendiente de resolverse por diferentes vías.
El 1 de Octubre 5 años después: el día en que el pueblo doblegó al Estado
No obstante, hay tribunales, como el Tribunal Supremo (TS), que tienen una agenda propia. Así, por ejemplo, si el Gobierno intentó taponar una herida con una parte de Catalunya e indultó parcialmente a los 9 presos políticos, ahora el Supremo, en el àmbito contencioso administrativo y rompiendo su jurisprudencia, revisa si están bien concedidos, a petición de partidos políticos, que hasta ahora no estaban acreditados a impulsar una revisión ya que no se les considera a afectados directos. El Tribunal Supremo se pronunciará pronto sobre los recursos contra los indultos de los entonces líderes sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ya que ninguno de los dos se ha personado en este procedimiento. Los indultados de ERC sí que tienen representación y se espera que presenten recursos contra las iniciativas de los partidos españolistas.
La Fiscalía General del Estado revisa la acusación del 1-O
Aparte de los indultos en la cuerda floja, una preocupación real en el Govern es qué pasará con la treintena de cargos de la Generalitat y empresarios acusados de organizar el 1-O, investigados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que hace tiempos que están pendientes de ser juzgados por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, por los delitos que pueden implicar elevadas penas de prisión. El Nacional.cat tiene constancia que las fiscales de Barcelona responsables de la investigación ya han elaborado el escrito de acusación, y actualmente está siendo revisado por la Fiscalía General del Estado (FGE). Por ahora no se sabe, si afila el lápiz a la baja o al alza. Vale a decir, que en el escrito de acusación de Laura Borràs (que no tiene nada que ver con el 1-O), la FGE respetó todo lo que propusieron las fiscales en Barcelona. Paralelamente, la Audiencia de Barcelona tiene que volver a resolver si el juzgado de instrucción 13 tiene que asumir la investigación casi cerrada por la magistrada del juzgado de instrucción 18 de Barcelona sobre gasto exterior del 1-O, que han exigido el exsecretario de Acción Exterior, Aleix Villatoro, y el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, para no ser penalizados dos veces por hechos conexos.
La causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona es un embrollo de imputaciones. Hay acusados que sólo han sido procesados por desobediencia, que sólo implica inhabilitación a cargo público, aunque para los funcionarios es un castigo grave. Entre ellos está el exdirector de TV3, Vicent Sanchis; el exdirector de Catalunya Radio, Saül Gordillo, y la exdirectora de Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach. Por el delito de falsedad documental está investigada Marta Gasaball, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas, cuyo titular es la delegación del Gobierno a la Generalitat, y la excusa del Tribunal Supremo para llevarse toda la causa del 1-O a Madrid. Hay otros dieciséis procesados a quienes se les imputa el gasto de 4,3 millones de euros para organitzar el 1-O (dinero depositado en el juzgado, aunque esta cantidad está duplicada en el Tribunal de Cuentas, y que ahora se ha rebajado a 3,9 millones); y algunos tienen imputado el delito de malversación de fondos y el de prevaricación juntos, otros separado con un delito de desobediencia o de falsedad documental.
Ante el embarrancamiento de la causa del juzgado de instrucción 13, se prevé que la fiscalía presente antes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el escrito de acusación contra los excargos de Economía y Hacienda y actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó para organizar el 1-O. Si no hay sorpresas, se puede hacer público a finales de año. La expectativa es que se pueda retirar del escrito de acusación delitos importantes como el de malversación de fondos públicos, que implican elevadas penas de prisión, y que de rebote también tendría que beneficiar a los del juzgado de instrucción 13. Un argumento puede ser que sus superiores, los líderes políticos, ya fueron condenados por la malversación y que ellos seguían órdenes, y que el Tribunal de Cuentas tiene pendiente de juzgarlos para recuperar el dinero, ahora rebajados a unos 3 millones de euros. Jové y Salvadó fueron procesados por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos y revelación de secretos. Su causa se ha retrasado porque se ha añadido la consellera de Cultura Natàlia Garriga, que inicialmente fue procesada por malversación y ahora sólo será juzgada por desobediencia.
Pendientes del nuevo juicio contra los Síndics Electorals del 1-O
Una nueva herida abierta este verano es que la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona ha resuelto que se ha de repetir el juicio contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, que fueron absueltos por una magistrada de un juzgado de lo penal Barcelona pero que la fiscalía indicó que no había analizado bien algunas pruebas y que había que repetir la vista. La fiscal les pedía dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas, mientras la magistrada, en la sentencia, sostenía que "no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC)". Ahora, la defensa de los síndics ha representado un recurso y pide la nulidad de la resolución de la Audiencia de Barcelona.
Los síndics de l'1-O son: el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y actual consellera, Tània Verge; el profesor de Derecho Administrativo a la UB Marc Marsal; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès, actual diputado en el Congreso por Junts, y la abogada Marta Alsina. Los nuevos cargos de Verge y Pagès complican la competencia de quien tiene que asumir el juicio: Verge es aforada en el TSJC y Pagès en el Supremo, y se tendrá que decidir si el alto tribunal español lo arrastra todo o la causa se divide. Es una complejidad jurídica que ya se analiza desde la fiscalía.
Los alcaldes pendientes de juicio para el 1-O
En el ámbito penal, una decena de alcaldes y alcaldesas de Junts, ERC y la CUP son todavía investigados por la fiscalía o están pendientes de juicio por haber permitido la votación del 1-O en su municipio. Ahora, incluso, hay quien tiene causas reabiertas por los recursos presentados por la fiscalía al haber sido absueltos en primera instancia. Actualmente, la mayoría ya no son los alcaldes de sus ciudades, menos los de ERC. Hasta ahora, todos son acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), que ordenó no realizar ninguna iniciativa de impulso del procés soberanista catalán. El delito implica inhabilitación a cargo público.
Con respecto a nuevos juicios, el próximo 28 de octubre, el exalcalde de Argentona, Eudald Calvo (Unidad-Argentona por la República/ CUP), será juzgado en el juzgado de lo Penal 1 de Mataró. La Fiscalía le pide 18 meses inhabilitación a cargo público y una multa de 15.000 euros. Además, ya hay juicios señalados para el 2023. Es el caso de la exalcaldesa de Figueres, Marta Felipe (Junts), con juicio señalado en febrero de 2023 en el juzgado de lo penal 2 de Figueres. También el exalcalde Maties Serracant (Entendida por Sabadell) será juzgado en abril del año que viene en el juzgado de lo penal 1 de Sabadell. La fiscalía le pide dos años de inhabilitación a cargo público y una multa de 15.000 euros. El alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC), también será juzgado en el penal 2 de Tortosa, aunque todavía no hay una fecha de juicio, según el TSJC. La fiscalía le pide 1 año y 4 meses de inhabilitación a cargo público. En la Ràpita se vivieron situaciones de mucha angustia ante la actuación de la Guardia Civil en un polideportivo.
Además, la fiscalía de Barcelona informa de que también continúan vivas las causas contra el exalcalde de Molins de Rei, Joan Ramón Casals (JuntsxCat) y el alcalde de Collbató, Miquel Solà (ERC). Y la fiscalía de Girona detalla que la causa contra el alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC), está en trámite en el juzgado de instrucción 6 de Figueres.
Hay otros procedimientos enquistados, como el caso de Dosrius. El exalcalde de Dosrius y actual concejal de ERC Marc Bosch, es investigado por desobediencia al TC y al mismo tiempo es denunciante de las violentas cargas que provocar a la Guardia Civil en dos puntos, al municipio y al núcleo de Canyamars. Bosch ratificó la "brutalidad" de la acción policial, donde se han denunciado 30 agentes del cuerpo armado, en octubre de 2021 en el juzgado de instrucción 4 de Mataró, y un año después no tiene ninguna novedad de este proceso judicial.
Aparte de los cargos públicos, hay incontables causas contra ciudadanos anónimos acusados por haberse manifestado a favor de los presos políticos, contra la sentencia del Tribunal Supremo, y en los distintos aniversarios del 1-O. Òmnium Cultural ha elevado la cifra de represaliados hasta los 4.200 personas en el Estado español por su defensa de la independencia de Catalunya. Eso significa que habrà investigaciones judiciales y juicios, al menos dos años más.
Ningún agente juzgado por las cargas a los votantes
En el quinto aniversario del 1-O también se constata que ningún agente de la policía española ni de la Guardia Civil han sido juzgados por las brutales cargas a los votantes que estaban en los centros y hacían resistencia pasiva, en puntos de todo el país. La causa más voluminosa y avanzada es la de Barcelona, que estaba a punto de cerrarse en verano, però las entidades ANC, Òmnium e Irídia, que ejercen la acusación popular, pidieron más imputaciones. El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona aceptó una parte. Hay unos 40 agentes investigados por lesiones leves y acciones humillantes a los votantes. Y se juzgará a parte el caso de Roger Español, que perdió el ojo derecho por un impacto de bala de goma de la policía española, donde son acusados el escopetero y su superior, pero también el activista de Barcelona por atentado a la autoridad.
También irán a juicio 27 agentes de la policía española que reprimieron votantes en centros de votación de Girona. Y un agente de la Guardia Civil será juzgado para usar un aerosol contra votantes en Aiguaviva. El resto de casos denunciados por ciudadanos, como en Lleida, se han ido archivando reiteradamente, todo y la insistencia de los abogados voluntarios
Asfixiados económicamente
En el ámbito económico, el Tribunal de Cuentas ha convocado una audiencia previa el próximo 16 de diciembre para que las defensas de los demandantes y las acusaciones presenten las pruebas que piden para el juicio sobre el gasto independentista. En abril pasado, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas rebajó a más de la mitad la reclamación que exige a los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont por haber organizado el referéndum del 1-O y la promoción de la independencia de Catalunya en el exterior. En concreto, inicialmente pedía 9 millones por las dos causas que se juzgarán de forma conjunta, y ahora 3,4 millones de euros. La Fiscalía General del Estado detalló, en un comunicado, de este cambio y aseguró que ha revisado de forma más esmerada las partidas. No obstante, mantiene los 35 excargos del Govern, a quien investigó inicialmente, como responsables de más de 29 conceptos contables. Esta rebaja, sin embargo, podría ayudar a algunos acusados del 1-O en la causa penal del juzgado de instrucción 13, como la interventora de la Generalitat ya que la fiscalía sostiene que se aprobaron gastos fuera de los canales oficiales. Otra afirmación importante es que el gasto de más de 1 millón de euros para Unipost, en el encargo de las cartas censales, no se pagó. No obstante, el delito de malversación castiga que se aprueben o consignen partidas irregulares, y no hace falta que se lleguen a abonar, como en este caso.
Los Mossos todavía vigilan dos edificios judiciales
Finalmente, de la excepcionalidad del 1-O, hay un reducto de la llamada Operación Toga, que consistía en la vigilancia estática de los Mossos d'Esquadra en ciertos juzgados catalanes. El presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, pidió al cuerpo de los Mossos d'Esquadra en enero de 2019 una vigilancia en los edificios judiciales porque se tiraba literalmente mierda delante de los edificios para protestar por la persecución a independentistas. La policía catalana informa de que esta operación acabó el 5 de marzo de 2020, y que mantiene la vigilancia en dos espacios: el Palacio de Justicia en Barcelona y la Ciutat de la Justícia en Barcelona. En este tiempo, no se ha producido ningún incidente contra jueces ni trabajadores, mientras un coche policial con dos agentes (como mínimo), se mantienen cada día hipotecados en estos dos espacios. Es una decisión de la dirección de la policía catalana, no judicial. Cuando hay juicios especiales, con bastantes detenidos o que se prevén protestas en la calle, la vigilancia en los edificios judiciales ya se refuerza con unidades antidisturbios.
