La negociación para integrar a la Guardia Civil y la policía española en el sistema del 112 catalán, el teléfono que gestiona las emergencias y que, desde el edificio de Reus o desde la Zona Franca, en Barcelona, deriva las llamadas a los diferentes cuerpos operativos, no es reciente. Aunque el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, lo haya presentado como una gran conquista y "normalización constitucional", también formaba parte del paquete de acuerdos que anteriores gobiernos habían pactado con el ministerio para llevar a la Junta de Seguridad de Catalunya, que se ha ido aplazando y que finalmente se acabó celebrando la semana pasada. En esta reunión se incluyó este acuerdo y el inicio de las negociaciones para elevar el techo de plantilla de los Mossos a 25.000 agentes como cortina de humo para enmascarar el retroceso en las competencias que el Departamento de Interior ha hecho al no aceptar las competencias en puertos y aeropuertos.
La integración de la policía española y la Guardia Civil en el 112, sin embargo, ha generado una tormenta política, y los grupos independentistas en el Parlament han puesto como moneda de cambio para empezar a hablar de los presupuestos revocar esta integración, que han calificado de "españolización" del 112. El acuerdo se habría firmado igual con un gobierno de Esquerra, tal como ha podido saber ElNacional.cat, e incluso, antes de 2017, las conversaciones con el ministro José Ignacio Zoido, del PP, con el Departamento de Interior, entonces controlado por Junts, también contemplaban hablar de esta integración.
Sea como sea, lo que debería pasar como un acuerdo operativo sin más, detallado en una línea al final del comunicado oficial enviado a la prensa de la reunión, la necesidad que tenía el ministro español de sacar pecho ante los jefes y sindicatos de la policía española y la Guardia Civil le hizo pisar la cáscara de plátano y jugar una mala pasada al presidente Salvador Illa, que transita, en el Parlament, caminando sobre una cuerda demasiado fina. Ayer, con Vox y el PP, con este tema, salió adelante, pero el revuelo ya lo tiene en casa y con la necesidad de empezar a hablar de los presupuestos cuanto antes.
Las policías locales no están integradas en el 112
El acuerdo para integrar la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 112, a efectos prácticos, tiene poco recorrido, aseguran los mismos trabajadores del 112. Defienden, como aseguró la consejera Núria Parlon, que favorecerá una respuesta más rápida en el ámbito en que estos cuerpos tienen competencias. Los Mossos no perderán ninguna competencia y, cuando haya un servicio donde los dos cuerpos operativos españoles tengan competencias —la vigilancia fiscal de las fronteras, la Guardia Civil, o la inmigración ilegal, por ejemplo, la policía española—, desde el 112 se alertará directamente a los organismos de coordinación de estos dos cuerpos y no será necesario que los Mossos hagan de puente, como hasta ahora. La integración está en fase de pruebas, y habrá que adaptar los protocolos y también los canales de comunicación con los dos cuerpos españoles.
Los mismos trabajadores del 112, al mismo tiempo, avisan de un hecho que ha pasado desapercibido durante esta escalada de tensión: las policías locales de Catalunya no están integradas en el CAT112 y los operadores de la sala tienen que llamarlas de manera directa cuando es necesario. Defienden que esto sí que tendría un efecto práctico para los operadores y para la ciudadanía, y adelantan, también, que la dirección del 112, con Irene Fornós al frente, un alto cargo nombrado por Esquerra, que el PSC no ha sustituido, está trabajando para integrarlas. También han avisado que, tal como marca el protocolo, las llamadas al 112 se atienden en catalán, castellano, inglés, francés o alemán, según el idioma con el que el solicitante se dirija a ellos, y que los operadores trasladan los avisos a los cuerpos operativos en catalán, aunque algunas veces reciban respuestas en castellano.
En huelga reclamando la internalización
Aprovechando que los últimos meses, el Comité de Empresa del CAT112, controlado por la CGT, también ha aprovechado para recordar que los trabajadores de la empresa privada que ofrece el servicio de operadores en las llamadas de emergencia —quien primero atiende al ciudadano y después deriva la alerta a los cuerpos operativos— mantienen un pulso con la empresa y llevan meses en huelga. Según denuncian, sufren condiciones precarias y están integrados en un convenio de telemárqueting, un hecho que, aseguran, afecta la calidad del servicio y a la ciudadanía: más tiempo de espera, llamadas perdidas y la atención de unos trabajadores agotados. El PSC, el partido que actualmente gobierna la Generalitat de Catalunya, llevaba en su programa electoral la internalización del servicio 112, y los trabajadores reclaman que ahora cumpla la promesa.