Frente común de los 11 investigados por la causa de Tsunami Democràtic. Josep Lluís Alay, Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Marta Molina, Carles Puigdemont, Jesús Rodríguez, Marta Rovira, Oleguer Serra, Oriol Soler, Xavier Vendrell y Ruben Wagensberg han emitido un comunicado conjunto, también firmado por Òmnium Cultural, Junts, ERC y la CUP, en el cual denuncian el uso fraudulento del delito de terrorismo para esquivar la ley de amnistía. “Se trata de una causa política por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales”, aseguran los investigados. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional los investiga por un delito de terrorismo por las manifestaciones que se llevaron a cabo para protestar contra la sentencia del Procés en octubre del 2019.
Acusan al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional de alinearse con la extrema derecha
Los investigados cargan contra el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y es que consideran que se alinean con la extrema derecha para “deslegitimar una ley que cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la Comisión de Venecia.” “Por eso, se usa la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida,” dicen que los firmantes del manifiesto, que sitúan el contexto actual en el avance en la resolución del conflicto político.
Los 11 investigados consideran que la movilización vinculada a Tsunami Democràtic fue “la respuesta” de miles de ciudadanos de Catalunya que el otoño del 2019 ejercieron “derechos fundamentales” para protestar, en el marco de “la acción no violenta”, contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición 9 líderes sociales y políticos además de 100 años de prisión. De hecho, recuerdan que el encarcelamiento de los líderes políticos independentistas fue denunciado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. Además de recordar que el Gobierno tuvo que indultarlos; las cortes españolas reformaron el Código Penal eliminando el delito de sedición.
Al mismo tiempo, recuerdan los años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales o el espionaje ilegal con el software Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados. “Ante esta situación y la indefensión jurídica que provoca, queremos hacer valer las garantías de nuestros derechos, actualmente amenazados, que cualquier Estado de derecho tendría que asegurar en un sistema democrático”, aseguran.
Nuevo movimiento en la causa
El comunicado llega después de que este lunes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya citado a declarar los investigados por terrorismo en el caso de Tsunami el próximo 22 de mayo. Les permite declarar por videoconferencia desde un juzgado de Barcelona al juzgado central de instrucción de Madrid, según un auto comunicado este lunes. Aun así, según ha confirmado su abogada a El Nacional.cat, Marta Molina, de Esquerra Republicana, irá a declarar presencialmente a un juzgado de Barcelona. La mitad de los encausados, sin embargo, se exiliaron en Suiza al ser imputados por Tsunami. Precisamente, los dos agentes de la policía española que resultaron heridos en los disturbios de la plaza Urquinaona el 18 de octubre de 2019, después de las protestas por la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, tienen que ir este martes en la Audiencia Nacional a declarar como testimonios. Los dos policías son acusación particular en la causa.