Han pasado tres años desde el 1-O y las ramificaciones judiciales abiertas a raíz del referéndum están todavía sin cerrar y con decenas de personas pendientes de los juzgados.
Las investigaciones para encontrar quién organizó el referéndum continúan en el juzgado de instrucción 13, que justo ahora ha cerrado el sumario. En paralelo, hay un proceso abierto contra los agentes de la policía española por las cargas en varios colegios electorales de Catalunya. La más densa es la del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que es donde están identificados los mandos de las unidades que golpearon a los votantes. El juez todavía tiene que concretar el total de procesados antes de cerrar la instrucción.
La Covid-19 ha parado los trámites judiciales de los casos del procés, que ahora se reanudan poco a poco.
Los altos cargos en puertas del juicio
En el juzgado de instrucción 13 el caso se da por cerrado. La jueza Alejandra Gil desestimó el 10 de septiembre la petición de la Fiscalía de seguir con la investigación y envió el sumario a la Audiencia de Barcelona, que es donde se hará el juicio. Entre los acusados no figuran los principales investigados, Josep M. Jové y Lluís Salvadó. Son diputados, aforados y, por lo tanto, su caso está en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donde se juzgará.
La jueza de instrucción 13 envió ya el sumario del caso a la Audiencia de Barcelona para que haga el reparto a la sala que seguirá el proceso y que tiene que fijar la fecha del juicio.
El 20 de septiembre del 2017 la Guardia Civil ordenó los registros en diferentes departamentos de la Generalitat, entre los cuales había la Conselleria d'Economia. Fue el día que se hicieron las detenciones de los altos cargos y el de la concentración que originó la denuncia por sedición de la Fiscalía que llevó al juicio del Tribunal Supremo a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Por los hechos de aquel día y de la actuación de los Mossos d'Esquadra también se ha procesado al major Josep Lluís Trapero.
Las investigaciones del 13, que empezó el polémico juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, buscaban a los organizadores del 1-O. A partir de las desafortunadas declaraciones del exmagistrado Santiago Vidal sobre la futura Hacienda catalana y una supuesta Constitución, el juez abrió una causa general contra el independentismo que se acabará juzgando en diferentes tribunales, según la condición de aforo y cargo de los acusados. De aquí sale la investigación por sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que se juzgó en el Tribunal Supremo cuando unieron su causa con la que investigaba la Audiencia Nacional contra el Govern.
El caso llevará a una treintena de altos cargos de la Generalitat al banquillo de los acusados. Entre ellos, Antoni Molons, entonces secretario de Difusió i Atenció Ciutadana; Joaquim Nin, ex secretario general de Presidència; Josep Ginesta, secretario general de Treball, Afers Socials i Família; Aleix Villatoro, ex secretario general del Departament d'Exteriors; Amadeu Altafaj, exdirector de la representación de la Generalitat ante la UE, o Albert Royo, ex secretario general del Diplocat. Justamente, la Fiscalía había pedido alargar un año más la investigación.
Según la magistrada, en este sumario se han practicado las diligencias de investigación "que se han considerado útiles y necesarias", motivo por el cual cierra el sumario y lo remite a la Audiencia. Los procesados están investigados por los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La jueza descartó los delitos de rebelión y sedición.
La brutalidad policial del 1-O no queda impune, de momento
En el juzgado de instrucción 7 de Barcelona es donde se investigan las cargas de la policía española el 1-O. Es donde está gran parte de la investigación, aunque en otros juzgados de Catalunya tienen curso las denuncias que se presentaron a raíz de la brutalidad policial para parar el referéndum. Hay 8 mandos imputados y unos 40 agentes investigados.
El caso está ahora pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva varios recursos antes de cerrar el sumario. Òmnium Cultural ejercerá de acusación popular si el juez admite su petición presentada justo ayer. La entidad considera que España incumple sus compromisos internacionales, ya que la Fiscalía entorpece las indagaciones y se ha premiado a muchos agentes que agredieron a votantes.
En Barcelona se ha identificado a los mandos, la acusación contra ellos es clara y se sentarán en el banquillo de los acusados. Es la primera vez que se imputa a todos los jefes policiales del operativo en Barcelona, a quien se les atribuye la responsabilidad de las cargas. El juez, sin embargo, todavía tiene que decidir a cuántos de los 40 investigados envía a juicio.
En junio de este año la Fiscalía pidió archivar el caso defendiendo la "legitimidad de la actuación policial". Pero el juez denegó el archivo porque la actuación policial "no se ajustó de ningún modo a lo que prevé la legislación vigente ni a los protocolos existentes ni a los estándares internacionales". El juez, además, describe la brutalidad policial y cómo se trató a los votantes y quita razón a la policía española: "Fueron arrastrados por el suelo de cualquier manera, el pelo o desde la mandíbula, lanzados escaleras abajo, pisados por agentes, ignorados una vez presentan heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido".
Roger Español ya sabe quién le disparó
En el sumario constan 300 informes médicos de lesiones. Entre ellos está el de Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma de un agente del CNP. Justo antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, los Mossos d'Esquadra identificaron al policía que disparó.
Según el informe policial, la intención del escopetero era hacer diana. Dispara dos veces antes de un tercer disparo, que es el que hiere a Español.
El caso de Español está también en manos del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, junto con la denuncia de un agente que relata que Roger Español lo intentó agredir previamente.
Un payaso y una activista social en el banquillo de los acusados
Los días previos al 1-O la justicia ha sentado en el banquillo de los acusados a dos activistas: Jordi Pesarrodona y Tamara Carrasco. Los dos están esperando la sentencia.
Al exconcejal de Sant Joan de Vilatorrada y payaso, Jordi Pesarrodona, ya lo han condenado a 14 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por haber organizado el referéndum en la escuela Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Pesarrodona tendrá que pagar, además, una multa de 2.100 euros y las costas procesales.
Tamara Carrasco está acusada de incitación a desórdenes públicos después de estar encerrada durante 14 meses por las acusaciones de terrorismo de la Guardia Civil. La policía encontró un mapa en su casa y un mensaje de voz de Whatsapp donde explicaba las directrices para los CDR que venían de una asamblea en la que había participado. La detención, que la policía española quiso que fuera ejemplar, se hizo por terrorismo.
Adrià Carrasco, el otro acusado en el mismo caso, se exilió en Bruselas y sigue esperando poder volver sin cargos.
Juicio a la vista
El primer juicio que hay a la vista es el de la sindicatura del 1-O. Será el 4 y 5 de noviembre. Es el primer juicio del procés a profesionales a quienes se encargó un trabajo de asesoramiento. Esta misma semana se ha presentado el grupo de apoyo que ha convocado una concentración a las puertas de la Ciutat de la Justícia el primer día de juicio.
Sindicatura electoral del 1-O con Quim Torra / ACN
El año 2017 el Parlament de Catalunya encargó a cinco expertos la tarea de supervisar la votación del 1-O: la abogada de Girona Marta Alsina; Marc Marsal, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona; Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; Tània Verge, profesora de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra, y Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, como presidente de la Sindicatura.
La presión del TC y la amenaza de sanciones económicas hicieron que renunciaran al cargo y ahora se enfrentan a un juicio penal. A pesar de la renuncia al cargo, fueron procesados y se enfrentan a dos años y nueve meses de prisión, que suman un total de mil días de prisión. Se les acusa de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones. El grupo ha convocado para el primer día del juicio, 4 de noviembre, una concentración en la Ciutat de la Justícia para dar apoyo a las personas encausadas.